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- “El primer balance que hacemos es que se ve el avance que tuvo cada una de las causas. Vimos muchas confirmaciones de la Cámara de Casación, más que años anteriores, porque además hubo más juicios, lo cual es un dato para destacar, siempre positivo. Nosotros destacamos la creación de la unidad especial de apropiación de niños, que si bien se creó en el 2012 empezó a funcionar en toda su dimensión este año. Ya se empezaron a ver resultados concretos, como el hecho de que se redujo muchísimo el tiempo de las causas hasta llegar al examen de ADN. Otro eje que reconocemos como avance es el sistema de recompensas que comenzó a ofrecer el Ministerio de Justicia: luego del anuncio llegaron unas 200 denuncias. Entre las preocupaciones que tenemos está el tema de los cuestionamientos contra los fiscales ad hoc, una preocupación que se despertó especialmente a partir del apartamiento del fiscal Pablo Pelazzo (de la causa Ledesma) con el antecedente de un fallo que generó la Corte”, dice Alan Iud, abogado por la querella de Abuelas de Plaza de Mayo.

- “Ha sido un paso importante la conformación desde querellas y las fiscalías de equipos de peritos médicos, psicólogos y psiquiatras para advertir a los jueces que varios represores están simulando problemas mentales o de salud con la connivencia de algunos miembros del cuerpo médico forense que hemos denunciado ante el juez Daniel Rafecas. Fue buena la decisión de Rafecas de indagar a los primeros policías federales por hechos sucedidos en una comisaría de Capital (la 28ª, por el caso Cittadini) y esperemos que en 2014 los jueces indaguen a César Milani y si él insiste en que no tuvo que ver, que se defienda y brinde a la Justicia los nombres de cada uno de los responsables de los hechos cometidos contra Ledo, Olivera y Schaller”, señaló Pablo Llonto, abogado querellante.

- “De los represores que se encuentran procesados, más de la mitad gozan de prisión domiciliaria –un beneficio casi inalcanzable para los presos comunes– que nadie custodia. Los juicios, celebrados con cuentagotas y por un ínfima cantidad de genocidas, se van despoblando por las muertes impunes de los represores”, afirma Liliana Alaniz, abogada, militante de APEL, representante de Justicia Ya! en el juicio ESMA.

- “En líneas generales, hemos avanzado bastante, si pensamos en diez años atrás. Ese avance repercutió fundamentalmente en la situación de muchos sobrevivientes testigos, que finalmente, consolidado el proceso de justicia, se atrevieron a brindar su testimonio. Aunque también hay que lamentar que todavía hay varios que no quieren hacerlo y la falta de información sobre Jorge Julio López no ha ayudado mucho. Nos encontramos con juicios orales en marcha, con expectativa de contar con sentencias firmes importantes (por el segundo juicio de ESMA una de ellas), lo que nos dará mayor certeza política y judicial. Resalto entre los puntos a resolver la amenaza de algunos tribunales de aplicar la llamada ley del 2 por 1, que beneficiaría indebidamente la situacion de los condenados reduciéndoles bastante las condenas efectivas, lo que implicaría una situación similar a la de Chile, donde hay juicios pero con condenas irrisorias. Y el otro punto, ya desde el lado de los organismos de derechos humanos y querellantes, que entiendan que es nuestro deber no pedir la aplicación de leyes que nosotros debemos repudiar, como las denominadas leyes Blumberg”, afirma Rodolfo

Yanzón, abogado de Kaos.

BALANCE DE LOS QUERELLANTES

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