“Volvió la calma a Concordia”, afirmó ayer el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien se instaló en esa ciudad para buscar una salida a la crisis planteada por el autoacuartelamiento de un sector de la policía local. Como consecuencia de la protesta policial, hubo saqueos durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Urribarri confirmó que murió electrocutado “un joven de 22 años que había entrado con otras personas a un negocio de electrodomésticos”; otras 25 personas resultaron heridas. Anoche se supo de una segunda muerte, en hechos similares ocurridos en Jujuy (ver aparte). Urribarri aseguró que en su provincia “fue imposible prever el accionar delictivo claramente pergeñado” por grupos que “pretendían dañar económicamente a los comerciantes y políticamente al Estado”. El ministro de Gobierno, Adán Bahl, ratificó en Paraná que el sueldo inicial de los policías fue elevado a 8530 pesos. En Concordia, seguían autoacuartelados anoche “unos 50 o 60 agentes”, pero voceros del grupo anticiparon que levantaron la medida tras el acuerdo salarial.

Mientras tanto, otros policías que no adhirieron a la medida, junto con la Gendarmería y Prefectura, habían retomado el control en esa ciudad y habían reforzado la custodia en Paraná, la capital provincial, donde hasta anoche no se habían registrado incidentes. Antes del acuerdo, el vicegobernador José Cáceres había llamado, por medio de un comunicado, a “la paz y social y la normalización institucional” para “recuperar la concordia y brindar tranquilidad a toda la sociedad”.

Cáceres dijo que “conservar la paz, la seguridad y evitar heridos o pérdidas humanas es un deber prioritario de todos, tanto de las autoridades democráticamente electas como de quienes llevan adelante el reclamo o de quienes aprovechan esta situación para cometer hechos que todos lamentamos profundamente”.

Desde Concordia, el gobernador Urribarri informó que ordenó que se reúna “toda la información necesaria, videos y fotos, porque ninguno de los comercios que fueron atacados fue porque alguien tuviera hambre”. Afirmó que lo ocurrido “indigna y no dudo de que también haya habido instigaciónpolítica”. De todas maneras, insistió en que “volvió la calma a Concordia” y sostuvo que “la inmensa mayoría de la Policía –porque no llegan a 50 las personas que tomaron la jefatura–, más los efectivos de Gendarmería y de Prefectura se encuentran trabajando”.

El gobernador reiteró que “va a actuar la Justicia” para investigar a las personas que participaron de los saqueos porque “este hecho delictivo no tiene justificativo, porque no hay una situación social que explique semejante vandalismo”. Sobre la actitud asumida por los policías que se autoacuartelaron y tomaron la jefatura, señaló que “puede estar configurada en el Código Penal bajo la figura de sedición, que es un delito contra el Estado democrático”.

Las palabras del gobernador fueron refrendadas por el procurador del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García, quien afirmó que “este quebrantamiento de la ley (por parte de los autoacuartelados) es de una gravedad inusitada y les vamos a caer con todo el peso de la ley”. García recordó que la institución policial tiene “el deber de resguardar la seguridad, se les da el monopolio de la fuerza, la posibilidad de portar las armas, estas personas tienen deberes que son especiales”.

Y puso un ejemplo: “Imaginen que nosotros, los jueces, decimos que vamos a liberar a todos los delincuentes a la calle para sembrar este caos”. El procurador coincidió con el gobernador en el sentido de que “esto está orquestado y no hay que chuparse los dedos”. Insistió, por lo expuesto, en que “estamos ante la posibilidad de un delito de sedición, que significa la afectación del orden constitucional”. Consideró que el Estado “debe demostrar que es fuerte” y, por tal motivo, la Justicia “irá hasta las últimas consecuencias legales”.

García sostuvo, además, que los autoacuartelados son “personajes que ya tenemos identificados” y que ellos serían los que “instigaron los saqueos” protagonizados “por personas que no son carenciadas, porque se llevaron televisores y plasmas, algo lamentable”. Resumió su postura afirmando que “hay que contestar con toda la fuerza del derecho, no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de estado de derecho; lo que ocurrió es un aprovechamiento desleal en el marco de las reglas del juego”.

Por su parte, el intendente de Concordia, Gustavo Bordet, aseguró que “la situación está normalizada” y personal de diversas seccionales que no participaron del reclamo patrullan la ciudad desde ayer a la mañana. De todas maneras, admitió que “aún persiste el amotinamiento de unos 50 o 60 personas (en la jefatura central), con una clara actitud sediciosa”. Denunció que hubo “una actitud sediciosa y muy organizada, porque en el mismo momento en que comienza el autoacuartelamiento, comienzan los saqueos en distintos lugares de la ciudad”.

Remarcó que los incidentes “no fueron espontáneos, sino que hubo un nivel de organización y hay que decir que los robos que se hicieron no fueron de artículos de primera necesidad de consumo, sino que se robaron electrodomésticos, motocicletas, muebles y otros bienes de esa naturaleza”. También destacó que se va a actuar “en forma implacable con aquellos que cometieron estos delitos”. En Paraná, mientras tanto, aunque no se habían producido incidentes, por precaución se suspendieron la entrega de premios de la Asociación Paranaense de Vóleibol y la final femenina que debían jugar ayer Echagüe y Rowing.

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