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Imagen: Pablo Piovano.Sobre un escritorio hay un listado que reúne los nombres de más de setenta personas, sin rango militar, imputadas en causas de lesa humanidad en todo el país. La lista puede pensarse como un mapa. Casi la mitad son secretarios, jueces, fiscales o defensores del Poder Judicial de la dictadura. Entre el resto hay trece empresarios o directivos de empresas, siete integrantes de algunas instancias ejecutivas del Estado, seis sacerdotes, dos médicos y tres periodistas, entre los que están los Massot de La Nueva Provincia, el diario de Bahía Blanca. Estos no son los únicos civiles denunciados, son los ya judicializados. No representan el universo de responsabilidades en la dictadura, sino en todo caso de lo que hasta ahora se pudo hacer.
El listado está, simbólicamente, en una mesa de trabajo de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas de lesa humanidad de la Procuración. Los responsables del área son Jorge Auat, con mandato renovado, y Carolina Varsky, que viene de coordinar el área jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En esta entrevista, los datos que pueden mirarse como un mapa de una agenda programática son leídos a la luz de los diez años de la nulidad de las leyes de impunidad. Los coordinadores explican que después del primer “cerco normativo” se encontraron con un segundo “cerco de impunidad”, dado por vastos sectores del “sistema judicial” que a la vez frenaron investigaciones sobre el propio campo o campos que pueden pensarse en confluencia, como el de responsabilidad empresaria.
“El problema era avanzar en la investigación y superar las dificultades que nos ponía el sistema. No nos olvidemos de que esto fue una dictadura cívico-militar. Nosotros tenemos dentro de la agencia judicial grandes responsables. Jueces y fiscales”, dice Auat. “Esto da cuenta del fenómeno de la impunidad porque, al margen de la decisión política de su momento para cerrar estas causas sin juicio y avalar ese proyecto de olvido, eso no fue solo una idea que se pensó. Había sectores importantes de la sociedad comprometidos y el propio sistema judicial que evidentemente era una aliado estratégico a ese proyecto. De todos modos se produjo algo que es una consecuencia de la propia vigencia democrática que fueron liberando esos muros y liberando de a poco los cepos.”
–La Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento de Carlos Blaquier. Pese a que era un fallo esperado, ¿causó algún tipo de sorpresa?
–Fue una inyección de optimismo. Teníamos una serie de dificultades al comienzo para avanzar en la investigación. No nos olvidemos que alguna vez yo dije que Jujuy era la capital de la impunidad porque las causas estaban marcadas por una cronicidad en el trámite y cierta complicidad del sistema judicial. Había un juez al que se lo cuestionó severamente. Fue citado por la Comisión Interpoderes a rendir cuentas.
–De hecho, Carlos Olivera Pastor fue uno de los primeros casos que tomó la Comisión.
–Pero en forma contemporánea a otros muy cercanos, como Mendoza y San Juan. Pero, en definitiva, el escenario de Jujuy era sombrío. Tuvimos tremendas dificultades para avanzar hasta que se removió al juez a partir de una movilización popular que, a mi juicio, fue la que definió el curso de acción. Creo que la movilización de la Tupac produjo un antes y un después. Con la remoción de Olivera Pastor y la llegada del juez Poviña se abrió un nuevo escenario con mejores expectativas, pero teníamos la Cámara Federal de Salta a la que se le imputó alguna responsabilidad, porque tenía superintendencia sobre Jujuy. A punto tal que uno de sus integrantes, ahora
inhibido en esta causa que es Rabbi Baldi Cabanillas, el presidente de la Cámara, fue a la Comisión Interpoderes un poco a justificar toda la actuación de Olivera Pastor. Con ese antecedente éramos conscientes de las dificultades que se nos presentaban. Por eso, el fallo fue una bocanada de aire y nos dio la razón. Lo que no puede haber en cualquier proceso penal son privilegios. Blaquier es un imputado como cualquier otro y la única forma que demuestre su inocencia es en el proceso penal y luego de una investigación de los hechos.
