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Entre otros anuncios, Cristina Kirchner informó ayer que la provincia de Santa Cruz recuperará las zonas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia. El beneficio de la autorización para el funcionamiento de una zona franca en la provincia había sido conseguido por Néstor Kirchner, en carácter de gobernador en el año 1994, mediante un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia, pero posteriormente fue dejada sin efecto. Ayer la Presidenta de la Nación recordó esos hechos y algunas circunstancias que rodearon su funcionamiento y concesión a firmas privadas.
“Ustedes saben que Néstor había conseguido en el año ’94 que se instalara una zona franca aquí en Santa Cruz”, señaló Cristina ayer en su discurso con motivo de la inauguración de la interconexión eléctrica de la provincia con el sistema nacional. “Ustedes saben la gran ilusión de Néstor que era esa zona franca, y consiguió un acuerdo que, luego, por tener diferencias políticas con la administración económica y política que gobernó el país entre 1989 y 1999 (en alusión al tándem Menem-Cavallo), el reglamento de funcionamiento que había sido aprobado por resolución del Ministerio de Economía en 1995, luego lo revocaron.”
“Y yo pensaba cuánta mentira, cuánta falsedad, porque a nosotros nos castigaron por tener diferencias y nos quitaron la zona franca y dicen que nosotros hoy, gobierno nacional, no le damos a las provincias o a los gobiernos que no son de nuestro signo cosas que necesitan (...). Pero nosotros concedimos, reconocimos, otorgamos esa zona franca que nos pedía el gobernador de Santa Cruz. No soy presidenta para unos gobernadores y contra otros, yo soy presidenta de 40 millones de argentinos y cuando tomo las decisiones y las medidas, las hago siempre para lograr crecimiento, generar empleo, mejor bienestar y calidad de vida.”
El decreto 1388, de fecha 12 de septiembre, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, ordena “restituir a la provincia de Santa Cruz en cumplimiento del convenio de adhesión celebrado entre la citada provincia y el Estado nacional, el 5 de diciembre de 1994, las zonas francas de Río Gallegos y de Caleta Olivia”, estableciendo 90 días corridos de plazo para que la provincia instrumente y llame a licitación para ponerlas en funcionamiento.
Cristina recordó además que “aquella zona franca que oportunamente se había hecho y luego nos dejaron sin efecto, se había otorgado mediante una concesión a una unión transitoria de empresas en la cual habían dos o tres firmas locales y varias empresas de afuera. Yo no voy a decir los nombres de las empresas locales, pero la resolución en la 392 del año 1996 que adjudicó la concesión y explotación de las zonas francas, aquellas que luego nos sacaron a una UTE integrada entre otras por London Supply Parenazón Chile, Carlos Costa SRL, Horacio Aranas Sacay y El Tehuelche (grupo Costa-Aranas). Lo menciono porque hay algunos que por ahí también están hablando de zonas francas, pero en realidad por distintos motivos. Se interesan desde la óptica de la que siempre vivieron, de los intereses económicos. Y hay otros que nos interesamos desde donde siempre vivimos esas cosas, desde la política y los intereses sociales. Me parece que hay que saber diferenciar muchas veces cuáles son esos intereses y a qué se deben las solicitudes o pedidos de políticas”.
El comentario alude al diputado nacional por Santa Cruz de la UCR, Eduardo Costa, a cuya familia pertenecen algunas de las empresas ex concesionarias de las zonas francas aludidas. Como diputado, presentó en septiembre de 2011 un proyecto para instalar una zona franca en territorio santacruceño, en Puerto Punta Loyola. Costa fue el candidato a diputado más votado en las primarias abiertas del 11 de agosto en la provincia.
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