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El juicio al ex presidente Fernando de la Rúa por el pago de coimas en el Senado entró en su recta final. Ayer comenzó su alegato la Oficina Anticorrupción, que anticipó que pedirá condenas para el ex mandatario y los otros siete acusados. Para la OA, está probado que el gobierno de la Alianza pagó sobornos a un grupo de senadores justicialistas para que votaran la reforma laboral. “De la Rúa estuvo al tanto del plan en curso”, aseguró en este sentido el representante del organismo, José Ipohorski, que recordó que el ex presidente participó en una reunión en la Casa de Gobierno en la que se “destrabó el pago de los sobornos a los conductores de los bloques del PJ”. Además, añadió que De la Rúa “no evitó el pago (de las coimas), pese a estar a su alcance hacerlo”.
El ex presidente es juzgado por cohecho junto a cuatro ex senadores, el arrepentido secretario parlamentario Mario Pontaquarto –que reveló los hechos–; el ex jefe de la SIDE Fernando De Santibañes y el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique.
La de ayer fue la primera jornada de los alegatos con la presencia de todos los acusados; el martes pasado, la audiencia se pospuso por la ausencia sin aviso del ex senador Alberto Tell, por lo que el tribunal hizo un llamado de atención.
En representacón de la OA, Ipohorski sostuvo que la confesión del ex secretario del Senado Mario Pontaquarto “resulta creíble”. “A pesar de que los acusados y sus defensas intentaron deslegitimarlo por corrupto y traidor, no deja de ser un testigo”, indicó el abogado, dando por válida la principal prueba del caso.
Luego hizo una reseña de los hechos. Recordó que la reforma de la ley laboral “era un objetivo para el gobierno de De la Rúa”, que el proyecto había logrado media sanción en Diputados, pero que en el Senado la Alianza, en cambio, no tenía mayoría.
Al fracasar la negociación política, agregó, “desde las más altas esferas gubernamentales” se pensó en el pago de las coimas a senadores del PJ, de lo que se ocuparon “el fallecido José Genoud, quien por entonces era titular de la bancada radical en el Senado y el ex titular de la SIDE, Fernando De Santibañes”.
En cuanto a los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, en el alegato el querellante recordó que cuando ocurrieron los hechos, en abril de 2000, se vencían sus mandatos. “Tenían que ver por sus carreras políticas, que estaban llegando a su fin y cualquier cosa era necesaria para blindarse económicamente ante la falta de un futuro político”, y por eso “hicieron lo que hicieron”.
El abogado también dio por probado que existió una reunión en la Casa Rosada el 30 de marzo de 2000 al mediodía, en la que estuvieron el entonces titular de la bancada del PJ, Alasino, el senador Tell, Genoud y Pontaquarto para “obtener garantías del propio presidente de la Nación”.
“De la Rúa estaba al tanto del plan en curso y lo avaló. Esta reunión destrabó el pago de los sobornos a los conductores de los bloques del PJ”, señaló Ipohorski.
En el alegato se dio por comprobado que el dinero se retiró de una cuenta bancaria de la SIDE en el Banco Nación en abril de 2000 y estuvo guardado una semana en la casa de Pontaquarto al posponerse la sesión donde iba a tratarse la ley.
El día de la sesión, los senadores “fueron puestos en conocimiento de la versión final del proyecto a último momento, y sólo cuatro votaron en contra y el resto a favor”, alegando “disciplina partidaria o contribución a la gobernabilidad”. El querellante recordó que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, declaró por escrito en el juicio oral, oportunidad en la que contó que “los retoques” al proyecto de ley para hacerlo viable “fueron cosméticos”, ya que se conservó “intacto” el espíritu de fondo que tenía la reforma.
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