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La Corte Suprema tendrá este jueves su primera reunión plenaria pos vacaciones de invierno, pero no firmará ese día el esperado fallo sobre la validez constitucional de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino que esperará por lo menos hasta después de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), según la única información que proporcionó ayer el tribunal. Después de un período de máxima tensión con el gobierno nacional, ahora en plena campaña electoral los jueces supremos abren un paréntesis que –más allá de las lecturas políticas– también parece ser signo de que entre ellos difícilmente haya aún una mayoría consolidada de cuatro votos que apunten en un mismo sentido.
Pese a que ayer se reanudaba la actividad, ni siquiera estaban presentes todos los jueces en la Corte, aunque cada uno está trabajando en alguna idea propia. “La decisión no es para nada inminente”, dijeron con insistencia voceros del tribunal para contrarrestar versiones circulantes. Hasta ahora, el alto tribunal tuvo varias intervenciones en el caso Clarín y todas terminaron beneficiando por sus efectos al multimedios, que gracias al paso del tiempo sigue eximido de la obligación de desprenderse de licencias para adecuarse a los límites de la ley de medios audiovisuales, sancionada en octubre de 2009. Hubo matices, de todos modos, en esas decisiones, ya que el tribunal en una de esas resoluciones, en mayo del año pasado, dijo que hasta entonces Clarín no había demostrado que se afectara la libertad de expresión.
Ahora, finalmente, la Corte tiene que evaluar la decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial, que declaró inconstitucionales los artículos 45 y 48 de la norma. De ellos surge el límite a las licencias de cable, el tope de audiencia para cada empresa, también a una única señal de distribución propia y la prohibición de la propiedad simultánea de un sistema de televisión abierta y otro de cable. Los camaristas atacaron los aspectos antimonopólicos de la ley por generar –dijeron– “inseguridad económica” para el holding y amenazar “su capacidad competitiva”, lo cual redundaría, razonaban, en que estaría afectada la libertad de expresión, además del derecho de propiedad.
Hace dos semanas, la procuradora Alejandra Gils Carbó dio a conocer su dictamen a favor de la constitucionalidad de la ley, donde argumentó que “la irrenunciable protección de los derechos de las personas a la libre expresión y a la información plural” es “incompatible con la elevada concentración de medios de comunicación”.
Antes de resolver todas esas cuestiones de fondo, los supremos deben decidir si aceptan el amicus curiae que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para participar en el expediente como un “tercero” facultado para introducir argumentos nuevos o alternativos a la discusión jurídica. La presentación de amicus en ciertos casos ha llevado a la Corte a evaluar la posibilidad de hacer alguna audiencia pública, aunque eso está por verse.
En los últimos meses se vio a la Corte asumir un papel de liderazgo opositor y confrontar abiertamente con el Gobierno, lo que se acentuó después de que el oficialismo impulsara la reforma del Consejo de la Magistratura para dar mayor presencia a académicos y científicos y para introducir la participación de la ciudadanía en la elección de sus miembros. Era cantado que el tribunal declararía inconstitucional cualquier reforma que afectara abiertamente a la corporación judicial. A la vez, puertas adentro del cuarto piso del Palacio de Justicia, cada uno de los jueces hace su propio juego de construcción de poder y de prestigio jurídico, y no parece claro qué sucederá con respecto a la ley de medios. Suena lógico que pateen la decisión para después de las PASO porque sentenciar cuando faltan unos pocos días para la votación, en medio de la campaña, podría llevar a una utilización política del tema, cualquiera sea la parte que resulte favorecida. En tribunales nadie descarta tampoco que haya despachos tentados por una especulación más burda, de aguardar el resultado electoral final. Pero admiten que esperar hasta el 27 de octubre ya sería demasiado tiempo y podrían acusarlos con mayor claridad de hacer cálculos políticos.
Hasta antes de la feria judicial de invierno parecía haber tres votos casi seguros a favor de la constitucionalidad de la ley de medios, que serían los del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco. En contra, por la inconstitucionalidad, estarían Carlos Fayt, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda. El voto que inclinaría la balanza, según esta versión y este esquema, sería el de Enrique Petracchi, quien tiempo atrás dijo ante algunos de sus colegas que la norma le parecía constitucional. Por supuesto que se analizan matices para una posible sentencia que, como suele ser del estilo de los acuerdos que promueve la presidencia suprema, deje satisfechos a todos los actores del caso, lo que en este caso no parecería tan sencillo.
Un fallo favorable a la constitucionalidad permitiría entrar en un período, quizá, de relación más pacífica Corte-Gobierno, aunque en ambos extremos se plantean serias dudas sobre si la brecha que los separa, y que por momentos toma un cariz belicoso, tiene algún retorno. Desde la AFIP en los últimos días –y tras las denuncias de Lorenzetti de que le estaban haciendo espionaje impositivo ilegal– le mandaron a Daniel Marchi, el administrador del Poder Judicial (muy cercano al presidente supremo), una requisitoria formal referida a su situación frente al ente recaudador. A la vez, desde adentro de la Corte, recuerdan que tienen varias causas sin resolver que podrían afectar al Gobierno, en especial económicamente, como las referidas a reclamos masivos de ajustes jubilatorios, o los reclamos de fondos coparticipables de Córdoba y Santa Fe.
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