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Pese a las evidencias de una pésima performance en la duración de los concursos para ocupar vacantes de jueces y aunque debe adaptarse a lo que quedó en pie de la reforma judicial, el Consejo de la Magistratura puso en el freezer la discusión de cambios reglamentarios para posibles mejoras. Según muestran sus propias estadísticas internas, el organismo este año batió records de inactividad y envió al Poder Ejecutivo sólo una terna de candidatos para un juzgado federal de Moreno, que ni siquiera está habilitado. En rigor, mandó dos más, pero le fueron devueltas por no estar armadas de acuerdo a la nueva ley. De los proyectos en discusión entre los consejeros se venía imponiendo el del representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, que hace eje en eliminar el examen oral y dejar sólo uno escrito como forma de acortar plazos. Pero dentro del propio oficialismo del cuerpo hay rechazos a ese plan por considerar que favorecerá manejos dudosos.
Las reuniones del jueves último fueron típicas de diciembre: todo se vota en segundos, un expediente tras otro. Uno de los jueces, Alejandro Sánchez Freytes, cortó la seguidilla: “¿No íbamos a tratar el reglamento?”. El presidente de la comisión de selección, Carlos “Cuto” Moreno, le contestó “el año que viene”. Moreno ni siquiera convocó a la reunión de selección. Fue una decisión premeditada. Quiso abortar el tratamiento del nuevo reglamento que unía la propuesta de Ordiales y la del presidente del Consejo, el juez Mario Fera, una alianza inédita entre el hombre del Ejecutivo y el sector de los jueces, que incluye al camarista Ricardo Recondo, de la Asociación de Magistrados, con quien se sacó chispas por el caso Clarín. Los jueces se avenían a votar el plan de Ordiales, si les garantizaban apoyo a un proyecto para que las vacantes en juzgados las ocupen los secretarios en lugar de los conjueces abogados que postula por ley el Poder Ejecutivo.
Según las estadísticas del Consejo, el promedio de duración de un concurso para juez es de 31 meses. Los proyectos de Ordiales y Fera aspiran a reducir los plazos seis meses o un año, promocionan. Moreno insinuó que presentará alternativas, que aún no se conocen.
Contra la creencia común, la Corte Suprema no volteó toda la reforma del Consejo votada este año en el Congreso. Hizo caer la elección popular de consejeros pero quedaron en pie novedades para los concursos, desde cómo se arma una terna a quién puede ser jurado. Así, la primera discusión en el Consejo fue: ¿a qué concursos se les aplica la nueva ley? Y decidió que sólo a los nuevos. Los procedimientos para cubrir las 213 vacantes pendientes que están en el cuerpo seguirán bajo la parsimonia de siempre. En realidad los cargos acéfalos son más: 258 de 990 cargos en todo el Poder Judicial. Hay 45 ternas todavía bajo análisis del Ejecutivo antes de pasar al Senado. Para mayor engorro, hay 61 cargos nuevos sin habilitar por la Corte.
El Poder Ejecutivo, sin embargo, quiere recibir las ternas con el criterio de la nueva ley: tres para cada cargo a cubrir. El Consejo había enviado cinco nombres en total para tres cargos en el fuero de la Seguridad Social y cinco para tres en el de Ejecución Penal. La ley dice que los jurados sólo deben ser académicos, no jueces, para evitar favoritismos corporativos. El Consejo interpretó que también pueden ser jueces académicos.
El proyecto Ordiales-Fera impulsa eliminar el examen oral y establecer mecanismos para que se cumplan los 15 días de plazo para tratar las impugnaciones a los exámenes. Se requerirá un mínimo de 60 puntos en la prueba escrita para poder integrar una terna. En la calificación de antecedentes se seguirá priorizando a quienes vienen de la carrera judicial y habrá menos puntaje para los abogados.
El examen oral había sido incorporado por iniciativa de la ex consejera Diana Conti tras el alboroto que generó en 2009 un caso de fraude en el concurso para un tribunal de Paraná, donde se descubrió que uno de los aspirantes había llevado una copia de la prueba escrita que le iban a tomar. Otro caso escandaloso fue el concurso para los juzgados federales porteños donde un concursante, Carlos Ferrari, había citado “de memoria” más de 40 fallos de la Corte estadounidense y otro, Luis Rodríguez, había pedido días antes un expediente sobre robo de monedas al Banco Nación idéntico al que le tomarían en la prueba. Lo que unía a Ferrari y Rodríguez era una relación cercana con el integrante de la Auditoría General Javier Fernández, hombre influyente en tribunales ya desde el menemismo. Fernández es padrino de la hija de Rodríguez.
Durante las últimas semanas, los trece integrantes del Consejo designaron asesores que armaron una comisión para pulir un posible nuevo reglamento de selección. La voz cantante en la reunión la llevó Silvia Arcos, la esposa del juez Rodríguez, quien trabaja en la Secretaría General y es colaboradora de Ordiales, también de estrecha relación con Fernández. Las reuniones de esa comisión fueron intensas y técnicas, pero uno de los participantes dijo a este diario que todo el mundo sabe que lo que está en discusión es quién maneja concursos, incluido el armado de jurados, y designaciones.
De los trece integrantes del Consejo, seis son del oficialismo, pero no están cohesionados: Ordiales suele arrastrar los votos del académico Manuel Urriza, de Ada Iturrez y de Stella Maris Córdoba (a quien hoy se le vence el mandato), pero el senador Marcelo Fuentes y el diputado Moreno no le responden. Ordiales ha tejido una asombrosa alianza con los jueces, incluso con los conservadores Recondo y Sánchez Freytes, que en realidad es una sociedad con el oficialismo de la Asociación de Magistrados. Los radicales Mario Cimadevilla y Oscar Aguad van y vienen, lo mismo que los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky.
Las decisiones importantes se toman con dos tercios de los presentes en el plenario. Más de un año atrás, radicales, jueces y abogados ejercían bloqueo, y así se explicaba la parálisis del organismo. Este año, la excusa de la inactividad fue, según alega Fera, la discusión por la reforma judicial. Pero es obvio que el problema sigue, y las fisuras políticas atraviesan todos los planos.
La lista de concursos con demoras flagrantes es enorme. Ordiales le insiste a Página/12 que si se quita el examen oral se podría ahorrar hasta un año de trámite. Fera rescata que “evitaría una instancia de impugnaciones”. Otros consejeros, como Ostropolsky, buscan vueltas para que si se quita la instancia oral se torne compleja la escrita con un examen de conocimientos. Los asesores trabajaron contra reloj estos días para llegar al jueves con algo armado. Un punto de polémica fue qué hacer si el pleno no logra los dos tercios para aprobar una terna. Así, el reglamento sigue en la nada y las peleas de poder cada vez son más complejas.
No es fácil el intríngulis actual del Consejo. Ante rumores de que el Ministerio de Justicia lo sacaría del Consejo, sumado que se va la diputada Córdoba, Ordiales intentó apurar el paso, pero no le fue bien. Tampoco logró el jueves último suspender al juez federal Daniel Rafecas, a quien insiste en acusar de mal desempeño en el caso Ciccone pese a los múltiples respaldos de organismos de derechos humanos, por un pedido de postergación de la otra ala kirchnerista.
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