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Un grupo de legisladores y organizaciones sociales solicitaron ante la fiscalía de San Martín que se investigue “en forma conjunta las muertes violentas” en la zona de Reconquista y su vinculación con la comisaría de la zona. El diputado nacional del Frente para la Victoria Leonardo Grosso explicó a Página/12 que “el problema está entre la Policía Bonaerense y la Justicia. Tienen que investigar en contexto porque ya contabilizamos más de veinte muertes en la zona en lo que va del año”. Los vecinos apuntan a las bandas de narcos en los barrios Independencia y Cárcova y acusan la inacción de las autoridades locales.
“Presentamos una denuncia pidiendo que una autoridad investigue las muertes violentas, sobre todo de jóvenes, en el área Reconquista, en la cuenca del río Reconquista, la zona más pobre de San Martín, porque creemos que hay un patrón común que es la impunidad en términos de cobertura policial a los asesinos, la policía no los busca”, afirmó el diputado y dirigente del Movimiento Evita. Después de acompañar a las familias de las víctimas –todos jóvenes–,Grosso y referentes de la educación, la política y las organizaciones del barrio decidieron impulsar la denuncia en la que solicitan que en la investigación “sean separadas las fuerzas de seguridad”.
El asesinato de un chico de 13 años hace unas semanas fue el detonante de la furia de los vecinos del barrio. Enzo había recibido dos disparos por la espalda mientras se encontraba con sus amigos en una esquina de José León Suárez. Las disputas entre bandas de narcotraficantes, la persecución policial a los jóvenes y la mirada hacia otro lado de los mismos policías ante los narcos se llevó la vida de “más de veinte pibes de la zona”, denunció Grosso, referente de la Juventud Evita y del partido de San Martín. El diputado lanzó el año pasado la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, enfocado en la situación de la zona, donde hace aproximadamente tres años se produjo la Masacre de León Suárez, en la que dos chicos fueron asesinados por las fuerzas policiales.
El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, dio paso a las denuncias y enfocó hacia el gobierno provincial y el nacional. “Con cincuenta gendarmes es imposible luchar contra las bandas de narcos, porque hay denuncias de complicidad con la policía”, aseguró el intendente, tirando la pelota para otro lado. Una de las críticas que se le realizan a Katopodis es su inacción frente a los hechos. Para Grosso, el jefe comunal “podría haber presentado él un pedido de investigación en la fiscalía”, pero sin embargo tuvieron que realizarlo ellos “acompañando a las familias”.
“Nadie investiga los patrones comunes entre todos esos casos, sólo investigan el hecho material. Lo que pedimos es que se busquen las conexiones porque nadie investiga la conexión entre el uso de armas, las muertes violentas y el accionar policial”, sostuvo Gro-sso, que reunió en la presentación judicial el apoyo de los directores de escuelas, los curas párrocos de la zona y el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta. También acompañaron la denuncia ante el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, los diputados Edgardo De Petri, Gloria Bidegain y Jorge Rivas, el diputado provincial Fernando Navarro, el CELS y el gremio docente Suteba, entre otros. Grosso continuará el reclamo con una reunión con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y otra con el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, mientras organizan una movilización junto a los vecinos.
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