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El fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, realizó ayer una presentación espontánea en la causa que enfrenta a la AMIA-DAIA con el Poder Ejecutivo por la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento firmado con Irán. Nisman no es parte en esa controversia, pero sostiene en su escrito que los fiscales deben ejercer un control de constitucionalidad. En el juzgado evaluarán si la presentación es pertinente, pero el centro de ese expediente es que la AMIA y la DAIA afirman que el memorándum es inconstitucional, mientras que el Ejecutivo tiene hasta el miércoles próximo para argumentar lo contrario. En el Ministerio de Justicia trabajan a tiempo completo en esa respuesta. Luego, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral resolverá. Todo indica que habrá apelación, el tema llegará a la Cámara Federal, con estación final en la Corte Suprema. En paralelo, en los próximos días habrá un nuevo encuentro con las autoridades iraníes, en Ginebra, para definir cómo se avanza.
Desde la firma del acuerdo, Nisman se convirtió en un opositor acérrimo. Lo transmitía en sus conversaciones privadas, pero no lo había mostrado en público hasta ayer. Lo hizo con un escrito durísimo en el que dice, por ejemplo, “que se trata de una afrenta a la independencia de la Justicia” y “una intromisión grosera”, términos que en Tribunales llamaron la atención. Desde los argumentos, la presentación de Nisman va en el mismo sentido que lo señalado por AMIA y DAIA. Hace numerosos cuestionamientos, centrados en la llamada Comisión de la Verdad que establece el Memorando y que está integrada por dos juristas internacionales designados por Argentina, dos por Irán y uno –el presidente de la comisión– nombrado por consenso. Nisman sostiene que permitirle a Irán que designe integrantes de la comisión es darles potestad a los acusados y al país que no colaboró con la Justicia.
Las órdenes de captura por el atentado tienen ya más de 10 años de antigüedad. Y las últimas alertas rojas dictadas por Interpol son de 2007. Pese a ello nunca se pudo avanzar. Irán sostiene que no tuvo nada que ver con el atentado y que la causa judicial es un armado de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel y la corriente de la SIDE que –dicen en Teherán– reportaba a Washington. La Justicia de nuestro país dice que hay elementos para imputar por el ataque a la organización pro-iraní Hezbolá y que existen pruebas, sobre todo contra quien fuera agregado cultural de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani. La idea del Memorando fue buscar un acuerdo entre los dos países para que los imputados se sienten a declarar frente al juez Canicoba Corral, y que se contrasten las pruebas, recolectadas en la época del destituido juez Juan José Galeano y posteriormente por Nisman.
Los iraníes argumentan que la única vez que las evidencias fueron sometidas a un juez imparcial, en Londres, el 12 de septiembre de 2004, tras la detención del que fuera embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour, el magistrado John Royce liberó al ex diplomático señalando que las pruebas en su contra –las 129 páginas enviadas por Galeano– eran débiles. No sólo liberó a Soleimanpour, sino que se le pagó una indemnización. Nisman afirma que las evidencias recolectadas en los últimos años consolidan la acusación contra los iraníes.
En cualquier caso, la idea de la presidenta Cristina Kirchner y del canciller Héctor Timerman fue buscar una solución similar a la del caso Lockerbie, un atentado en 1988 contra un avión de Pan American que cayó en esa localidad escocesa. Murieron 270 personas y los acusados fueron dos libios, que –por acuerdo entre Libia, Gran Bretaña y Estados Unidos– fueron enjuiciados en Holanda 12 años más tarde.
En el terreno judicial, la AMIA y la DAIA hicieron una presentación para que se declare la inconstitucionalidad del Memorando y finalmente la Corte determinó que sea Canicoba Corral el que resuelva ese punto. El juez le dio vista al Ejecutivo para que responda a los argumentos de las entidades judías, con plazo de vencimiento la semana que viene. Aunque no es parte del litigio, Nisman salió a respaldar la postura de la dirigencia judía, mientras que entre los familiares hay discrepancia: la mayoría está a favor –con reservas– del Memorando porque lo consideran una esperanza para lograr avances: el próximo julio se cumplirán 20 años del ataque.
Nisman –tomando la postura de AMIA-DAIA– cuestiona la Comisión de la Verdad en la conformación y en sus atribuciones. Dice, por ejemplo, que esa Comisión podrá interrogar a los imputados, algo que el Ejecutivo niega. Es más, el Gobierno afirma que la Comisión sólo trata con las partes, es decir, con los gobiernos de Argentina e Irán, a quienes dirigirá sus recomendaciones. Según la Casa Rosada, la función de la Comisión es lograr un proceso que respete los sistemas judiciales de ambos países. Nisman opina que es una intromisión prohibida por la Constitución y que se trata de un órgano ajeno a las instituciones argentinas, al nivel de considerarlo “parajudicial”, “groseramente inconstitucional, una ofensa a la división de poderes, que avasalla los principios de la Constitución”. Como se ve, la terminología es singularmente violenta.
El debate planteado tiene que ver con la forma de avanzar en el caso AMIA. En la Casa Rosada están convencidos de que el memorándum es el único camino para salir de la parálisis. Del otro lado, la postura implica seguir denunciando en los foros internacionales a Irán y esperar que alguno de los imputados salga del país, se lo capture y la Justicia del país que detenga al sospechoso acepte extraditarlo.
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