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Con las últimas medidas de instrucción concretadas, la causa judicial que investiga la responsabilidad del dueño del ingenio azucarero Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, en delitos de lesa humanidad estaría lista para ser elevada a juicio oral cuando se retome la actividad judicial, en febrero. La decisión está en manos del juez federal de Jujuy Fernando Poviña y llegaría poco tiempo después de que la Cámara Federal de Salta, que actúa como tribunal de alzada en el expediente, confirmara los procesamientos de Blaquier y del ex administrador de la empresa Alberto Lemos, por su presunta participación en 29 secuestros y otras violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura.
La Cámara Federal de Salta se expresó ya dos veces en el mismo sentido: los procesamientos de Blaquier y de Lemos por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado desde los roles que ocupaban –en el caso de Blaquier, que aún ocupa– en la empresa que digita el día y la noche en varios pueblos de Jujuy son válidos. La resolución más reciente de la cámara fue en torno de la causa que investiga secuestros y tormentos de una veintena de empleados del ingenio azucarero durante lo que se conoció como la Noche del Apagón. En agosto anterior había hecho lo propio en el marco del expediente que intenta establecer responsabilidades respecto de la privación ilegítima de la libertad agravada en tres casos, entre los cuales se destaca el del médico y ex intendente de la ciudad jujeña General San Martín, Luis Arédez. Es que los procesamientos ordenados por Poviña, en noviembre de 2012, habían sido apelados por las defensas de los acusados, pero también por las querellas y la fiscalía.
Con las acusaciones formales confirmadas, las causas siguieron su curso. Además de procesados, ambas –tanto la que investiga lo sucedido en la Noche del Apagón, como la conocida como “Arédez”, que estudia tres secuestros clandestinos cometidos la noche del día en que comenzó la última dictadura– compartieron medidas. Así fue con las últimas que se incorporaron a los expedientes, la declaración del historiador Luis Gustavo Paz y el llamado al militar retirado Alcides López Aufranc.
Paz es un historiador que participó en la producción de un libro sobre Ledesma y que hace tiempo había presentado un descargo en el que decía que por el acceso a varios archivos del ingenio que había tenido en el marco de su labor editorial podía afirmar que Blaquier y Lemos habían tenido algo que ver con los hechos investigados en la Justicia. Sin embargo, al declarar no sumó más datos de los que ya existen. En cuanto al testimonio de López Aufranc, retirado del Ejército, quien presidió Acindar entre 1976 y 1992 y no posee vínculos hasta el momento en causas de lesa humanidad, no pudo ser tenido en cuenta. Desde Buenos Aires, la dependencia judicial que debía tomarle declaración indagatoria informó que por problemas de salud no está en condiciones de declarar.
Sin nuevas medidas en el horizonte, las condiciones para que Poviña ordene el cierre de la etapa de instrucción y dicte la elevación a juicio de las causas están dadas. Desde el Ministerio Público Fiscal deslizaron su apoyo a esa eventual decisión del juez. Todo indica que las querellas actuarían de la misma manera y que el pero sería planteado por las defensas, que apelarían la elevación.
La Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, debe resolver si convalida o no el apartamiento del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, resuelto por la Cámara de Salta, en una decisión duramente criticada por querellantes y organismos de derechos humanos. La defensa de Blaquier, que por el momento tuvo éxito en lograr el apartamiento de Pelazzo, fracasó en cambio en el intento de recusar al juez Poviña: su presentación fue rechazada en diciembre del año pasado por la misma Cámara.
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