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El fiscal electoral Jorge Di Lello impulsó ayer una investigación para establecer si la presidenta Cristina Fernández violó la veda electoral al encabezar actos junto a los precandidatos Martín Insaurralde, Juliana Di Tullio y Daniel Filmus, entre otros. Di Lello le solicitó a la jueza con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría algunas medidas de prueba en respuesta a la denuncia realizada por los opositores de la lista Juntos, del frente porteño Unen. El fiscal pidió que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) remita las filmaciones de los actos y reclamó que la Secretaría General de la Presidencia “precise las circunstancias en que tuvieron lugar los actos denunciados”. También requirió que la planta potabilizadora y la fábrica de lavarropas que visitó CFK indiquen “los motivos” de su concurrencia. Desde el oficialismo ya explicaron que la ley no prohíbe la realización de actos en los que participe la Presidenta, sino que lo que no se puede es inaugurar obras públicas.
Según fuentes judiciales, Di Lello puso en la mira de la Justicia electoral los actos en los que se inauguró una planta potabilizadora de agua, en el partido de San Fernando el sábado 27 de julio, y la apertura de una fábrica de lavarropas en Cañuelas, el martes pasado. Ambos casos planteados por los precandidatos de Juntos, Ricardo Gil Lavedra, Victoria Donda y Alfonso Prat-Gay, quien ayer sostuvo que CFK “tiene coronita” por la supuesta “flagrante violación a la veda electoral”.
En la denuncia consideran que la Presidenta violó los artículos 64 y 133 bis del Código Nacional Electoral. El primero prohíbe 15 días antes de las elecciones primarias “la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales”. Sin embargo, el director nacional electoral, Alejandro Tullio, explicó que “la ley no puede prohibir a la Presidenta participar de la campaña política o en lugares donde el Estado no los organiza hacer una defensa de su política”.
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