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Era un final evidente, aunque recién la semana pasada se concretó: la Sala I de la Cámara Federal archivó por “inexistencia de delito” la causa que había iniciado el Grupo Clarín contra periodistas y funcionarios a quienes acusó de incitar a la violencia colectiva contra el multimedios por los análisis u opiniones que expresaron en los medios de comunicación. Algunos de esos comentarios estaban vinculados con la imposibilidad de que se aplique plenamente la ley de medios, otros referidos –por ejemplo– al cacerolazo del 8 de noviembre. El tribunal sostuvo que no fueron más que formas de ejercicio de la libertad de expresión de las que no se desprende ninguna consecuencia penal.
“La difusión de ideas opuestas y/o divergentes a aquellas propagadas por el grupo que el denunciante representa no resulta más que el ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión, sin que se advierta en esta proclamación la creación de un peligro cierto de causar actos de violencia ni la intención de incitar a cometer actos ilícitos”, concluyeron los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Su resolución ratifica la decisión del juez de primera instancia Luis Rodríguez. Insistieron en que para que exista el delito de incitación a la violencia debería haber una “estimulación para actuar, algo que no se verifica”, señalaba el voto del juez Ballestero.
La insólita denuncia, que habían presentado los apoderados de Clarín, José María Sáez Valiente, Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada, mencionaba uno por uno a varios periodistas y a un funcionario y detallaba la frase que supuestamente era una forma de estimular ataques de la ciudadanía contra el holding. También sugería que se los debía investigar por posible coacción agravada, que tiene penas no excarcelables. La demanda fue presentada unos días antes del 7 de diciembre del año pasado, justo cuando vencía el plazo de caducidad de la medida cautelar que mantenía al Grupo Clarín eximido de desinvertir para adecuarse los topes de licencias de radio y televisión establecidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La cautelar todavía sigue en pie debido a ciertas decisiones favorables a la empresa que tomó la Corte Suprema, que ahora debe resolver la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
Los periodistas señalados como supuestos incitadores a la violencia colectiva eran Sandra Russo, columnista de Página/12 y panelista del programa 6,7,8, y Roberto Caballero, ex director del diario Tiempo Argentino, y el relator de Fútbol para Todos Javier Vicente. La misma acusación se extendía, además, a funcionarios y legisladores como el titular de la Afsca, Martín Sabbatella; el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; el ministro de Justicia, Julio Alak, y los legisladores Edgardo Depetri y Juan Cabandié. Eran 35 páginas donde se los señalaba como “propaladores del mensaje gubernamental contra el grupo”. Sus opiniones eran señaladas en la denuncia como parte de una “maniobra” ejecutada por “voceros” que quieren que la gente salga a atacar a los directivos de Clarín.
En el caso de Sandra Russo, por ejemplo, se tomaba lo que había dicho sobre los cacerolazos: “Son las cacerolas de Clarín”. Y otra frase: “En este núcleo de veneno, es difícil que pueda salir algo bueno. En los ’90 hemos salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si lograran la destitución, ¿qué pasaría el día después?” A Caballero se le cuestionaba haber dicho en 6,7,8 en relación con el conflicto de prefectos y gendarmes: “Obviamente esto es un intento de desestabilización, cuando vos a la gente le mostrás por televisión que las fuerzas que están para ocuparse de la seguridad, de la tranquilidad y de la paz de ciudadanos de un país, en realidad toman posturas o deciden situaciones que alteran esa paz, la gente se agarra de la cabeza y dice ‘en qué país estamos’. Y la verdad que me parece que esto forma parte de una estrategia de incendio de la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien con la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de derecha que hay en la sociedad reaccionaria”.
En relación con Vicente, la denuncia tomó lo que dijo mientras Canal 7 transmitía un partido de Quilmes vs. Estudiantes. “Esto es Fútbol para Todos, para el parcial Estudiantes 0-Quilmes 0. Fútbol para Todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo. Cadena con fecha de vencimiento: 7 de diciembre.”
A ellos se sumaba una lista de otros periodistas sin precisar en qué consistía su supuesta colaboración a la incitación a la violencia como Nora Veiras y Orlando Barone. También se incluía al director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami, y de un modo más general “integrantes” de Unidos y Organizados.
Cuando la denuncia ganó difusión y quedó a la vista que echaba mano de figuras penales para perseguir la expresión de opiniones e ideas, los abogados del grupo salieron a decir que en realidad a los periodistas sólo los mencionaban como posibles testigos, pero que no era intención imputarlos. Y que lo único que pretendía la denuncia era “salvaguardar la seguridad” de directivos, familiares y periodistas de Clarín. La denuncia, en rigor, apuntaba a todo el mundo, así la interpretaron en tribunales, y así la cerró la Cámara Federal, cuestionando la mordaza.
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