En cuanto se mencionó el nombre de la jueza mendocina para la Corte Suprema, el grupo Moneta-Manzano-Vila la atacó. No es casual.
Por Susana Viau
Moneta tiene viejas deudas pendientes con la magistrada.
La jueza Aída Kemelmajer de Carlucci, miembro del Supremo Tribunal de Mendoza, firmó, precisamente en calidad de integrante del alto tribunal, resoluciones contrarias a los intereses del empresario Daniel Vila y del ex banquero Raúl Moneta. Ese sería, a juicio del foro de la provincia, el verdadero motivo de la enconada campaña preventiva desatada por la revista El Guardián y otros medios de propiedad de Vila para impedir su desembarco en la Corte Suprema de la Nación. El nombre de Kemelmajer de Carlucci comenzó a circular como parte de una terna informal de posibles candidatos a cubrir el puesto que dejaba vacante Julio Nazareno. Un sondeo realizado por el encuestador Jorge Giacobe entre 395 formadores de opinión la había colocado a la cabeza de las personalidades aptas para el cargo. De inmediato, desde las publicaciones y canales controlados por el trinomio Moneta (su relación con El Guardián es más que una sospecha)-Manzano-Vila (América TV) surgieron denuncias acerca de supuestos arreglos y tráfico de influencias que involucraban a Kemelmajer y a su marido, el abogado Nedo Carlucci.
“En realidad –dicen en la magistratura mendocina, donde Kemelmajer ha cosechado un sólido prestigio–, el cúmulo de falsedades y distorsiones respecto de temas en los que la jueza no ha tenido nada que ver cumplen la función que no podrían cumplir las que sí hizo y explican tanto encarnizamiento.” Tanto desde América como desde el eco que hizo El Guardián a esas presuntas informaciones, se sostuvo que la miembro de la Corte mendocina había favorecido a su marido, quien con documentación falsa había solicitado la quiebra al bodeguero Mario Centarti. Lo cierto es que en 1988 y como abogado del Banco Crédito de Cuyo, Carlucci pidió y obtuvo la quiebra del bodeguero. Fue entonces que el quebrado Centarti inició un raid de denuncias (ante la Justicia de instrucción, la Justicia federal, la Dirección de Rentas, la DGI, el Ministerio de Justicia, la Suprema Corte y la Cámara de Senadores), que fueron desestimadas en su totalidad e, incluso, el denunciante fue investigado por falso testimonio. Las denuncias de Centarti, por entonces, estaban dirigidas al directorio del Banco Crédito de Cuyo y no hacían ninguna referencia al abogado de la entidad. Fue ocho años más tarde, en 1996, que Centarti recordó al matrimonio y comenzó su arremetida contra Carlucci y Aída Kemelmajer. Lo cierto es que Kemelmajer no había tenido intervención en ninguna de las etapas de esos procesos; pese a ello Centarti aducía que habían sido su influencia y la “obediencia debida” que practicaban los jueces actuantes lo que impidió que las causas prosperaran. En esa escalada llegó hasta el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, donde sus argumentos volvieron a caer en saco roto.
El otro punto de apoyo de la campaña lo constituye el “caso Hanon”, por un préstamo otorgado por el Banco de Mendoza a las Bodegas Franco Argentinas, en base a una hipoteca de 650 mil dólares y una garantía adicional de fianza de Julio César Hanon. Carlucci era en ese episodio abogado de los Hanon que fueron demandados al quebrar la bodega como consecuencia de la caída del grupo Greco. Allí, afirmaron los medios de los socios Moneta y Manzano-Vila, Kemelmajer había regulado un millón y medio de dólares a su marido, en concepto de honorarios. Lo cierto es que Kemelmajer se había apartado de la causa, siendo designado en su lugar Julio Mila, ministro de la Sala II de la Corte mendocina.
Por el contrario, Aída Kemelmajer sí intervino en otras sentencias que afectaron de modo directo a Daniel Vila primero y a Raúl Moneta, después. Entre otros, con su voto la Corte mendocina rechazó un recurso de revisión presentado por Vila y dejó firme la sentencia que lo obligaba al pago de una fuerte suma a Guillermo Sánchez Cores por la compra de Radio Nihuil. También su voto se sumó al de la mayoría de los ministros que, en otra oportunidad, entendieron que Dalvian, la empresa constructora de la familia Vila, debía pagar al Banco de Mendoza seis millones de dólares, sin la reducción de montos que los Vila reclamaban. El tercer pecado de la doctora Kemelmajer fue fundar el fallo que determinó la irregular participación del juez correccional Orlando Vargas, quien había concedido a Moneta un insólito recurso de amparo que posibilitó al banquero quedarse con la privatización del Banco de Mendoza. En el jury que juzgó la conducta de Vargas –quien acabaría salvando su cabeza gracias a un acuerdo celebrado entre la UCR y el PJ de la provincia–, el procurador de la Corte demostró que hasta la sentencia dictada por Vargas había sido redactada por un abogado del estudio de Roberto Dromi, autor asimismo del recurso de amparo.
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