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Ayer vencía el plazo fijado para inscribir las alianzas que aspiran a participar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Las tratativas, las roscas, los simulacros mediáticos, los amagues forman parte de la liturgia, que no ha terminado. Todavía se pueden tejer acuerdos, aunque sólo con la boleta de un partido o de las confederaciones ya inscriptas. O sea colar alguien de otra fuerza en una boleta partidaria, con la sola condición de cambiar la camiseta por un rato. Esa segunda oportunidad privaría de ciertos derechos a los partidos que no se hubieran anotado (plata, personerías eventualmente), pero todavía es factible echar mano a ella. Recién el 22 de este mes se conocerán las listas, las alquimias, los acuerdos entre fuerzas afines o entre el agua y el aceite.
El juego es difícil de sistematizar porque se disputa en 24 distritos, de tradiciones y sistemas de partidos variados. Una primera mirada generalista podría diferenciar lo que son partidos medianamente establecidos con las fuerzas que son la carrocería de un candidato-estrella o un puñado de ellos.
El Frente para la Victoria (FpV) y la Unión Cívica Radical (UCR) son los dos únicos competidores instalados en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma. Distinto es su porte, asimétricas sus ambiciones actuales, pero algo los asemeja: la necesidad de sostenerse, de mantener un caudal propio, diseminado en toda la geografía nacional.
El FpV cuenta con un liderazgo indisputado, que es su eje vertebrador. Su estratega es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En solo diez días se corroborará cuánto atendió-concedió a los jefes del “territorio” (intendentes y gobernadores) que tienen un peso relativo, que fue bajo en 2011 y que, ahora, acaso, engrose algo el kilaje.
La UCR, huérfana de liderazgo nacional, tiene algo de entente de partidos provinciales, unidos por la historia común y el imperativo de no seguir perdiendo terreno. Con lógica de subsistencia, sus tácticas han sido varias. Irá sola, acaso con su tradicional Lista 3, en dos provincias en las que aspira a primar: Córdoba y Mendoza. Vaya a saberse si lo logra o no, pero es claro que son los distritos en los que, a priori, talla más alto.
En otros dos que congregan muchos votos y bancas, Buenos Aires y la Capital, los boinas blancas se avinieron a hacer coaliciones. Su posición previa era la de tercero, con suerte. En la Capital formó la flamante Unen, que irá a divertidas internas abiertas. Para la dirigencia radical sería un trago amargo perder a manos de la extraña pareja conformada por los diputados Elisa Carrió y Fernando Solanas. Pero consideraron más adecuado someterse a esa ordalía que encaminarse solitos y resignados hacia la derrota.
Colocarse detrás de la diputada Margarita Stolbizer en Buenos Aires ha de ser ingrato para el fuero íntimo de Ricardo Alfonsín, que fue por la presidencia hace dos años. Pero el ranking manda y es mejor embarcarse en un bote salvavidas que ahogarse sin remedio. Máxime en una provincia en la que el pan peronismo (FpV, PJ federal, el partido de Francisco de Narváez) suele alzarse con el 60 por ciento del padrón, cuanto menos.
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Al cierre de esta edición, continuaban los toma y daca entre el PRO, el partido (del) Colorado, el delasotismo y otras variantes justicialistas. De nuevo, son tribus de porte distinto. De la Sota es figura dominante en Córdoba, el jefe de Gobierno Macri es hegemónico en Capital, De Narváez mide bien en “la provincia”. El ex ministro Roberto Lavagna es un candidato con virtualidad en Capital, pero no tiene estructura, puede cabildear y hasta retraerse esta vez: su capital político es él mismo. Otros dirigentes transitan en busca de un lugarcito.
Si el intendente Sergio Massa fuera una mujer no faltaría un machista que lo acusara de estar histeriqueando. Sería injusto, maneja sus tiempos mientras pispea lo que hacen los demás. Como es él y sólo él quien “arma” y quien decide si saldrá a la cancha (o a qué cancha, la nacional o solo la provincial) puede dilatar decisiones. En eso anda, hasta ahora.
Esta reseña incompleta debe agregar un dato central: el FpV anotó una lista para competir en la elección popular de integrantes del Consejo de la Magistratura. La oposición no llegó a concretar una lista única, pero sí conformar una alianza especial ad hoc bastante amplia, compuesta entre otros por el Partido Socialista, el PRO, la UCR, Libres del Sur, el GEN y Unión por Todos. Por las dudas, se anotaron mientras crece el pressing sobre la Corte.
