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La jueza María Servini de Cubría resolvió “suspender el trámite de reconocimiento” de las alianzas electorales que se presentaron para participar en la elección popular de candidatos (jueces, abogados y académicos) para integrar el Consejo de la Magistratura. El argumento al que recurrió es que hay medidas cautelares vigentes en diversos juzgados de todo el país que dispusieron frenar la votación. La discusión, de todos modos, posiblemente quede zanjada en los próximos días cuando se expida la Corte Suprema sobre la validez constitucional de la reforma del Consejo y de la convocatoria a elecciones de consejeros.
El miércoles último iniciaron el trámite de inscripción las distintas agrupaciones que aspiran a presentarse en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para disputar lugares en el Consejo de la Magistratura. Lo hicieron ante el juzgado electoral de Servini el Frente para la Victoria, el Frente por la Justicia (integrado por el Partido Socialista, el PRO, Unión Celeste y Blanco, UCR, Libres del Sur, GEN, el Partido Podes y Unión Popular de Mendoza), el Frente de Izquierda y el MST Nueva Izquierda. En base a esas presentaciones fue que la jueza firmó cuatro resoluciones en las que determina que ese trámite de inscripciones de alianzas para postular consejeros jueces, abogados y académicos está suspendido.
“No resulta posible soslayar la existencia de medidas cautelares ordenadas por magistrados de otros fueros y jurisdicciones, en las cuales se ordenó suspender” varios artículos de la ley de reforma del Consejo y el decreto que convocó a elecciones de consejeros en las PASO previstas para agosto. También señaló que las apelaciones contra esas cautelares fueron concedidas con lo que en la jerga judicial se llama “efecto devolutivo”, de manera que esas medidas –y con ella la suspensión del proceso electoral para votar consejeros– sigue en el freezer.
Servini declaró esta semana la inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo e invalidó la convocatoria a elecciones. Es decir, se pronunció directamente sobre el fondo. Por eso el Gobierno recurrió al per saltum para cuestionar el fallo, planteo que la Corte aceptó dada la “gravedad institucional” y la “urgencia” que imprime a la situación la fecha límite del 22 de junio para presentar candidatos. Esa resolución suprema explicaba que tiene un “efecto suspensivo”, es decir, que la decisión de fondo de Servini queda stand by y podría interpretarse que la elección sigue en pie, aunque especificaba que eso es así sólo para los dos casos en los que falló ella: la demanda del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la del Partido Demócrata Cristiano.
Mientras desde el Gobierno el ministro Julio Alak insistía con que el fallo de Servini no está firme, la jueza firmó las resoluciones precisando que el trámite de inscripción de alianzas para postular consejeros queda en veremos. Es decir, al día de hoy no hay ninguna alianza reconocida para esa elección, por efecto transitorio de las resoluciones que sacaron jueces sueltos en todo el país. Se supone que esta situación durará hasta que la Corte resuelva. Los abogados del Estado, de todos modos, analizan apelar la disposición de la magistrada.
El máximo tribunal le dio el más expeditivo de los trámites a la cuestión. Los demandantes ya estaban presentando su postura y para el comienzo de semana debería estar listo el dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Los rumores que provienen del entorno supremo indican que para mediados de semana podría haber una sentencia. El tribunal tiene que definir si respalda o cuestiona el fallo de Servini de Cubría.
Para la jueza, es inconstitucional el aumento del número de consejeros de 13 a 19 en la medida en que lo que principalmente se aumenta es la cantidad de académicos y científicos del cuerpo porque altera el “equilibrio” y la “proporcionalidad” entre la representación de órganos políticos, jueces y abogados. Pero además atacó que la elección de consejeros sea a través del voto popular y no de los integrantes de las propias corporaciones. Eso, dijo, “desnaturaliza” la elección y el hecho de que se tengan que postular a través de partidos políticos afecta el “principio de independencia”.
Si la Corte avala esa posición, definitivamente no habrá elección de consejeros, aunque sí de legisladores. En una entrevista radial el juez de Casación Alejandro Slokar –uno de los referentes del movimiento “Justicia legítima”– sugirió que ante una decisión adversa el Estado podría, si quiere, continuar con la batalla en el plano de los tribunales internacionales, ya que está en juego el ejercicio del derecho de votar para cualquier ciudadano. De todos modos, en ese caso, sería ya una pelea más a largo plazo.
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