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Horacio Verbitsky junto a Mercedes Arena, viuda de Gastón Riva, y Karina Lamagna, hermana de Diego Lamagna.“Doce años son demasiada impunidad; desearíamos que no hubiera un nuevo 19 y 20 de diciembre sin juicio oral”, dijo Horacio Verbitsky junto a los querellantes en las cinco causas por la masacre de diciembre de 2001, al anunciar el pedido de pronto despacho para que tenga lugar el demorado juzgamiento oral y público. En una conferencia de prensa solicitaron al Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 6 que “terminen las dilaciones y chicanas”, y fijen fecha de inicio del proceso a los responsables de la feroz represión que dejó, en todo el país, 38 muertos. “Pasó mucho tiempo, demasiada impunidad, aquí hubo falta de respuesta judicial a las víctimas”, sostuvo Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Acompañado por Mercedes Arena, viuda de Gastón Riva; Karina Lamagna, hermana de Diego Lamagna; Marta Pinedo, viuda de Alberto Márquez; y dos de los centenares de heridos de aquellas jornadas, Verbitsky dijo que “a pesar de todas las invocaciones de (el presidente de la Corte Suprema, Ricardo) Lorenzetti para que la Justicia sea receptiva ante reclamos de los más vulnerables, en este caso ha ocurrido lo contrario”. Según dijo, la expectativa de los familiares y víctimas de los trágicos episodios es de que el TOF Nº 6 disponga el inicio del juicio oral “antes de los próximos 19 y 20 de diciembre”. Y explicó que las demoras no se deben a la complejidad de la causa “sino pura y exclusivamente al sistema de trabajo impuesto” por los jueces que intervinieron desde entonces. “Tomaron una causa única y la fragmentaron en cinco. No pusieron ningún límite a las dilaciones y chicanas de las defensas políticas. Claro, ellos no tienen ningún apuro, el apuro es de las víctimas.” El presidente del CELS mencionó que el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, y el entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov, “fueron procesados muy rápidamente”, pero después la instrucción “se demoró inexplicablemente durante seis años”.
Para Karina Lamagna, esta situación es “una burla hacia las familias y las víctimas. Todos los imputados tienen que estar presos. Impunidad es una palabra muy grave en democracia. Ese día se pidió que se vayan todos, pero siguen los mismos” en la Justicia.
Verbitsky acusó a los magistrados que intervinieron en las causas de no tener interés en “hacer justicia”. Pero al recordar el sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa, Verbitsky destacó que el juez Cattani “votó en disidencia” y lo calificó como “uno de los mejores jueces del país, que sí dio respuesta a las víctimas” de diciembre de 2001. Y destacó que “la orden de reprimir las protestas se produjo mediante un decreto del Poder Ejecutivo, sin la intervención constitucional del Congreso”.
Por su parte, el abogado Federico Efron remarcó que “la impunidad por los crímenes cometidos hace doce años se consolida con el paso del tiempo, y los jueces tienen la obligación de adoptar las medias necesarias para la obtención de justicia y la sanción a los responsables”. Consultado por Página/12, Efron recordó que durante el largo proceso se habían planteado solicitudes de pronto despacho para que el juez Claudio Bonadío resolviera la elevación a juicio del expediente, y otro ante el TOF Nº 6 respecto de las pruebas presentadas. “Este es el primero para exigir que fijen fecha de juicio, ya no queda mucho por hacer, esperamos que ahora sí lo hagan”, precisó el letrado del CELS en la causa junto a Rodrigo Borda.
En el escrito presentado ante el TOF Nº 6, los querellantes –del CELS y de otras ONG– hicieron una cronología de las dilaciones del caso. Y en los fundamentos afirmaron que “sin perjuicio de la complejidad que revisten los hechos investigados, los plazos del trámite judicial de la causa Mathov y sus causas conexas están muy lejos de resultar compatibles con las expectativas menos optimistas de las víctimas y de la sociedad respecto de la respuesta judicial en un caso de trascendencia institucional”. Y agregaron que “el paso del tiempo resulta más funcional con la consolidación de la impunidad; en este sentido, los jueces tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la responsabilidad internacional del Estado por denegación de justicia y retardo injustificado en el trámite del proceso, en particular cuando se trata de un caso en el cual se investiga la violación a los derechos humanos”. En definitiva, apuntan a marcar que sería “inadmisible que se suceda otro aniversario de la brutal represión del 20 de diciembre de 2001 sin que se haya juzgado a los responsables de los homicidios y lesiones perpetrados en ese contexto”.
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