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La situación en las provincias y las policías locales tiende a calmarse y el gobierno nacional mantiene la convicción de que los episodios fueron organizados. “Se han podido establecer los mecanismos para garantizar el efectivo funcionamiento de las fuerzas de seguridad en cada una de las jurisdicciones”, aseguró ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al analizar el seguimiento del conflicto en las distintas regiones. “Si se producen otros hechos tendremos que evaluarlo, pero entendemos claramente que eso está resuelto”, señaló. El chaqueño denunció nuevamente que se trató de “una acción premeditada con alevosía para provocar incertidumbre con métodos extorsivos”.
“De la comunicación telefónica con todos los gobernadores de las provincias argentinas, consideramos que la situación está encauzada y resuelta”, destacó el jefe de Gabinete, al despuntar el día, en la Casa Rosada, ya con las revueltas policiales solucionadas casi en su totalidad, después de una semana marcada por las rebeliones de las fuerzas de seguridad por reclamos salariales, que trajeron detrás los saqueos en zonas en las que se dejó de prestar el servicio.
El funcionario señaló que el conflicto había sido “premeditado” con el fin de “atacar en esencia el sistema democrático republicano y que los argentinos no pudiesen conmemorar los treinta años de democracia” –que se cumplieron el martes– con un acto popular en la Plaza de Mayo.
“No se puede organizar por mensajes de texto, se hace en una fecha y momento determinado”, sostuvo Capitanich, apuntando al armado y organización de los reclamos policiales en todo el país. El jefe de Gabinete anunció que se pidió a “jueces y fiscales” que investiguen “el vínculo entre ex policías autoconvocados, exonerados, agentes del disturbio y el desorden, liberación de zonas, grupos de narcotraficantes y mecanismos de financiamiento que permitieron una logística integrada”, para provocar la situación de caos en los distintos distritos. Apuntó, además, que formaba parte de la estrategia de estos grupos “aparte de cambiar la agenda pública, introducir otra cuestión, que es generar un efecto anticipatorio de eventuales paritarias para quebrantar o vulnerar cualquier acuerdo de carácter salarial hacia el futuro y también desde el punto de vista del acuerdo de precios. No es casualidad”.
El ex gobernador chaqueño desestimó las críticas que algunos mandatarios provinciales realizaron sobre una supuesta lentitud a la hora de enviar fuerzas de seguridad de apoyo ante los saqueos. “No es una cuestión automática, que se piden efectivos y llegan a una velocidad supersónica”, señaló con ironía y agregó que “cuando exigen la presencia de Gendarmería se debe observar que la respuesta lleva un tiempo, con la organización, el traslado y la intervención en el territorio”. En ese sentido, hizo foco en el comportamiento de las policías regionales, porque “todos los gobernadores han sido legítimamente elegidos por el voto popular y por lo tanto no puede haber ni indicios de sedición ni acciones de esta naturaleza. Tenemos que repudiarlas enérgicamente”.
El gobierno nacional decidió sostener el festival por los treinta años de la reanudación de la democracia y también recibió algunas críticas de parte de sectores de la oposición. “El de ayer (por el martes) no era un día más, era un día para que los argentinos pudiéramos reivindicar la democracia, a sus actores, y que el pueblo naturalmente tuviera la oportunidad de expresarse en ese sentido”, dijo el coordinador de los ministerios.
Por otra parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ponderó la actitud de parte de los gobernadores de no negociar, sino de dar por decreto los aumentos salariales que reclamaban las fuerzas policiales. “El poder político no tiene que pactar con las fuerzas de seguridad, el poder político tiene que conducir a las fuerzas de seguridad, y las fuerzas de seguridad tienen que estar para prevenir el delito y no para otra cosa”, señaló Rossi.
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