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La ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud, está en problemas desde que asumió su cargo en septiembre de 2012. Por eso reparte culpas, como lo hizo en una entrevista que le realizó una publicación interna de la Federación de Profesionales de la Ciudad: “Hay una crisis en el sistema de salud y no es ni el sistema ni las políticas públicas ni la falta de política en salud. ¡Si los que hacemos la salud somos nosotros!”. Al borde de la interpelación en la Legislatura, la ex directora del Hospital Santa Lucía que promovió el cierre de su servicio de Neurocirugía el año pasado, la misma funcionaria que firmó la resolución 1657 que reduce las suplencias en guardias y no acata el fallo de la Justicia que la suspendió, comenzó 2014 con una rebelión de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros que cuestionan con firmeza su desempeño.
La mayoría son empleados precarizados del SAME, los neuropsiquiátricos Moyano y Borda, la Maternidad Sardá, los hospitales Penna, Tornú y Alvarez, entre otros. Unos 1500 contratados que denuncian amenazas de que se les harán sumarios si continúan movilizados y en la calle. Muchos no quieren decir su nombre por miedo a perder las suplencias de guardia o las llamadas guardias aplanadas. Son 24 horas en vela que se les fraccionan para atender pabellones de hospital, en lugar de hacerlo en consultorios externos. También piden reserva de su identidad porque –cuentan– no reciben respaldo de sus gremios, como Sutecba y UPCN.
La Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad, que preside Andrés Añon, señala: “Es necesario destacar que no sólo se trata de puestos de trabajo precarizados que no recibían actualización de haberes desde hace años, sino que además ahora son desvinculados de sus puestos de trabajo de la noche a la mañana y sin previo aviso”. Una profesional del Moyano recuerda que “el problema nació con la gripe A del 2010. Para cubrir la emergencia se tomó mucho personal contratado que, en el caso de nuestro hospital, nunca fue blanqueado”.
En el centro de salud mental para mujeres ubicado en Barracas, vecino al Borda, hay unos 700 trabajadores. El Moyano tiene un índice de 36 mil consultas anuales y 800 pacientes internadas. Casi todas pertenecen a sectores de clase media baja o muy pobres, que en el área de Servicio Social son atendidas por apenas 17 profesionales de planta. Su objetivo, entre otros, es reinsertarlas en sus familias, que a menudo les dan la espalda.
La jefa de ese departamento, Silvia Allocati, resiste la política de la directora, María Derito –en rigor es la jefa de guardia a cargo del hospital–, quien por carta le comunicó el 6 de enero: “Debo acatar las decisiones de la ministra de Salud, siendo en todo caso su posición oficial idéntica a la mía”.
“La resolución 1657 atenta contra programas emblemáticos como el PADU Clínico, el PADU Pediátrico, los programas de Pediatras en Casa, Asistencia Infanto-Juvenil en Neuropsiquiátricos, de Violencia Familiar, para Niños Autistas, entre otras”, había denunciado el médico Jorge Pachamé de la Maternidad Sardá en una movilización el jueves pasado. Añon agregó en un diálogo telefónico con Página/12: “Esta situación va contra los legítimos derechos adquiridos de los trabajadores de la salud y lesionará enormemente las prestaciones de los hospitales y centros de salud, ya que se verán obligados a cerrar numerosos servicios. Dejarán sin atención a amplios sectores de la población consultante, lo que imposibilitará a los usuarios que puedan seguir recibiendo la asistencia adecuada, configurando la figura de abandono de persona”.
La ministra Reybaud había dicho en aquella entrevista que le realizó la federación: “Soy consciente de que faltan profesionales, pero también están mal distribuidos”. Y aportó datos de ese déficit en recursos humanos: “Hay especialidades críticas, neonatología es una, los terapistas pediátricos otra, también las psiquiatrías infantiles y los anestesistas”. En este verano abrasador quedó muy claro que avanza en otro sentido con la instrumentación de la resolución 1657.
Una delegada del SAME, Laura Schagrodsky, denunció que “desde fin de mes vamos a cobrar un 42 por ciento menos, ya que al desaparecer la categoría de suplencia de guardia nos derivan a otra llamada módulo en donde se cobra un sueldo mucho menor. El mes que viene se va a reducir el personal a la mitad, y además siguen los recortes en los programas”. También describió cómo la ministra se presentó en la sede del SAME y le planteó al único pediatra de turno que personal del Ministerio de Salud había sido agredido por los trabajadores reunidos en asamblea. La delegada lo desmintió. Incluso dijo que al profesional “lo echó de la oficina de pediatría y lo mandó a un pasillo diciéndole que se terminó la buena vida”.
La primera mujer que llega al cargo de ministra de Salud en la Ciudad se mueve en aguas procelosas. Tiene un presupuesto reducido respecto del 2013, un pedido de interpelación en curso de varios legisladores y trabajadores en pie de lucha que quieren mantener sus salarios, ya de por sí magros. Un profesional del Moyano del Departamento de Servicio Social sin antigüedad gana unos 7 mil pesos mensuales. Los que están precarizados bajo el régimen de guardias aplanadas no gozan de vacaciones, si se enferman no cobran y perciben 150 pesos en concepto de riesgo por trabajar con pacientes psiquiátricos.
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