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Recién al caer la noche, y en medio de algunas disputas intestinas, el sector sublevado de la policía que tuvo en vilo a los bonaerenses aceptó el aumento otorgado por decreto por el gobernador Daniel Scioli. Así se daba por terminada la protesta de los uniformados que se habían concentrado en la sede de la Infantería platense y en la comisaría 1ª de Mar del Plata. Scioli había anunciado a primera hora de la tarde una recomposición de los haberes de la Bonaerense que llevará al salario básico inicial de la policía a 8570 pesos. “Nos parece justo y razonable”, dijo Scioli en La Plata, aunque aclaró que se trata de “una decisión tomada y no un ofrecimiento, porque no son trabajadores nucleados en asociaciones sindicales”. La resolución la adoptó en consulta con otros gobernadores (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) para no generar diferencias que potencien los reclamos policiales. De todas maneras, el gobernador les apuntó a los agitadores entre los uniformados: “Son grupos minoritarios y por eso convocamos a estos individuos a que normalicen la situación”, remarcó, al tiempo que destacó que le llamaba la atención que las protestas de efectivos en diferentes provincias se dieran al cumplirse 30 años de democracia.
Una dependencia de la Infantería policial en La Plata fue el primer foco de reclamo de la Bonaerense, a donde desde el domingo llegaron policías “retirados” y “exonerados” para hacer su reclamo, también en compañía de la “familia policial”, compuesta por supuestos parientes. Pero la única situación de vandalismo en la provincia se vivió en las primeras horas de la madrugada del lunes en Mar del Plata, con saqueos a una docena de comercios.
Las autoridades provinciales tienen aún la vista puesta allí. Nadie se explica cómo la decisión de abandonar el servicio de tres de las 17 comisarías marplatenses dio origen a rápidos saqueos de comercios en el centro de la ciudad.
Según el intendente Gustavo Pulti, doce comercios fueron atacados por vándalos entre la 0.30 y las dos de la madrugada del lunes, y que hay 17 detenidos por la policía que no se había sumado a la protesta. Más tarde agregó que sólo el “50 por ciento de la policía local” estaba en actividad, además de los efectivos de Prefectura. Hasta allí viajó por la tarde el jefe de la Bonaerense, el comisario Hugo Matzkin, para dialogar con los insubordinados y convencerlos de que desistieran de su postura. Al caer la tarde, desde la Gobernación había cierto optimismo de que la propuesta salarial de Scioli descomprimiría la resistencia de los policías díscolos. Preferían no hablar de “focos” y “autoacuartelamiento” policial y definían la situación de los rebeldes como “manifestaciones” de “personal fuera de servicio” y “retirado” que “no afectaba el funcionamiento policial”. Voceros de la Gobernación también circunscribían la protesta a la Infantería en La Plata y a los policías marplatenses. También reconocían pequeñas asambleas en algunos municipios del conurbano, como sucedió en Almirante Brown, donde los uniformados trataban de extender el reclamo.
Por esas horas, el ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados, se había trasladado hasta las dependencias de la Infantería para tratar de disuadir de la protesta a los sectores más duros que rechazaban el acuerdo, pese a que muchos uniformados se habían dado por conformes con el anuncio salarial del gobernador. Hubo un nuevo encuentro con los rebeldes, donde Granados ratificó –según afirmaron los voceros provinciales– que se “trataba de una decisión y no de una negociación”.
La ratificación y la firma del decreto de aumento salarial fueron una “prenda” de garantía para los uniformados dispuestos a aceptar el aumento. La difusión de la firma del decreto estuvo a cargo del jefe de Gabinete sciolista, Alberto Pérez, de la ministra de Economía provincial, Silvina Batakis, y del propio Granados. “Este esfuerzo que está haciendo este gobierno y que está haciendo toda la sociedad tiene que ser retribuido por toda la policía, institución que en su enorme mayoría está cumpliendo con su deber”, sostuvo Pérez con el decreto en la mano e instó a “un pequeño grupo de policías que no está cumpliendo con su responsabilidad a que lo hagan, porque los funcionarios públicos están para llevar tranquilidad a las familias de la provincia de Buenos Aires y no para llevar zozobra”.
Las diferencias entre los propios policías se manifestaron en la asamblea platense de los uniformados, donde la discusión y forcejeos precedieron al anuncio de los “negociadores” que habían dialogado con Granados, en medio de una puesta en escena para los medios de comunicación. “Somos la policía del pueblo”, rezaba el cartel que presidía la asamblea de la Bonaerense. “El pueblo unido jamás será vencido”, cantaban los policías.
“El negociador”, según los uniformados, leyó el decreto provincial con salarios “básico, de bolsillo y remunerativos, sin las horas Cores”. La nueva escala lleva el sueldo inicial de un oficial de 5717 pesos a 8570 (50 por ciento de aumento), de un teniente de 7708 a 10.578 (37 por ciento) y un oficial principal de 8050 a 10.918 (36 por ciento). La propuesta que habría hecho Granados incluye otros 450 pesos por uniforme en enero y el compromiso de enganchar el sueldo policial a los aumentos que se definan en la paritaria docente de la provincia.
“Ahora dejo el lugar para que hablen otros, ya que tienen tanto huevo”, vociferó el uniformado en un mensaje dirigido a los “más disconformes”, retirados y familiares. Cuando éstos tomaron el protagonismo frente a las cámaras y grabadores, comenzaron los insultos contra Scioli y soltaron la amenaza de que volverían a sublevarse, pero el grueso de los policías que aceptaron el aumento ya se había retirado del lugar.
Poco después Scioli ratificaba ante algunos medios que “no íbamos a seguir con la escalada de las negociaciones” y daba por cerrado el episodio policial para “llevar tranquilidad” a los bonaerenses.
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