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Ex ejecutivos de la empresa alemana Siemens fueron procesados ayer, sin prisión preventiva, por el pago de sobornos por más de cien millones de dólares a funcionarios del gobierno de Carlos Menem, para quedarse con el negocio de la informatización de los DNI en la década del ’90. La medida también alcanzó a miembros del grupo Socma, que participaron de la maniobra tras un acuerdo económico con Siemens para no impugnar la adjudicación directa que les concedió Menem. El juez federal Ariel Lijo consideró probado que las coimas existieron, dictó 17 procesamientos y embargos millonarios, aunque no logró avanzar sobre quienes recibieron el dinero y sobreseyó al principal imputado del Ministerio del Interior que encabezaba Carlos Corach. Para avanzar en esa línea, el juez dispuso una serie de medidas que incluyen exhortos a Emiratos Arabes, Hong Kong y Estados Unidos.
En 1998, Menem adjudicó por decreto a Siemens la confección de documentos y pasaportes por seis años con un contrato por 600 millones de dólares, que luego se extendió y duplicó su monto. La adjudicación directa generó sospechas desde el comienzo y, dos años después, el gobierno de la Alianza rescindió el contrato en forma unilateral. En 2008, mientras Lijo instruía la causa penal, la propia Siemens confesó delitos cometidos en distintas parte del mundo y dedicó un capítulo completo a la Argentina. Según un memo de uno de sus ejecutivos, publicado por la prensa alemana, las coimas al menemismo ascendían a 106 millones de dólares. Sus beneficiarios aparecían identificados por sus iniciales: “CM” 16 millones, “CC” 9,75, “HF” 9,75 y “CS” 7,5. Las sospechas se centraron en Menem, Corach, el ex director de Migraciones Hugo Franco y el ex miembro del directorio y lobbista de Siemens, Carlos Sergi.
“Existió un accionar sistemático de integrantes de la empresa Siemens de pagar sobornos con el único fin de que la filial local de Siemens AG –Siemens It Services S.A.– resulte adjudicataria de la licitación pública” para confeccionar los DNI, escribió Lijo. El gobierno de Menem dispuso pagarle “un precio superior al que razonablemente hubiese correspondido fijar”, mientras la empresa hizo al menos 60 pagos por 106.302.706 dólares a un “conjunto de sociedades” por “contratos ficticios”, para disfrazar “servicios que jamás le fueron brindados y así canalizar los pagos investigados”, explica en la resolución.
Según el magistrado, también “pudo acreditarse que existió un acuerdo económico al que arribaron integrantes de Siemens con integrantes del grupo económico Socma”, que era propietaria de la principal competidora en la producción de los DNI, para que permitiera la contratación de Siemens sin efectuar impugnación alguna.
Los procesados por cohecho activo, tráfico de influencias y defraudación son Uriel Jonathan Sharef, Ulrich Albert Otto Fritz Bock, Eberhard George Reichert, Luis Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ernst Michael Brechtel, Bernd Regendatz, Ralph Matthias Kleinhempel y José Alberto Ares, todos del Grupo Siemens. Carlos Francisco Soriano, Miguel Angel Czysch y José Antonio David fueron procesados como presuntos intermediarios del dinero destinado a los funcionarios, en tanto Antonio Justo Solsona, Guillermo Andrés Romero, Orlando Salvestrini (ex dirigente de Boca Juniors y ex secretario de Hacienda de Carlos Grosso), Luis Guillermo Cudmani y Federico Rossi Beguy fueron procesados por su rol en “la empresa competidora en la licitación, que fue incluida en el proyecto a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar a Siemens It Services”.
Las pruebas “demuestran que los pagos estuvieron dirigidos a miembros del gobierno nacional”, aunque “resta determinar fehacientemente qué funcionarios públicos recibieron finalmente ese dinero a efectos de poder formular una imputación concreta”, sostuvo Lijo, y dispuso el sobreseimiento de Aldo Carreras, el principal implicado del Ministerio del Interior, que encabezaba Carlos Corach, porque para el juez se limitó a cumplir “su deber administrativo”.
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