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La placa roja de Crónica anuncia que estalló el verano y prodiga imágenes felices, chapuzones, escenas con cuerpos incitantes. Es un clásico de diciembre, como tantos otros. Los veranos son generosos en recurrencias, reformuladas en la etapa kirchnerista. Observar el nuevo conjunto en su totalidad no está muy de moda. Priman las miradas parcializadas, sea sobre los avances sea sobre los problemas crónicos en su nueva faz, sea sobre otros nuevos.
Lo que traen, o más bien resaltan, los veranos son la ampliación de derechos y de consumo a niveles altísimos. Las vacaciones son un derecho de los trabajadores que concretó el primer peronismo. El kirchnerismo recuperó su nivel masivo, que supera records de turismo interno e internacional, de ocupación de plazas, de consumo y de beneficiarios. Hay más autos, más motitos, más veraneantes, más aparatos de aire acondicionado. Cuando se habla de millones de consumidores con acceso a más bienes, se habla de trabajadores que mejoraron su nivel de vida.
En una sociedad capitalista es un ascenso disfrutar de más bienes y servicios, otrora reservados a sectores minoritarios. “Otrora” no es sinónimo del Medioevo sino de un puñado de años atrás. La mejora de las condiciones colectivas es un hecho innegable que conlleva una reducción de las asimetrías sociales y económicas.
De cualquier manera, la Argentina sigue siendo una sociedad desigual, enclavada en la región más desigual del mundo. Para precisar más, entrando en la necesaria gama de los grises: es uno de los países menos desiguales dentro de la América latina. El menos inequitativo entre los más grandes, por ejemplo. Y también más desigual que en otros tramos de su propia historia.
Los veranos y los diciembres también son momentos de tensiones sociales. Los saqueos, sus conatos o amenazas son parte del cuadro. También el cambio de los sujetos que acuden a esa práctica social. Antes los motivaba la necesidad extrema, ahora puede ser consecuencia de otras ansiedades o la explotación aviesa de una práctica que aviva recelos, temores... y concesiones.
Las huelgas de servicios públicos, en particular del transporte de pasajeros en media o larga distancia, suelen formar parte del paisaje. Por ahora no las hay pero nada garantiza que no se repitan este fin de año: la herramienta sirve para negociar subas salariales en un contexto de urgencia. Los empresarios suelen ser dadivosos en esos trances, sea porque ganan mucho, sea porque confían en conseguir subsidios que “trasladen el costo”.
Todos los reclamos provienen de (y aluden a) una sociedad activa, ducha en la protesta y hasta jacobina. También a una referencia relevante: la ocupación del espacio público y la acción directa dejaron de ser monopolio de los actores más desamparados. Todos le “tomaron la mano”: son movidas que mayormente “pagan” y la voluntad de no reprimirlas disminuye los riesgos potenciales. De ahí que las más intensas y lesivas hayan sido de actores que se oponen al Gobierno y que (como mínimo) no vacilan en desestabilizarlo. El ejemplo más canónico fue la protesta de las patronales agropecuarias, hace poco más de cinco años. El más flamante, la sedición de las policías provinciales que encarnaron una versión libre de la lucha contra las retenciones móviles, en este caso con la pistola en la cartuchera.
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Remezones de provincias: Las asonadas policiales resultaron exitosas porque terminaron con una seguidilla de mejoras salariales en muchas provincias. El método utilizado es injustificable pero los resultados fuerzan a suponer que si no hay reformas importantes, se repetirá más adelante.
Solo para empezar, los pactos firmados con los gobernadores serán una mochila pesada para el 2014. No solo por su impacto estricto en las arcas provinciales sino porque servirán de referencia en otras negociaciones del sector público. Si la paritaria docente era el termómetro previo, el “caso testigo”, ahora lo será la de los uniformados.
El nuestro, aunque es común olvidarlo, es un país federal. Los sueldos de las policías son, pues, distintos en 24 distritos... también hay fuerzas federales y municipales. Simplifiquemos mucho: los policías provinciales ganan menos, tienen menos equipamiento y soportan peores condiciones de trabajo que los de la Federal. Los sueldos federales están por debajo de la Metropolitana porteña. Y hay varias policías municipales que retribuyen mejor que las demás. Así las cosas, con toda lógica, hay migración de agentes, suboficiales y oficiales que acentúan las diferencias esta vez a la hora de seleccionar los cuadros.
Las propuestas de municipalización forman parte del fogoso debate que avivaron los “autoacuartelamientos”. Como otras varias iniciativas son interesantes a condición de advertir que no son implementables en un lapso breve, que solo funcionarían a pleno si se aprobaran por 24 legislaciones locales. Y que, por último solo en la enunciación, no repararían un problema de escala: hay en estas pampas muchos municipios que son más poblados que varias provincias. La complejidad no prohíbe las innovaciones aunque es imprescindible calibrarla para medir las dificultades.
Como fuera, la insurrección parece haber tocado a su fin, también la anomia que engendró los saqueos más resonantes. Es desolador el saldo de víctimas asesinadas, pérdidas materiales en especial de pequeños comerciantes, resentimientos azuzados. Clama por reparaciones, también por un análisis no simplista ni monocausal.
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Los usos del federalismo: La ecuación financiera de las provincias pintaba ardua de antemano, siempre subrayando que cada comarca tiene sus características. Antes de la cascada de aumentos a las policías, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, había pedido auxilio a la Nación para pagar el medio aguinaldo. Lo hizo en público, varios de sus pares insinuaron lo mismo en paliques con el jefe de Gabinete Jorge Capitanich.
