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El ex juez Otilio Roque Romano, presidente de la Cámara Federal de Mendoza hasta hace apenas tres años, podría ser condenado a prisión perpetua en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia. La mala nueva para el ex hombre fuerte de la familia judicial cuyana surge del cambio de calificación legal pedida por fiscales y querellantes y aceptada por el Tribunal Oral Federal de Mendoza, por el cual las desapariciones forzadas implicarán que la sentencia considere no sólo secuestros, tormentos y violaciones, sino también homicidios calificados y la participación de todos los imputados en una asociación ilícita, de la que militares y policías eran sólo la cara visible. La última apuesta de Romano, que años atrás insinuó la posibilidad de matar a un juez y a un fiscal y suicidarse para no ser juzgado, pasa por ejercer su propia defensa y así poder amedrentar a las víctimas y obstaculizar el proceso sin intermediarios.
El megajuicio de Mendoza tiene 37 acusados en el banquillo. Su marca distintiva no es tanto la dimensión como la presencia entre los imputados de los ex magistrados Romano, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Carrizo, que llegaron al proceso acusados de omitir investigar delitos de lesa humanidad. Romano, que en 2011 se fugó a Chile cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a quitarle los fueros, rinde cuentas por 33 homicidios agravados, 26 privaciones ilegales de la libertad, 36 casos de tormentos agravados, tres robos y un allanamiento ilegal. Es el único de los cuatro que está preso en una cárcel común, en el penal de San Felipe, por su probada militancia para obstaculizar la investigación. Miret y Petra Recabarren entran a la sala por la misma puerta que las víctimas, en tanto Carrizo invocó el stress que le produce la situación y logró una autorización para seguir las audiencias por videoconferencia desde la Cámara Federal de... Mendoza.
Una particularidad más preocupante surge de los vínculos que algunos acusados y su entorno mantienen con sectores de poder, incluidos actores con responsabilidad directa en el proceso. Edición UnCuyo, la publicación digital de la Universidad Nacional de Cuyo, publicó el viernes dos fotos que tienen como protagonista al responsable del operativo de seguridad en tribunales, comisario Juan Carlos Caliri. En una imagen se abraza con Armando Guevara, acusado por crímenes de lesa humanidad en la Seccional 13ª de la misma fuerza a la que pertenece Caliri. En la segunda, tomada el martes después de la audiencia, toma un café con Carlos Reig, abogado todo terreno de la policía provincial, quien defiende a Antonio Garro. “Son situaciones que habrán de investigarse”, señaló la subsecretaria de Justicia de Mendoza, Romina Ronda, a Radio Nacional Mendoza.
La contracara de las buenas migas del comisario Caliri, remarcada por el periodista Sebastián Moro en el informe de Edición UnCuyo, pasa por las provocaciones de los acusados, que comenzaron el primer día del juicio cuando el ex juez Miret le sacó una foto en plena audiencia al fiscal general Jorge Auat, y en absurdos cacheos a víctimas y familiares cada vez que reingresan a la sala, aunque se hayan alejado apenas un metro para atender un llamado. Fuera de tribunales, los represores también conservan seguidores activos. Sus últimas manifestaciones pasan por atacar espacios de la memoria. “Gracias comandante”, escribieron sobre fotos de Videla que ensuciaron el Memorial a los De- saparecidos el último 24 de marzo.
El juicio arrancó a mediados de febrero y la mayor parte del tiempo la insumió la lectura de la elevación. Cuando terminó esa etapa y el presidente del tribunal, Alejandro Piña, propuso obviar los requerimientos de la Secretaría de Derechos Humanos y del MEDH aclarando que eran textos idénticos, los ex jueces acusados pidieron que se leyeran, con lo cual ratificaron su voluntad de seguir dilatando el proceso. El tribunal no les dio el gusto, distribuyó copias a sus defensas y pasó a escuchar los planteos de las partes. Tras ocho horas de audiencia, el TOF informó que por unanimidad aceptaba la calificación de partícipes primarios de homicidio calificado y asociación ilícita para Romano & cía., y rechazó los pedidos de detención de Miret, Petra Recabarren y Carrizo. Luego, los ex guardias del Departamento de Informaciones (D2) y los ex policías y penitenciarios, preguntados sobre su voluntad de declarar, se limitaron a dar sus datos y respetaron el pacto de silencio que los hermana. Sólo Miret y el ex policía José Lorenzo dijeron que hablarán. Hoy podrán hacerlo.
En la misma audiencia se conocerá la respuesta del tribunal, que también integran Juan González Macías y Raúl Fourcade, al pedido de Romano de defenderse a sí mismo. Querellantes y fiscales se opusieron, entre otras razones, por la intimidación que implicaría para los testigos ser interrogados por quien como juez se puso al servicio de la impunidad. La abogada Viviana Beigel explicó que Romano fue “quien en forma personal más ha dilatado y obstaculizado el proceso” y recordó que “no reúne condiciones éticas y morales” mínimas, según lo estableció el jury del Consejo de la Magistratura que lo destituyó. Esa conclusión no sólo surgió de su conducta durante la dictadura, de las sistemáticas excarcelaciones a represores en las tres provincias cuyanas cuando presidía la cámara o de su fuga a Chile para burlar al Estado, por lo que debió afrontar un proceso de extradición, sino también de la amenaza sobre la que informó Página/12 y denunció el entonces procurador Esteban Righi, a quienes lo investigaban cuatro años atrás: “Los mato a (el entonces fiscal Omar) Palermo y (al juez federal Walter) Bento y me suicido”, confió a sus íntimos cuando se complicaba su situación en el Consejo. El abogado Carlos Varela, defensor de Luz Faingold, sobreviviente que denunció al ex juez, anticipó: “Mi cliente no va a ser interrogado por Romano”. La palabra la tendrá hoy el tribunal oral.
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