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El Ministerio de Justicia ordenó ayer nuevas medidas de seguridad para el traslado de detenidos en causas de delitos de lesa humanidad, luego que los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi –condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura– se fugaran hace más de una semana del Hospital Militar Central Cosme Argerich, adonde habían sido trasladados para una supuesta atención médica. La Resolución 1272, publicada ayer en el Boletín Oficial, establece un nuevo protocolo “previo” para el traslado de detenidos por esas causas para su atención sanitaria, que deberá contemplar un exhaustivo informe médico remitido al Ministerio Público Fiscal y al juez de la causa para su autorización y donde tendrán prioridad los centros de salud dependientes del servicio penitenciario y los hospitales públicos. La normativa también extrema las medidas de seguridad en el caso de traslados a centros sanitarios militares donde, como sucedió con las fugas de Olivera y De Marchi, podrían contar con una ayuda “planificada” para evadirse. Por la tarde, el ministro Julio Alak denunció en rueda de prensa que diez de los once implicados en crímenes de lesa humanidad que estaban internados en el Hospital Militar debían haber recibido el alta médica pero permanecían allí para evitar las condiciones impuestas en cárcel común.
“En lo que refiere a los casos de detenidos civiles o militares en causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos, resulta indispensable que con carácter previo a cualquier traslado ordenado por la Justicia a un centro de salud dependiente de las Fuerzas Armadas, se efectúe un exhaustivo informe sobre las condiciones de seguridad de dicho traslado”, dice uno de los párrafos de la resolución.
“Esta evaluación deberá ponerse de manera inmediata en conocimiento del tribunal interviniente y del Ministerio Público Fiscal, con el objeto de que puedan adecuar su pedido en orden a la información que les fuera proporcionada”, señala la resolución ministerial.
Allí, también se indica que “en todos los casos en los que cualquier detenido necesite atención médica se lo deberá atender prioritariamente en los hospitales y dependencias de salud con que cuente esta institución penitenciaria”. “No obstante –precisa–, en caso de que el estado clínico del paciente exija la intervención de otro nosocomio, deberán utilizarse los hospitales públicos más cercanos al lugar de detención, en tanto se encuentren en condiciones de prestar la atención médica prescripta.”
Alak ofreció después una conferencia de prensa para dar detalles sobre la resolución, así como otras irregularidades que detectó el ministerio a su cargo. “Pensábamos que la situación médica de los internados era más compleja, por eso creamos una comisión para evaluar su estado en 30 días, pero mirando la historia clínica en 72 horas nos dimos cuenta de que una persona no podía estar internada porque tenía que hacer bicicleta fija para rehabilitar una rodilla”, detalló el titular de la cartera de Justicia ante la prensa, luego de señalar que de once detenidos por delitos contra la humanidad internados en el Hospital Militar, diez ya estaban en condiciones de haber sido dado de alta. Sin embargo, continuaban en el hospital para evitar su regreso a las cárceles comunes donde están recluidos por sus crímenes.
La comisión a la que hizo referencia Alak se creó luego de las fugas de Olivera y De Marchi y para controlar la situación médica de los detenidos internados en dependencias militares. “Quedó en evidencia que muchos traslados eran por temas médicos menores y que podían ser tratados perfectamente en su lugar de detención”, dijo el ministro en la rueda de prensa para luego aclarar que “la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) determinó la evaluación de los presos que están en hospitales de las fuerzas”.
Alak también insistió en cuestionar la decisión judicial que autorizó el traslado de Olivera al Hospital Militar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “para un tratamiento dermatológico” y en el caso de De Marchi, por una atención “psiquiátrica”, que podían haber sido atendidas por los profesionales del Servicio Penitenciario Federal de la provincia de San Juan, donde habían condenados y estaban detenidos.
En tanto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, volvió a defender la decisión ya anunciada por el Gobierno de bloquear un fideicomiso al que Olivera había destinado fondos millonarios que había obtenido como abogado –en sociedad con el capitán retirado Jorge Humberto Appiani, otro militar y abogado procesado por delitos de lesa humanidad–, litigando contra el Estado. “Las fugas no se hacen sin apoyo logístico”, aseguró Rossi al recordar que, en la actualidad, son 62 los represores prófugos de la Justicia.
En la misma línea, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, aseguró que Olivera tenía vínculos con sectores económicos fuertes del país que le permitieron el armado de una estructura económica que hoy podría estar sosteniendo su sobrevivencia en la clandestinidad. El fideicomiso al que Olivera giraba su dinero había reunido “a diciembre de 2010, un fondo de 9,5 millones de pesos”.
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