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La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez federal Sergio Torres ser parte querellante en la causa que investiga la apropiación de bienes de los secuestrados en el centro clandestino que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura cívico militar. “Ser querellantes nos permitiría estar dentro de la causa, solicitar medidas de una manera más directa, ser más activos en la colaboración con la Justicia”, explicó a este diario el titular de la unidad especializada en delitos financieros, José Sbatella. En la solicitud, el organismo también pidió el embargo preventivo y la inhibición general de los bienes de los imputados: “En tren de proteger los bienes lícitos, la UIF debe actuar en todos los frentes para combatir la circulación de bienes habidos ilícitamente, que entran en el juego económico a través del lavado. Necesitamos ser parte activa en la causa”, añadió Sbatella.
La UIF solicitó al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 12 que la habilite como querellante en la causa que investiga a los integrantes del grupo de tareas 3.3.2, que actuó como brazo activo de la Escuela de Mecánica de la Armada en la apropiación de bienes de las víctimas. El organismo colaboró en la investigación que desarrolla Torres sobre el accionar de este grupo represivo, entre cuyos integrantes figuran Jorge Radice, Jorge “Tigre” Acosta y Miguel Angel Cavallo, en relación con los bienes materiales de los hombres y mujeres que secuestraban, que mantenían en cautiverio de manera clandestina y que luego asesinaban.
“La UIF realizó varios aportes a esta causa que ha podido demostrar que en la ESMA existió un método sistemático de apropiación de bienes y dinero de las víctimas de parte de los represores. Esta gente se llevaba los autos de las víctimas y el dinero que encontraban, se quedaban con las casas, con las empresas”, detalló Sbatella. Se determinó, por ejemplo, que en el sótano de ese centro clandestino de detención funcionaba una imprenta donde se confeccionaba la documentación ilegal necesaria para efectuar las transferencias de dominio de los bienes expropiados a las víctimas.
A partir de los informes aportados por la unidad que él dirige se pudo corroborar que parte de los inmuebles apropiados continúan en manos de familiares de los imputados en la causa. De los informes se desprende que la hermana y la pareja de Radice –que junto con Acosta permanece procesado con prisión preventiva por los delitos de robo, extorsión y falsificación ideológica de documento público en concurso con el de asociación ilícita– habrían actuado como testaferros y cómplices en el lavado de los bienes apropiados. Además, se detectó un entramado de nueve sociedades radicadas en la Argentina, integradas por los imputados y sus familiares directos, que se sustentan mediante aportes de capitales o préstamos de empresas radicadas en el extranjero, algunas de las cuales son representadas por ellos mismos.
“A grandes rasgos, el proceso que sufrieron los bienes apropiados es el típico de lavado de dinero o bienes ilícitos: los traspasaron a familiares, a través de compraventas ficticias, y en esos casos acabaron en los círculos de parentesco o de amigos. En otros casos, ya los han liquidado, los convirtieron en dinero en efectivo, los hicieron pasar por préstamos provenientes del exterior a empresas que aparecían con pérdidas o por aportes de capital”, especificó el titular de la UIF. Ya sea en su representación original –propiedades, autos– o de manera líquida –dinero–, muchos de los bienes apropiados por los genocidas aún existen en el país y persisten en manos de sus apropiadores. “Lo absurdo de esta situación es que el Estado ha indemnizado a muchas familias de las personas expropiadas, a las víctimas, pero continúa sin poder recuperar los bienes por estar en manos de los apropiadores. Esta es una buena oportunidad”, apuntó el titular de la unidad solicitante.
Para el organismo, este hecho implica la comisión del delito de lavado de activos, dado que se estaría dando “apariencia legítima” a la posesión de bienes fruto de la comisión de delitos de lesa humanidad. “Siendo los delitos de lesa humanidad imprescriptibles, su persecución obliga a ampliar el marco de la investigación”, explicaron desde el organismo. En ese sentido, Sbatella aseguró: “De convertirse en querellante, la unidad puede seguir el camino del dinero, esté en Argentina o en otros países, así como solicitar el seguimiento de los bienes y ordenar su inhibición. Necesitamos, como organismo, hacerlo para combatir los delitos que son el eje de esta causa”.
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