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Los jueces buscan “evitar situaciones frustratorias de los diversos derechos puestos en juego”. Apenas horas después de que el Estado nacional presentara el per saltum contra los fallos de la jueza María Servini de Cubría que invalidaron la reforma del Consejo de la Magistratura y la convocatoria a una elección popular de sus miembros, la Corte Suprema decidió admitir el planteo ante la “gravedad institucional” y la urgencia del caso, y se pronunciará en los próximos días sobre la constitucionalidad de la norma. Para resolver con rapidez, el tribunal decidió habilitar horas y días no laborables. La resolución explica que, como el cronograma electoral ya está en marcha, y de hecho el 22 de este mes es la fecha tope para la presentación de candidaturas para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), “sólo la decisión final por parte de esta Corte de las cuestiones constitucionales planteadas permitirá evitar situaciones frustratorias de los diversos derechos puestos en juego en estas actuaciones”.
El pedido para que la Corte se pronuncie salteando la segunda instancia de apelación fue presentado en las primeras horas de ayer por la Procuración General del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado, con argumentos en defensa de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura. La norma elevó el número de consejeros de 13 a 19, ampliando la representación de científicos y académicos, además de agregar un abogado; también sustituyó la mayoría de dos tercios para elegir y sancionar jueces por una mayoría simple –mitad más uno del total de miembros–; y estableció que los consejeros jueces, académicos/científicos y abogados serán elegidos por voto popular. Hasta ahora los elegían las propias corporaciones a través de sus organizaciones.
La jueza Servini de Cubría declaró la inconstitucionalidad de la nueva composición del Consejo, que consideró desequilibrada, así como el llamado a elección popular de 12 consejeros, que frenó en su fallo. Ahora, el sólo hecho de que la Corte haya admitido el recurso de salto de instancia tiene un “efecto suspensivo” sobre la decisión de Servini, o sea “únicamente” en relación con las sentencias cuestionadas, que son las dos que les dieron la razón al titular del Colegio de Abogados de Capital Federal, Jorge Rizzo, y a Carlos Traboulsi, el apoderado del Partido Demócrata Cristiano. De todos modos, en primera instancia varios jueces de distintos puntos del país han hecho lugar a medidas cautelares que suspenden la elección de consejeros.
La Corte, con los votos de todos sus integrantes, excepto Raúl Zaffaroni, que está de viaje, se basó en dos cuestiones para admitir la presentación del Ejecutivo: “El planteo constitucional ventilado” en este caso “concierne de modo directo e inmediato a la composición de una de las autoridades de la Nación creada por la Constitución Nacional, que cuenta con atribuciones de alta significación en el estado constitucional”, a lo que se suma que “la sentencia recurrida trae como efecto la cancelación de un procedimiento electoral mediante el sufragio universal destinado a cubrir cargos públicos electivos, circunstancia de gravedad institucional”. Además, señala la resolución, hay un cronograma electoral “con plazos breves y perentorios”. La conclusión es que hace falta un pronunciamiento supremo para que nadie se vea privado de sus derechos.
Como el alto tribunal habilitó “días y horas” para resolver la validez constitucional de la ley, el plazo de 48 horas que les dio a los demandantes para presentar sus argumentos se vence el sábado. A partir de ese momento, le notificará el mismo término para emitir su opinión a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Mientras tanto, los supremos ya deliberan informalmente y todo parece indicar que antes del 22 podrían tener una determinación tomada.
La Corte podría confirmar la resolución de Servini tal como fue adoptada o revocarla y confirmar la constitucionalidad de la ley. Pero nadie descarta que tome una decisión salomónica, que deje en pie –especulan en tribunales– la elección popular de académicos, pero no la de abogados y jueces. Por si el máximo tribunal avala la ley y sus consecuencias sólo en ciertos aspectos, el Gobierno posiblemente presente hoy una apelación por los carriles habituales, para que también se pronuncie la Cámara Electoral.
Las PASO para elegir candidatos a legisladores y consejeros están programadas para el 11 de agosto; las elecciones legislativas, para el 27 de octubre. Uno de los argumentos más insistentes en la resolución de Servini cuestiona que los ciudadanos comunes voten a jueces y abogados, que además tendrán que postularse por partidos políticos. Ese sistema, según la jueza, “desnaturaliza” la elección. El Gobierno sostiene que es una ampliación de derechos que la Constitución en ningún tramo prohíbe.
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