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El gobierno argentino reclamó oficialmente al uruguayo que deje sin efecto el permiso para que UPM-Botnia aumente su producción. En el paso previo a llevar la denuncia a la Corte Internacional de La Haya, la Cancillería entregó una nota en la embajada uruguaya en Buenos Aires. En ella advirtió que la pastera fue beneficiada a pesar de que “incumple” con los parámetros ambientales, y que un aumento de su producción agravará la contaminación. Sin embargo, fuentes del gobierno uruguayo dejaron trascender que rechazarán el pedido argentino. El principal argumento esgrimido en Montevideo es que consideran haber cumplido con todos los pasos legales para otorgar la habilitación. El presidente José Mujica dijo que esperarán a que pasen las elecciones del 27 de octubre para retomar las conversaciones.
En la nota –firmada por el canciller Héctor Timerman y dirigida a su par Luis Almagro–, la Argentina planteó que existe un mecanismo de información y consulta previa (en el Estatuto del Río Uruguay) que deben cumplir ambos países para tomar decisiones que afecten al río. Ese mecanismo, remarcó, se puso en marcha, pero el Uruguay lo rompió unilateralmente con su decisión.
En este sentido, la Cancillería se queja de que los funcionarios uruguayos de la CARU (el organismo binacional que resuelve las cuestiones del río) recibieron 22 preguntas, de las que dejaron 11 sin responder, por lo que el proceso no pudo completarse.
Junto con la denuncia sobre el procedimiento está la de la contaminación. En la nota, la Cancillería remarcó que el permiso le fue otorgado a Botnia a pesar de que la planta “incumple” con los estándares ambientales, y advirtió que esto se verá agravado “si la autorización de aumentar la producción se implementara”.
Si bien el texto diplomático se ciñe al resultado de las muestras tomadas en el efluente de UPM-Botnia, en la cartera a cargo de Timerman indican que el presidente uruguayo José Mujica hizo una admisión de que la planta contamina cuando anunció que, a cambio del permiso, le pediría a la empresa que realizara inversiones para bajar la temperatura del efluente y su proporción de fósforo.
Estas son las dos violaciones ambientales sobre las que Argentina viene haciendo más reclamos. En el caso de la temperatura, el Digesto del Río Uruguay dice que los efluentes industriales no deben sobrepasar la temperatura natural del río, cuya media anual es de unos 20 grados. Botnia está muy por encima de esto: las industrias uruguayas en general están autorizadas a temperaturas de hasta 30 grados en sus efluentes y, en el caso de la trasnacional, a su pedido las autoridades uruguayas dictaron una norma especial que la autorizó a llegar a 37 grados.
En cuanto al fósforo, la denuncia argentina es que Botnia lo tira en una proporción que está 36 veces por arriba de lo que permiten las normas uruguayas.
La nota oficial enviada ayer es el paso previo a que la Cancillería lleve la denuncia a la Corte de La Haya, aunque según dicen en la cartera hay una decisión de esperar para ver si antes se abre un espacio de negociación.
No parece muy probable. Ayer, voceros del gobierno uruguayo anticiparon que rechazarán el reclamo argentino y sostuvieron que dan por cumplidos correctamente todos los plazos y procedimientos para otorgar el permiso.
Más temprano había hablado Mujica. El jefe de Estado anticipó que su gobierno no tiene intención de retomar las conversaciones hasta después de los comicios del 27 de octubre, porque –dijo– “la Argentina está en un proceso electoral y es prudente esperar a que pase”.
En un reportaje al paso de la cadena Telemundo, que le sacó unas palabras por la ventanilla del auto, agregó que su gobierno tomó la decisión de “no hacer declaraciones” y minimizó el conflicto. “Nosotros tomamos como un punto de discrepancia esto, pero de nuestra parte no tenemos intención de agrandar más el debate”, definió. También dijo que quería “ver que la Presidenta se recuperara” antes de volver a hablar de Botnia. “¿Va a haber una respuesta de la Cancillería con respecto al lenguaje diplomático que se usa en estos casos?”, le preguntó el cronista. “Yo creo que primero más vale conversar que mandar notas, después veremos”, relativizó el presidente.
La argumentación que dan los funcionarios uruguayos tiene dos aspectos. Por un lado, sostienen que Botnia no contamina, ya que los tóxicos detectados en los muestreos están –dicen– “dentro de los parámetros permitidos”. Por otro lado, aseguran haber cumplido correctamente con todos los pasos legales en el mecanismo de consulta. En esta línea, plantean que el pedido para otorgar el permiso fue presentado en la CARU en marzo de 2012, y que Argentina contó con dos plazos de 180 días para hacer sus objeciones. Para la Cancillería uruguaya, el mecanismo de consulta no da a la Argentina “poder de veto”.
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