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“Nosotros no tenemos asesores civiles, sólo contamos con colaboradores que nos ayudan. Pero en este tema ustedes son nuestros asesores”, afirmó el teniente coronel José Maríncola, uno de los integrantes de la Comisión Asesora Legislativa (CAL). “No es el momento para un cambio en el sistema (de garantías). Las consecuencias serían deplorables. La banca oficial está garantizada pero la privada no. La supresión de la garantía de depósitos contradice la actual política del gobierno, que es la de favorecer la actividad privada”, respondió Eustaquio Méndez Delfino, de la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA).
Era el 23 de mayo de 1979. Los militares que integraban la subcomisión 5 de economía de la CAL, Maríncola, el capitán Pedro Galazi y el mayor José Ribeiro, habían convocado a los representantes de los bancos privados a discutir un cambio en la Ley de Entidades Financieras. La excusa era el artículo 56, que hasta ese momento establecía que el Banco Central se hacía cargo de todos los depósitos de las entidades financieras del país. Pero en cuatro reuniones registradas entre mayo y junio del 1979, los empresarios nucleados en ABRA, Adeba, CACF, junto a José Alfredo Martínez de Hoz, y el presidente y vice del BCRA, Adolfo Diz y Christian Zimmermann, ofrecieron a sus interlocutores la mejor radiografía sobre la concentración del sistema financiero, los mecanismos de liquidación de las cooperativas de crédito, y el rol “pasivo” que debía tener el Central para garantizar los negocios privados. De esos encuentros surgen detalles pormenorizados de los negocios de los bancos “con las armas del Estado”.
Estos registros surgen de versiones taquigráficas de aquellas reuniones contenidas en documentos completos hallados en el Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, que ahora están bajo investigación de la Comisión Nacional de Valores en conjunto con el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa que conduce Agustín Rossi. La Ley de Entidades Financieras fue finalmente modificada en su artículo 56. Después de garantizarles el negocio a muchos banqueros, Martínez de Hoz restringió el pago de las garantías de los depósitos. Ese fue el paso previo para la autoliquidación de varias entidades financieras. Muchas de estas “autoliquidaciones” son investigadas en la actualidad como posibles delitos de lesa humanidad.
–Ya tuvimos encuentros técnicos. Pero queremos ver las consecuencias políticas de esta reforma. Nosotros no las vemos –sostuvo Leopoldo Suárez del Cerro (contraalmirante). Su interlocutor era Martínez de Hoz y el encuentro se llevó a cabo el 12 de junio de 1979.
–Hubo resistencias a los cambios, pero se han superado. Las cooperativas eran 400 hace dos años y han quedado sólo 180. El resto se ha transformado en bancos... Hemos visto cómo dentro de este sistema han crecido ciertos bancos, ciertas entidades financieras, gracias a la garantía del Estado. Esto hay que tomarlo en un doble sentido. En principio, el Estado no puede favorecer un negocio particular para que crezca a costillas de una garantía del Estado. En segundo término, hemos estado, sin quererlo, garantizando la irresponsabilidad o promoviendo la irresponsabilidad que puede explotar. Es decir que el Estado mismo está promoviendo algo que, si llega a explotar, tiene consecuencias negativas para toda la plaza financiera –respondió Martínez de Hoz.
Esto que parece una autocrítica de Martínez de Hoz no es más que la ratificación de los logros del plan de apertura económica hacia el sistema financiero, vital para el sostenimiento del terrorismo de Estado. “En el último año y medio cerramos 21 entidades financieras. Entre el 21 de febrero de 1979 y el 31 de marzo de este año, hubo 19 quiebras y liquidaciones. En 1976, liquidamos dos entidades, incluyendo el Banco Comercial del Plata y Crédito Alberdi. También liquidamos otras diez entidades.” El recuento pertenece a Adolfo Diz, presidente del Banco Central, durante su reunión con la CAL del 19 de mayo de 1979. Entre 1977 y 1979, el gobierno cívico-militar, a través de la Ley de Entidades Financieras, concentró la cantidad de bancos privados y eliminó a las cooperativas de crédito.
“Esas reuniones son un balance de dos años de negocios de los bancos privados. Están regocijados con lo que ganaron durante ese período. La Ley de Entidades Financieras fue un negocio redondo, lo dicen los bancos y Martínez de Hoz, cuando remarca que los bancos privados pasaron de 3000 a 6000 sucursales. Es impactante leerlos a ellos. Fueron negocios privados con las armas del Estado”, explicó a Página/12 Bruno Nápoli, del equipo de investigación de la CNV, que junto con Walter Bosisio y Celeste Perosino están analizando los documentos de la Fuerza Aérea.