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Dejamos de lado, en esta columna, el debate exhaustivo sobre las sentencias de Servini de Cubría. Hablaremos, más bien de su redacción, sus prejuicios, la gigantesca soberbia que transmiten los abundantes y farragosos propios describiendo al Poder Judicial real y existente. La magistrada describe un paraíso de próceres republican@s que nada tiene que ver con la realidad de Tribunales. El autoelogio, la falta total de introspección, mirados en panorámica, corroboran la necesidad de democratizar al Poder Judicial. Política por donde se las mire, la resolución demoniza a los partidos, a la forma en que conforman sus listas, al hecho de tener una pertenencia. Los jueces, en cambio, se describen como lirios del campo. El equilibrio de poderes se declama, pero se va al tacho a la hora de las comparaciones.
Un abogado-maestro descalzo que enseñó derecho procesal al cronista décadas atrás le inculcó que, cuando uno tiene un gran caso para defender, debe concentrarse en sus buenas razones y no perderse en circunloquios, derivaciones forzadas o versos de todo porte. Lo que sí es más aconsejable cuando la fuerza de la posición es menos sólida. Las decisiones de Servini corroboran el aserto de ese profe. Su real fundamentación se resume en pocas y mal redactadas líneas, que contienen una pésima homologación entre la representación en derecho privado y la política y un copy-paste de los escritos de los abogados de la Asociación de Magistrados.
Las digresiones abundan. La sentencia, por caso, examina cómo se eligen los jueces en otros países. No es el tópico que se controvierte, ella misma lo reconoce, pero consagra unas buenas líneas a irse por las nubes de Ubeda. Con poco más de tino, recorre el derecho comparado en materia de elecciones de miembros del Consejo de la Magistratura. Pero, como ella misma confiesa, la escasa experiencia en otras comarcas no es prueba de inconstitucionalidad doméstica. Una norma atípica puede ser discutible, hasta puede ser mala... ser inconstitucional es algo cualitativamente diferente, aunque la moda local las homologue.
Alargando un cachito el divague, cabría considerar repugnante a la Constitución a toda legislación pionera o novedosa. El voto femenino en la primera mitad del siglo pasado o el matrimonio igualitario ahora, sin forzar mucho la mano.
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Las sentencias comprueban la soberbia del Poder Judicial y un afán intervencionista que cercena la esfera de la política. La judicialización al mango es una mala costumbre de la etapa, para nada exclusiva de nuestro país. Pero la cultura facciosa del sistema político, combinada con la impotencia de la oposición y de buena parte de los poderes fácticos en las urnas la incentivan, para peor.
El cuadro general de las demandas diseminadas por todo el país comprueba que el sistema jurídico está en crisis o algo peor. Sentencias de igual rango que se contradicen generan una perspectiva entre probable e inexorable de “escándalo jurídico”: fallos sobre una misma materia que se contradigan sin prodigar una solución definitiva al conflicto. La alquimia de un sistema que es un gruyere con operadores judiciales chicaneros o taimados produce un enchastro.
Ni siquiera es cabal que una sentencia definitiva de la Corte desanude todo el entuerto, ya que, en principio, concierne sólo a los expedientes que resuelve. Es una cuestión sofisticada de derecho, cuyo detalle se ahorra a los lectores. Pero lo cierto es que, tal como se avizora el horizonte, no sólo queda escaso tiempo para dar una solución judicial convincente y tempestiva: frisa con lo imposible que haya una que ponga fin al container de juicios sobre el punto.
Ese fardo recarga las espaldas de la Corte, colocada entre dos fuegos. La oposición la castigaría reciamente si la defraudara, ni qué hablar de los medios dominantes y las corporaciones del ramo.
El oficialismo, a su turno, parece haber adelantado su crítica, a menudo despiadada y sin matices. Las tácticas del Gobierno han acicateado la furia de la mayoría de los magistrados, el kirchnerismo no siempre analiza la posibilidad de alternar palos y zanahorias. A la hora de la corrida, funciona casi siempre como un toro mientras subestima las artes y los recursos del torero.
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El Estado recurrirá a la Corte por vía del per saltum. El Tribunal puede rechazar el planteo, pero tirios y troyanos descuentan que lo admitirá. Sería una barbaridad hacer lo contrario, dejando firme el pésimo fallo de Servini. La apertura del recurso suspende los efectos de la sentencia de primera instancia o sea reanuda los plazos de las PASO. El trámite, pues, seguirá adelante hasta que la Corte emita sentencia definitiva. Prometió hacerlo rápido, en castellano debería ser un buen rato antes del 11 de agosto, fecha de las elecciones Primarias.
Las apuestas están abiertas, las corporaciones de magistrados y abogados le marcaron la cancha al Supremo Tribunal, que es la cabeza del Poder Judicial. Habrá que ver cómo combinan los cortesanos el apego al derecho y el respeto a la forma representativa y republicana del gobierno con la presión de “las bases”. Que no son todo el Poder Judicial, francamente dividido en buena hora, pero sí su fracción más poderosa y estridente.
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