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La Cámara de Diputados bonaerense dio ayer media sanción a la ley que crea policías municipales en aquellas comunas de más de 70 mil habitantes que adhieran a su formación y puesta en marcha. Sus aspirantes deben ser vecinos del municipio y no podrán ser mayores de 35 años ni haber sido exonerados de otras fuerzas de seguridad, mientras que los cursos de capacitación no podrán ser menores a los dos años. La policía municipal tendrá a cargo tareas preventivas y de proximidad sobre delitos menores –a los que se incorporó un capítulo especial sobre violencia de género e intrafamiliar– y estará atada a la gestión del intendente municipal, por fuera de la estructura de la policía provincial. El jefe comunal designará al jefe policial local luego de una audiencia pública de antecedentes y oposición no vinculante y podrá removerlo en “cualquier momento”, mientras que el Concejo Deliberante lo podrá hacer únicamente con la aprobación de dos tercios de sus miembros. La iniciativa fue respaldada por el Frente para la Victoria y sus aliados de Nuevo Encuentro, más el Frente Renovador y el denarvaísmo que lo hicieron en general y con algunas disidencias. El interbloque de la UCR-FAP y la izquierda votaron en contra del proyecto. Ahora deberá pasar por el Senado para convertirse en ley.
Hubo cruces fuera y dentro de la Cámara de Diputados provincial. Antes de la sesión, renovadores y sciolistas se disputaban la paternidad de la iniciativa que crea las policías municipales, aunque el texto del proyecto se realizó sobre la base del presentado en 2012 por el diputado de Nuevo Encuentro y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Sain. Dentro del recinto –donde el ministro de Justicia, Alejandro Granados, siguió de cerca el debate desde las gradas–, la disputa fue por el financiamiento de las policías municipales. El massismo insistió en que debía hacerse a través de la coparticipación provincial, aunque primó el criterio del oficialismo que establece el aporte provincial actualizado equivalente al mantenimiento de la Policía Bonaerense en cada uno de los distritos. Los renovadores también cuestionaron la modificación por la cual “no se faculta a la policía municipal de privar de la libertad a las personas” por “averiguación de antecedentes”, como proponían los legisladores massistas.
El proyecto establece la creación de policías municipales en aquellos distritos con más de 70 mil habitantes, lo que abarcaría a la mayoría de las comunas del conurbano bonaerense y las principales del interior provincial. Aunque su conformación dependerá de la decisión de cada municipio para adherir a la normativa, que el Senado provincial ahora buscará convertir en ley.
La designación del jefe de la policía local recaerá en el intendente (y el Ejecutivo municipal como parte del Sistema de Seguridad Pública), quien será el responsable político de la acción de la policía municipal por fuera de la estructura de mando de la Bonaerense. Del jefe comunal también dependerá la “planificación, implementación, coordinación y evaluación de las actividades y operaciones policiales”. El proyecto establece también convenios de cooperación entre ambas fuerzas de seguridad: la local y la provincial.
“Sus acciones son tendientes a neutralizar y contrarrestar en forma inmediata los delitos y contravenciones municipales y provinciales que estuvieran en ejecución, hacerlos cesar y evitar consecuencias ulteriores más lesivas dentro del ámbito jurisdiccional del municipio”, afirma el proyecto. Entre ellas la modificación que introdujo este mismo martes la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja de la Legislatura provincial, en un capítulo sobre “violencia de género e intrafamiliar”, en el que también se deberá especializar la futura policía local junto a un “equipo interdisciplinario permanente”. Mientras que la capacitación de los aspirantes (repartida en partes iguales entre hombres y mujeres) no podrá ser menor a los dos años.
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