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Los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira fundamentaron ayer ante la Cámara Federal de Tucumán el pedido de extradición e indagatoria de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, radicada en España, por delitos de lesa humanidad contra 270 víctimas del Operativo Independencia en 1975. Para los representantes del Ministerio Público, Isabelita debe rendir cuentas por “la falta de control de las operaciones militares” que derivaron en centenares de secuestros, torturas y asesinatos mientras ostentaba el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Los fiscales pidieron la detención de la viuda de Perón el 20 de diciembre de 2011, en una imputación que abarcó a 130 represores. El juez Daniel Bejas se tomó un año para responder y el 27 de diciembre negó el pedido de indagatoria de la ex presidenta. El argumento fue que el Operativo Independencia fue una fase del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar al gobierno constitucional, que actuaron de manera autónoma y por ende “no habrían contado con la aquiescencia” del gobierno civil.
Camuña y Rovira, que apelaron en febrero, explicaron ayer oralmente ante la Cámara que la decisión de Bejas es “arbitraria” y constituye un “sobreseimiento ficto” –es decir de hecho– al no permitir la indagatoria y la posibilidad de defensa de la imputada, el mismo criterio aplicado por el juez ad hoc Santiago Martínez en Bahía Blanca por el que permanecen impunes el cura Aldo Vara, el director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y su ex jefe de redacción, Mario Gabrielli.
Los fiscales reiteraron que, como jefa de las Fuerzas Armadas, la ex presidenta “tenía como atribución disponer de las fuerzas militares, su organización y distribución según las necesidades de la Nación”. Recordaron que firmó en febrero de 1975 el decreto 261 “que dio el marco de aparente legalidad que necesitaban las Fuerzas Armadas para iniciar el plan criminal ya trazado en la Directiva 333 de enero de 1975”. El decreto, precisaron, “ordenaba ‘neutralizar y/o aniquilar’ los elementos subversivos en la provincia de Tucumán, empleando a las fuerzas armadas en la represión interna”. Para los fiscales, Martínez tenía “conocimiento del verdadero curso de las acciones represivas de las Fuerzas Armadas en la ejecución de dicho plan”, conocía “la innumerable cantidad de denuncias por hechos ilícitos”, realizó “reiteradas visitas a la llamada ‘Zona de Operaciones’ de Tucumán”, todo lo cual se suma a “los informes y consultas que realizó o debió haber realizado en vistas de su cargo y función”.
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