–¿Cuál es el impacto que puede tener en otras causas?
–Con respecto a los empresarios ya tenemos procesamientos en Ford, La Veloz del Norte con (Marcos) Lewin, Mina El Aguilar. Estamos avanzando. Siempre somos conscientes de que las dificultades van a existir. De hecho, la nulidad de las leyes de impunidad tiene ya diez años y esto marca cuánto se demoró en avanzar en los juicios. Aún hoy podemos decir que todavía estamos en déficit porque no tenemos sentencias firmes. Venimos reclamando a las agencias del Estado un lugar de privilegio en las agendas. No sólo por la trascendencia de estos hechos sino porque de otra manera vamos camino a la impunidad biológica. Es el tema central. Exigen prioridad no sólo por lo que significan sino por la posibilidad concreta de hacer el proceso de justicia porque mueren los imputados, mueren las victimas, mueren los testigos: estamos hablando de gente en edad avanzada. El caso de Olga Arédez es paradigmático: para ella hubo impunidad, murió viendo impunidad, es una forma de impunidad.
–¿Cuál era la prioridad de la Procuración hace diez años?
–Era un contexto de impunidad. Las causas que avanzaban lo hacían en dosis homeopáticas. Con mucha dificultad. Veníamos de la impunidad normativa por la vigencia de las leyes y ese había sido el primer cepo, pero cuando creímos que ya estábamos liberados nos encontramos con el otro gran cepo: ¿quiénes iban a ser los encargados de investigar? Necesitábamos un Poder Judicial en condiciones de dar respuesta. Y ese Poder Judicial nos ofreció una enorme resistencia: nosotros lo explicamos a lo largo de estos años. Había jueces claramente involucrados con los hechos. Mendoza, por ejemplo. Tenemos casos de jueces imputados que no eran jueces aún pero tenían cargos altos en la administración de justicia. Había cuestiones ideológicas. Relaciones endogámicas en el sistema judicial que operó y fue funcional al segundo cepo de impunidad. Estos sectores reaccionaban con martingalas procesales como segmentar las causas que es una forma de impunidad. Una causa por un imputado y por una víctima es importante pero no alcanza a reflejar cabalmente los años de plomo. Hay que concentrar las imputaciones, acumular los hechos, además el código lo dice: es una forma de ahorro de energía jurídica y tiene como efecto la protección del testigo que no tiene que andar deambulando por tribunales. Además, esto refuerza el aprovechamiento de la cantera probatoria. Una acumulación es una mirada estratégica en la investigación. Hicimos un documento y tratamos de instalarlo en las jurisdicciones.
C. Varsky: –La creación de la Unidad fue inmediatamente posterior a la desaparición de Julio López. No era un tema menor y para poder pensar una política de persecución penal, que justamente evitara y tuviera en cuenta unir la prueba y preservar a los testigos y a las victimas, cuidarlos de una situación como había sido la de López.
–¿Cuáles fueron las estrategias?
–Crear una política de percusión criminal que hasta que la Unidad fue creada no había. No había quién estuviera pensando cómo perseguir, de qué manera, en qué jurisdicción. En la lógica de unificar las causas, cada uno empezaba su expediente o reabría un expediente del otro. Pero no había una idea sobre perseguir, por ejemplo, por centro clandestino. En la Capital Federal uno hacía causas por centro clandestino, otro por jefes (de área), otros por año. No había alguien que mirara de modo más global. Así como en el Juicio a las Juntas se pensó o juzgó a las Juntas por 700 casos, la reapertura del proceso no tenía esos criterios. La Unidad vino a reorganizar ese universo. Organizar en cada lugar una forma de perseguir. Y prestar atención a las necesidades de cada jurisdicción que no es menor porque en los años ’80, la investigación estaba organizada por “Zonas del Ejército”. La reapertura produjo la posibilidad de investigar por “lugar de los hechos”. Así, muchas jurisdicciones empezaron a tener causas que antes no tenían y había que ver si había fiscal o quién podía abrir un expediente. Jujuy dependía de Córdoba (Zona III), antes los expedientes se investigaban en Córdoba y después empezaron a ser enviados a Jujuy.
