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Después de decenas de audiencias públicas que recorrieron el país, cientos de ponencias y expositores, la reforma del Código Civil y Comercial que había comenzado a tratarse en el Congreso hace más de un año parece encontrar el camino definitivo para su sanción. La comisión bicameral especial para la reforma de los códigos volvió a reunirse ayer y arrancó con la discusión de un dictamen presentado por el Frente para la Victoria. El próximo lunes, se presentarán en el Congreso los representantes del Poder Ejecutivo: el ministro y el secretario de Justicia, Julio Alak y Julián Alvarez; y para el martes, fueron invitados, los referentes de la comisión de juristas redactores del anteproyecto: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci. El kirchnerismo esperaba tener sancionado el nuevo código antes del 10 de diciembre, ya que entonces se producirá el recambio parlamentario, lo que podría implicar una postergación indefinida. En el Senado, se buscará aprobarlo en la sesión del 27 de noviembre, y en Diputados, de ser posible, en los diez días siguientes.
El complejo proceso de sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que ahora se aproxima a su fin, comenzó en febrero de 2011 cuando el Gobierno decretó la creación de una comisión redactora, que elaboró el anteproyecto. La comitiva de juristas estaba presidida por el titular de la Corte Suprema, Lorenzetti, y secundado por Highton de Nolasco, entre otros. En esa instancia se hizo una primera reducción y actualización de los 4506 artículos de los códigos Civil y Comercial, que ahora pasaría a ser un texto unificado de 2671 artículos. Posteriormente, el borrador pasó por el Poder Ejecutivo para su revisión, y el 8 de junio de 2012 fue enviado al Congreso para su tratamiento. Un mes después se constituyó la comisión bicameral integrada por las distintas fuerzas parlamentarias. En principio, el nuevo código iba a aprobarse el año pasado, pero los plazos se fueron prorrogando hasta ahora.
En la reunión de ayer, el jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Angel Pichetto, advirtió que “si se prorroga el trabajo de la comisión sin el dictamen, va a ser problemático, porque hay vencimientos de mandatos y habría que conformar nuevamente la comisión”, retrocediendo en un trabajo parlamentario que incluyó audiencias públicas en 15 distritos del país que van desde Ushuaia hasta Misiones, pasando por La Rioja, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Salta, Buenos Aires y Capital Federal.
El radicalismo, representado por el senador Ernesto Sanz, cuestionó las demoras y el apuro actual del oficialismo. “Nadie ha explicado por qué razón el tratamiento de este tema, que fue siempre una política de Estado llevada adelante con la máxima madurez por todos, se cortó abruptamente y nunca nadie nos dio una explicación sobre esto”, se quejó Sanz mientras su compañero Gerardo Morales dijo que recién el lunes, luego de leer la propuesta del FpV, podrán establecer si requieren más tiempo. “Necesitamos ver ahora de qué manera se puede compatibilizar con las otras propuestas”, agregó el radical Ricardo Gil Lavedra, quien adelantó que no comparten “muchas amputaciones sufridas en el proyecto original” redactado por la comisión de juristas. Puntualmente apuntó a temas como la “responsabilidad del Estado, el acceso a un derecho humano fundamental como es el agua, el derecho de pueblos originarios, cómo van a ser considerados, entre otros”.
Por su parte, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, sostuvo que “es importante reducir al mínimo los puntos de disidencia o de discordia”, mientras que Liliana Parada (Unidad Popular) directamente consideró que el nuevo código “implica un retroceso en materia de derechos sociales” y consideró que es un “pobre” trabajo el que se les ofrece a “las generaciones futuras”. A diferencia de sus pares, la peronista massista, Graciela Camaño, destacó el “enorme trabajo” de la comisión “a lo largo y a lo ancho de todo el país”. De todas maneras, Camaño también reclamó tiempo para leer las modificaciones introducidas por el bloque del FpV.
El presidente de la bicameral, Marcelo Fuentes, recordó que los asesores continuaron trabajando en el texto, a pesar de que no se reunió la comisión producto del calendario electoral. El titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, pidió “articular miradas compartidas” y conocer “las diferencias con los otros bloques”, ya que “el trabajo de consulta ya pasó” y se inició un “proceso de cierre”.
La propuesta de dictamen del kirchnerismo contiene 105 páginas, resume el proceso llevado a cabo hasta ahora, la tarea realizada por la comisión y las modificaciones introducidas por el bloque oficialista a la propuesta del Ejecutivo, con sus explicaciones respectivas. Según el predictamen, el nuevo texto queda dividido en seis libros. El primero consta de una parte general, que involucra la persona humana, jurídica, los bienes, hechos y actos jurídicos y la transmisión de derechos. El segundo regula las relaciones de familia, como el matrimonio, las uniones convivenciales, el parentesco y la adopción, entre otros. El tercero incluye los derechos personales, sus obligaciones y contratos. El libro cuarto se refiere a los derechos reales, como posesión, dominio, propiedad comunitaria indígena, propiedad horizontal, usufructo. El libro quinto versa sobre la transmisión de derechos por causa de muerte. Y el libro sexto, por último, fija disposiciones comunes a los derechos personales y reales.
Aproximadamente unas 170 modificaciones se le realizaron al texto en el Congreso (ver puntos centrales aparte). Algunas de las cuestiones que despertaron mayor controversia fueron omitidas en el nuevo código, donde se dejó constancia de que serán materia de una ley especial. Ese es el caso de la responsabilidad civil del Estado, que incluso está actualmente bajo tratamiento en Diputados. De modo similar, los derechos de los pueblos originarios son reconocidos en el código, aunque también se especifica que serán materia de otra ley “en particular, la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Por último, también será objeto de otra norma “la protección del embrión no implantado”. Este último punto era una de las tantas cuestiones que reclamaba la Iglesia Católica, así como la eliminación de la gestación por sustitución, que fue finalmente omitida del nuevo código.
Entre otras cuestiones, se mantienen las modificaciones introducidas en 2010 con la ley de matrimonio igualitario y se agregan simplificaciones en el trámite de divorcio y también en el de adopción, estableciendo menores requisitos y fijando un plazo de 90 días para que el juez determine la “situación de adoptabilidad” de un menor. Además, hay cambios en las sociedades y contratos.
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