Son muy contadas las provincias que cuentan con un sistema fiscal progresivo o las que han hecho reformas impositivas a fondo. Aliadas o adversarias del gobierno central, “dejan” que la carga de recaudar recaiga sobre el gobierno nacional. Tal vez la necesidad coyuntural valga de aliciente para alterar ese criterio que es un mal rebusque. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue uno de los que más avanzó en ese sentido y ahora anunció la posibilidad de nuevos tributos o alícuotas.
Las provincias petroleras concertaron, rarísima avis, un piso para la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos a las empresas hidrocarburíferas. Para la mayoría es un aumento significativo. Las que ahora cobran un porcentaje mayor, como Mendoza, podrán mantener el porcentaje actual o compatibilizarlo con el de otras provincias.
El gobierno de Corrientes, por boca de su ministro de Economía, coqueteó con la posibilidad de acudir a la emisión de una cuasi moneda. Para fin del siglo pasado y principios del presente eran un (mal) sustituto habitual del peso. Un remedio de emergencia eventual... o un placebo. En algunas conservaban cierto valor adquisitivo, en otras eran poco más que papelitos de colores, muy ajados por el uso.
El fisco nacional durante la presidencia de Néstor Kirchner “secó” la caterva de pseudomonedas, rescatándolas con un esfuerzo económico enorme. Las deudas por el salvataje no han sido saldadas aún, mayormente se prorroga su paga como un salvavidas para las economías locales. En el relato dominante sobre el federalismo se omite ese punto, nada trivial.
Eso no excusa desigualdades entre Nación y provincias ni injusticias en el reparto de la coparticipación federal. Pero alerta respecto de explicaciones superficiales, sesgadas o simplistas. O las tres cosas.
Como fuera, las provincias se esforzarán para cumplir en tiempo y forma los pagos de fin de año. Es de estricta justicia amén de una imposición de circunstancias, digamos veraniegas.
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Temporada caliente: Los cortes de energía eléctrica o la escasez de la oferta por picos de consumo son otra constante, que puede advenir en verano o en invierno. No es serio homologarlos a los que se padecieron a finales del mandato del presidente Alfonsín: esa era una etapa de subconsumo e hiperinflación. Pero los padecimientos de los ciudadanos usuarios son tangibles, sus derechos básicos están afectados. La responsabilidad de los concesionarios es flagrante, incluirla en el debate público es lícito y necesario. El deber del Gobierno no es solo hacer un buen diagnóstico de las causas sino también proveer las soluciones.
La política energética kirchnerista atravesó varias etapas. La primera, la del tránsito del Infierno al Purgatorio, estuvo signada por la idea de mejorar cuanto antes el patrimonio de las mayorías populares. Los gobiernos democráticos no consiguen sustentabilidad imponiendo sacrificios brutales que complacen a minorías empresarias o políticas. Se suele apodar “populistas” a los gobiernos que procuran legitimidad satisfaciendo necesidades de los trabajadores, lo que tiene como contrapartida votos y nuevos reclamos.
En los primeros años los congelamientos de tarifas y los subsidios contribuyeron a ese objetivo de política económica, ideológico en la mejor acepción del término. Con el tiempo, las variables se desacomodaron y no es posible volver a los equilibrios primigenios. Es forzoso cambiar los instrumentos para conservar, a grandes trazos, los objetivos. Otro desafío mayúsculo para los dos últimos años del mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El problema está acollarado al déficit energético. Las hipótesis más optimistas del oficialismo prevén que Vaca Muerta (ejem) “dé leche” en los próximos años. Y tal vez, que el autoabastecimiento de petróleo llegue en cuatro años o en seis. Si así fuera, los mayores beneficios se notarán durante el próximo gobierno, sea cual fuere su signo partidario. En el ínterin es el actual oficialismo el que asume la tarea de hacerse cargo de las dificultades crecientes, en parte hijas del crecimiento, en parte derivadas de errores de gestión
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Trayectorias: Para abatir la capacidad de lucha de la sociedad civil o domesticarla mucho fueron necesarias la barbarie dictatorial o las condiciones oprimentes de los noventa. La decisión criminal de la dictadura o la desaprensión neoliberal del menemismo y de la Alianza arraigaron en circunstancias afligentes, que son difíciles de repetir porque se ha avanzado mucho.
Si se acrecienta la autoestima de los ciudadanos, si se agiganta el poder de los sindicatos, si se atenúa el temor a las crisis aumentan las demandas. Sea de mejores salarios, de mayor infraestructura, de bienes básicos o sofisticados. Es natural y bueno que así suceda en un país cuyos habitantes saben reclamar y son difíciles de conformar. La sobrecarga de demandas no desestabiliza el sistema pero sí lo exige al máximo.
El Gobierno ha sabido ir respondiendo a reclamos sociales e incluso anticipar algunos. Está por terminar uno de sus dos años más peliagudos lo que se reflejó en las urnas, tanto como en importantes variables económicas. Los indicadores sociales y laborales se sostuvieron pero hace un buen rato que no mejoran.
Habituado a moverse en la adversidad, apto para cambiar sus herramientas cuando la necesidad apremia, el oficialismo aspira a pasar este verano y muchos más. Deberá afinar sus políticas, mejorar el nivel del Estado, ecualizar la “sintonía fina” de la que viene hablando desde hace años. La cara virtuosa del verano es espejo de muchos de sus aciertos. Sus facetas oscuras dan cuenta de los retos que debe afrontar.
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