J. Auat: –Margarita Belén en Chaco era una causa originalmente de Rosario. Y se peleó la competencia para ser investigada en Chaco.
–Hacer los juicios en el lugar de los “hechos” también es un reclamo de muchas de las víctimas y organismos de derechos humanos.
C. Varsky: –Para las víctimas y familiares era muy importante que el juicio se hiciera en el lugar. Y en términos procesales también es importante porque hay inmediatez de la prueba.
J. Auat: –El lugar del hecho es donde se produce el mayor trauma. El efecto pacificador del proceso penal rinde sus frutos donde se produjo el delito, donde se produjo la gran afectación. Cuando se juzga lejos falta inmediatez en el propio proceso penal y, por otro lado, la reparación que significa un juicio.
–En los últimos años, las causas avanzaron. Muchas se hacen por jurisdicción. Se avanzó con la imputación a los militares, ahora se avanza sobre la responsabilidad empresaria. ¿Cuáles son los sentidos jurídicos que ya no se discuten?
C. Varsky: –La imprescriptibilidad por el tipo de crimen, por ejemplo. Eso ya está, más allá incluso de que existe un fallo de la Corte.
–¿Es cultura jurídica ganada?
J. Auat: –Sí. Creo que hay discusiones que están fuera de agenda. Discutir crimen de lesa humanidad o prescriptibilidad, por ejemplo. Pero el problema central nunca fue ese. El problema era avanzar en la investigación y cómo superar las dificultades que nos ponía el sistema. No nos olvidemos que esto fue una dictadura cívico-militar. Nosotros tenemos dentro de la agencia judicial grandes responsables. Jueces y fiscales. El más emblemático tal vez fue (el ex secretario Carlos Eduardo) Flores Leyes, está el caso de (Víctor Hermes) Brusa, ya condenado. (El ex fiscal Roberto Domingo) Mazzoni en Chaco. Hay en Mendoza. En ese momento el Ministerio Público formaba parte del Poder Judicial, no era autónomo. Era la misma estructura. Pero igual conviene aclarar que hablamos de “sistema judicial” para no hacer distinciones entre unos y otros porque hubo fiscales con grandes responsabilidades.
C. Varsky: –Fiscales y defensores. En Córdoba hay algunos defensores denunciados. Ricardo Haro, Luis Eduardo Molina. Fiscales como Antonio Sebastián Cornejo en Córdoba. Gustavo Demarchi en Mar del Plata. En Mendoza, Otilio Romano, Ernesto Peñaloza, Carlos Ernesto Fuego, Edgardo Díaz Araujo. Mendoza es una de las jurisdicciones con más integrantes del Poder Judicial denunciados. Mazzoni y Carlos Eduardo Flores Leyes son el mejor de los ejemplos, a la vez, de cómo siguieron insertados dentro del Poder Judicial y se reciclaron. El juez Ricardo Lona en Salta también. Romero Victorica que acaba de irse de Casación. Luis María Vera Candioti era un juez federal de Santa Fe que está imputado en la mega causa de esa provincia y está libre. Roberto Catalán es un ex juez de La Rioja que hace el que se siente mal, tiene arresto domiciliario y estamos discutiendo esa situación ahora.
C. Varsky: –También contribuyó (a las nuevas imputaciones) el hecho de los mayores debates. En las audiencias se ventilan muchas cosas. Hay nombres que empiezan a aparecer. Porque al principio se nombra a los autores directos o los que recuerdan los sobrevivientes de los centros clandestinos. A medida que avanzaron los debates, habiendo tantos juicios en curso, aparecen otros nombres, un ejemplo es el de Romero Victorica cuando lo nombra Victoria Montenegro durante su testimonio en el juicio. ¿Por qué no había salido antes?
–¿Se las piensa como demandas “de segunda generación”?