“Logramos cambiar el sistema con los redescuentos, la entrada libre al sistema financiero, las sucursales libremente establecidas y total libertad en tasas de interés. Este era un sistema con gente acostumbrada a 30 años de controles, por culpa del reglamentarismo del BCRA hacia los bancos. El BCRA no debe controlar nada. Ahora, en cambio, cerramos sólo 20 entidades financieras y el 80 por ciento fue por la locura de algún gerente que no se adoptó al propio sistema” (14 de mayo de 1979). Para Adolfo Diz, presidente del BCRA, el rol de la autoridad monetaria era la (no) regulación. O dicho de manera más apropiada, regular para consolidar la financiarización de la economía.
Las corporaciones económicas de la Argentina lograron quedarse con los puestos clave del gobierno cívico-militar. Martínez de Hoz llegó al Ministerio de Economía apalancado por el Consejo Empresario Argentino (CEA). La Secretaría de Programación y Coordinación económica fue ocupada por Guillermo W. Klein, un hombre de la Cámara Argentina de Comercio. El Banco Central quedó en manos de Adeba, con Diz y Zimmermann como presidente y vice de la entidad. Y la Secretaría de Agricultura y Ganadería fue un premio para la Sociedad Rural con José Zorreguieta a cargo de esa cartera.
Parte de estas corporaciones económicas son las que permitieron financiar el terrorismo de Estado.
De los documentos hallados en el Edificio Cóndor, con las transcripciones taquigráficas de los encuentros entre la CAL, los empresarios y Martínez de Hoz, puede entenderse cómo era el complejo entramado de relaciones entre estos actores. Después de dos años de aplicada la Ley de Entidades Financieras, el propio Martínez de Hoz reconocía que había que poner un límite a la política del Central de sostener los depósitos. La tarea ya estaba hecha. Los bancos habían contribuido al endeudamiento del país para financiar el gasto militar.
El endeudamiento externo con los bancos privados creció en el período 1975-1981 un 615 por ciento. La deuda externa creció entre 1977 y 1979, los dos primeros años de la aplicación de la Ley de Entidades Financieras, de 9679 millones de dólares a 19.034 millones de dólares. Al mismo tiempo, creció el gasto militar.
En 1975, los recursos para las Fuerzas Armadas representaban el 2,04 por ciento del PBI. En 1976, pasó al 3,79 por ciento. Durante el primer año de aplicación de la Ley de Entidades Financieras, el gasto militar representó el 4,01 por ciento del PBI. En 1978, fue del 4,73 por ciento y, en 1979, fue de 4,67 por ciento.
“La provisión masiva de divisas puede permitir y/o mejorar el funcionamiento regular del aparato burocrático del Estado (lo cual comprende la logística militar y represiva). En el caso argentino, los préstamos parecen haber financiado una política de mayores gastos militares que en años iniciales, y más cruentos en términos de abusos de derechos humanos. Esos gastos no estuvieron asociados a hipótesis reales de conflictos bélicos, sino a cuestiones de seguridad interior, lo que en la práctica significó la represión de la población”, escribió Juan Pablo Bohoslavsky en el libro Cuentas pendientes, los cómplices civiles de la dictadura, editado junto a Horacio Verbitsky.
La modificación del artículo 56 de la Ley de Entidades Financieras limitó las garantías de los depósitos para todos los bancos del sistema financiero, a pesar del rechazo de los mismos bancos, que habían sido artífices de la norma en cuestión. El cambio en la normativa propuso que el BCRA garantizase sólo una parte de los depósitos. Además, transformó el mecanismo de liquidación de bancos.
Entre el ’77 y el ’79, era el propio Central el que llevaba adelante la liquidación de las entidades que habían caído en la quiebra o en insolvencia. Pero a partir del nuevo artículo 56, se fijaron reglamentaciones específicas para cada caso, se dejó la opción de que los propios bancos pudieran vender parte de sus activos y pasivos, o que realizasen la venta de la entidad o la fusión. Es decir, que los propios accionistas se autoliquidasen.
“A partir de 1980 comenzó la seguidilla de quiebras producto de este cambio normativo. Durante los dos primeros años de vigencia de la norma hicieron todos los negocios posibles, y después empezaron a liquidar bancos”, agregó Bosisio. El proceso de autoliquidación de entidades escondía crímenes de lesa humanidad. Así fue el caso del Banco Latinoamericano, propiedad de Eduardo Saiegh, quien fue obligado a autoliquidar su banco luego de estar secuestrado y ser torturado durante una semana en la división de la Policía Federal del Banco Nación.
“En todo momento queda claro que los empresarios y los funcionarios se basan en las leyes vigentes, en las cartas orgánicas de los bancos involucrados. Ellos mismos se plantean si es constitucional o no la autoliquidación. Era una forma de acordar con los actores privados los mecanismos para avanzar sobre la propiedad privada de aquellos grupos que dejaban de ser funcionales a la dictadura cívico-militar. Esto es lo que nos permite hablar de una legalidad fraguada, que quedó al descubierto con los documentos de la CAL”, concluyó Nápoli.
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