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El pasado miércoles 3 de julio, el Senado de la Nación rechazó el tratamiento de una pensión a los presos políticos de la última dictadura militar aduciendo que la fecha desde la que se los consideraba tales había venido cambiada por una “avivada” de alguien en la Cámara de Diputados.
Cumplo en aclarar, aunque creo que para muchos no sería necesario, que esto nunca sucedió.
La Cámara de Diputados dio media sanción el miércoles 28 de noviembre de 2012 a una ley construida por consenso, desde un proyecto firmado por el diputado Díaz Roig, del Frente para la Victoria y otro realizado por la que suscribe, que tomaba la fecha del 6 de noviembre de 1974, en la que se decretó el Estado de sitio en nuestro país y a partir de la cual se podía detener solo a disposición del Poder Ejecutivo nacional o bajo procesamiento por la Ley 20.840, o ley antisubversiva como se la conoció en aquella época.
La fecha de inicio, para ser considerado preso político, no es menor, ya que como es de público conocimiento, a partir del 24 de marzo de 1976 el golpe militar instauró a sangre y fuego la figura del “desaparecido” en la Argentina.
Fue muy pequeña, en relación a la etapa anterior, la cantidad de detenidos legalmente que, o bien eran juzgados por tribunales militares, o puestos a disposición del PEN.
Por mi función como diputada nacional he tenido el privilegio de recorrer el país y reencontrar a muchos de estos ex presos, muy a menudo en situaciones muy duras de sobrevivencia, en edad jubilatoria en su mayoría, pero sin tener los años suficientes de aportes, no queriendo ser una carga para sus familias, pero muchas veces en estado de indefensión.
Detenidos de muy jóvenes, habiendo sufrido largos años, los de formación, encarcelados en condiciones muy duras y siendo liberados en una etapa de sus vidas en la que la reinserción laboral y, sobre todo, la imperiosa necesidad de formar familias, de recobrar en el terreno de los afectos lo negado durante esos años, impidió desarrollar oficios u profesiones que les permitieran solventarse y aportar como para gozar de una jubilación digna hoy día.
Son los mismos que han sostenido la memoria, han puesto nuevamente el cuerpo en cada uno de los juicios que se siguen llevando adelante en todo el territorio y los que han abrazado la causa de memoria, verdad y justicia con la gran mayoría de nuestros compatriotas.
Hay en el país tres provincias que ya tienen leyes de pensión para este universo de hombres y mujeres. Es absolutamente necesario terminar con esta situación discriminatoria por el lugar de residencia de cada uno y tener esta ley nacional que equipare derechos a lo largo y a lo ancho del país.
* Diputada nacional.
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