–Para mí, tiene que ver con la construcción de los relatos que hacen los testigos en un juicio. Antes había un relato mucho más escueto y focalizado básicamente en la prueba. En quién te pegó, cómo te pegó, a quién viste y la reapertura del proceso trajo un relato mucho más rico.
J. Auat: –Las denuncias por abusos sexuales también son un gran logro, producto del propio trámite de la causa que va generando confianza en las víctimas e hizo posible que nosotros pudiéramos construir una investigación autónoma de esos hechos con la sanción penal correspondiente.
C. Varsky: –Hay tres sentencias hoy por delitos sexuales.
J. Auat: –Con Pablo Parentti (ex co-coordinador del área) trabajamos mucho por el prestigio de estas causas. Una vez fuimos a una audiencia cuando se pensó en cambiar los códigos. Nuestro mensaje fue que no queríamos generar ninguna situación legal que comprometiera el prestigio de estos procesos con la aplicación de leyes especiales o tribunales especiales. Estos procesos tenían que hacerse con la legislación vigente, con los tribunales que tenemos. Y en ese sentido probablemente seamos únicos en el mundo. Creo que todo esto va a tener un efecto trascendental para el Poder Judicial y va a marcar un cambio de paradigma. Hemos incorporado una voz a la Justicia que es la voz de los derechos humanos.
–¿Tiene efectos sobre otras áreas de la Justicia?
C. Varsky: –Estos juicios también enseñaron. No había aquí experiencias en juicios tan grandes más allá del Juicio a las Juntas. Juicios con 60 imputados. Hoy los casos de violencia institucional, la causa por el 20 de diciembre o por el accidente del tren te van a poner en el banquillo de los acusados a un sinnúmero de personas y a muchas víctimas y estos juicios fueron la antesala para eso. Lo fueron en la forma de organizar la Justicia, desde la necesidad de una sala donde entren muchísimos imputados –que todavía no la conseguimos– hasta la forma de actuar de los fiscales. Estos juicios requirieron de fiscales comprometidos. De habilitar la escucha a las víctimas. De la unidad de querellas. Causas donde hay seis o siete querellas, no estábamos acostumbrados a eso.
Lo mismo con la jurisprudencia. Una buena jurisprudencia por estos hechos va a ser usada para otros casos: la tortura cometida para hablar del terrorismo de Estado muchas veces tiene características similares a las situaciones de encierro en establecimientos penitenciarios. Una buena jurisprudencia va a servir, ojalá, para mejorar determinadas situaciones.
–¿Cómo se articula este camino con la agenda sobre la responsabilidad empresaria?
J. Auat: –Tenemos una agenda dinámica. A medida que vas investigando, se van abriendo nuevas hipótesis de investigación. Y las propias investigaciones van abriendo camino. Estamos hablando de crímenes con estructuras de mucho poder que se conectan con poderes económicos. Con poderes con el propio Poder Judicial como son los grupos civiles. En ese contexto somos conscientes que falta mucho por andar. Hay asignaturas pendientes. En ese sentido, es partir de la agenda que se abre en la investigación de los hechos. Todo lo demás es instrumental. ¿Cómo vamos a encararlas? Estamos tratando de generar una mesa de discusión abierta.
–¿En qué consistiría?
–Lo que fue la Comisión Interpoderes pero que sólo funcionó intramuros del sistema judicial, ésta la vamos a hacer abierta al conjunto de la sociedad, con grupos, con los organismos de derechos humanos. Que haya un control de los operadores que puedan venir a plantear inquietudes pero que, al mismo tiempo, los tenga a ellos como protagonistas. Pensamos en una visión democrática de cómo encarar estos procesos. En Justicia Legítima hablamos de transparencia y de comunicación al conjunto de la sociedad. En la tarea jurisdiccional están los jueces, los fiscales, los abogados y las querellas como sujetos del proceso, pero desde el derecho legítimo que tiene el conjunto de la sociedad a ser protagonista de esta reparación me parece que tenemos un deber moral de incorporarlos.
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