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Argentina y Uruguay quedaron a la puerta de la Corte de Justicia de La Haya por UPM-Botnia. Ayer, el gobierno uruguayo rechazó el pedido de suspender el permiso otorgado a la pastera para aumentar su producción, y aunque ofreció “continuar el diálogo”, dejó en claro que no dará marcha atrás con la autorización. Por esto, en la Cancillería argentina comenzaron a preparar la denuncia que se presentará ante el tribunal internacional. La decisión está tomada; fuentes de la cartera que conduce Héctor Timerman adelantaron además la posibilidad de pedir que en el juicio se llame a declarar como testigo al presidente José Mujica. Es porque el mandatario reconoció que la pastera debe bajar la temperatura del efluente y la proporción de fósforo que vierte al río, lo que a criterio de los funcionarios argentinos es una admisión de que contamina.
La encargada de volver con el conflicto a La Haya será la consejera legal de la Cancillería Susana Ruiz Cerutti, que ya encabezó la representación argentina en el primer juicio.
Aunque la Corte Internacional no fue favorable a la Argentina en el juicio anterior –vale recordar que, en el fallo, los jueces señalaron que el Uruguay violó en ocho oportunidades el Estatuto del Río Uruguay, pero igualmente permitieron la instalación de Botnia–, en la Cancillería creen que esta vez será distinto. “La diferencia es que en aquel momento no podíamos demostrar que Botnia iba a contaminar y ahora tenemos las pruebas”, definen.
La fuente consultada descartó que pueda abrirse un nuevo espacio de negociación con las autoridades del país vecino. “La mesa de diálogo está rota. Uruguay la rompió cuando tomó unilateralmente su decisión. Ahora, en todo caso, habría que abrir otra mesa, pero ¿sobre qué base? Uruguay debería dar marcha atrás con el permiso, pero ayer confirmó que no lo va a hacer.”
La respuesta oficial uruguaya fue entregada al mediodía por el canciller Luis Almagro al embajador argentino en Montevideo, Dante Dovena. La nota sostiene que Uruguay otorgó el permiso cumpliendo con todos los pasos legales y porque la planta no causa daño ambiental.
“Los resultados de los análisis del monitoreo conjunto, que son los mismos con los que cuentan ambos países, demuestran sin ambigüedades que la Planta Orión de UPM no contamina”, señala en este sentido la carta firmada por Almagro y dirigida a Timerman.
Luego repasa el procedimiento que el Uruguay siguió para informar a su contraparte sobre el pedido de la pastera y acusa a los funcionarios argentinos de haber puesto “obstáculos” de mala fe para trabar el proceso. El planteo es que con sus sucesivos pedidos de información, se buscó bloquear y demorar la toma de la decisión. “No es aceptable que, mediante esta práctica, el derecho a la información con el que cuentan las partes se vea transformado en un derecho de veto implícito sobre los proyectos que se llevan a cabo”, planteó Uruguay.
El canciller Almagro reveló, por otra parte, que en su último encuentro con Timerman hizo una contrapropuesta: aumentar los controles sobre Botnia sin bajar su producción, a cambio de reformar el Estatuto del Río Uruguay y extender el monitoreo a la otra orilla del río. E insistió en continuar el diálogo sobre esta base. “Se aguardan los comentarios de la República Argentina”, concluyó su nota.
Concretamente, las autoridades uruguayas proponen abrir una negociación para “ampliar el Digesto de la CARU con nuevos parámetros” (es decir, ponerse de acuerdo sobre los parámetros de contaminación que se aceptarán en los efluentes de las fábricas instaladas sobre el río, cosa que hasta ahora no fue posible) y “abordar varias de las problemáticas existentes, como la presencia de fósforo en el río”, tanto para la planta de UPM como para la desembocadura del río Gualeguaychú.
La contrapropuesta retoma un viejo planteo que el gobierno uruguayo ha hecho a lo largo del conflicto por Botnia, que es el de monitorear también a las industrias del otro lado del río. Sin embargo, en el gobierno argentino recuerdan que el monitoreo conjunto de Botnia se implementó como condición para la instalación de la planta, que tiene un tamaño no comparable con ninguna otra fábrica de la región. Su efluente vuelca 61 millones de litros por día al río.
Es decir, que hay poco de nuevo en la contrapropuesta de extender el monitoreo. A juicio de la Cancillería, sólo el reconocimiento de la necesidad de que UPM baje los niveles de fósforo que vuelca al cauce del Uruguay. En esto, como en las declaraciones de Mujica, encuentran un reconocimiento tácito de que la planta no es inocua como pretende la postura oficial.
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