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La defensa del vicepresidente Amado Boudou pidió ayer la nulidad de la convocatoria a declaración indagatoria que le formulara el juez Ariel Lijo. Boudou reclama que esa convocatoria sea reformulada porque se basa en pruebas que considera nulas, como por ejemplo la declaración como testigos de los integrantes de la familia Ciccone. No obstante, el vicepresidente ratificó su disposición a declarar y reiteró que quiere que la citación se adelante, es decir, que se haga lo antes posible. Todo indica que si Lijo rechaza la nulidad –algo que es seguro–, Boudou apelará a la Cámara. En ese caso, Lijo debe decidir si mantiene la convocatoria o espera lo que contesten los camaristas.
Página/12 anticipó ayer que en el pedido de adelantamiento de la indagatoria presentado por Boudou se sugería que habría un cuestionamiento a la convocatoria del juez. Y eso se concretó horas más tarde: “... no podemos consentir un llamado a indagatoria basado en declaraciones otorgadas bajo juramento por personas a las que en la misma resolución se cita a prestar declaración indagatoria –señalaron los abogados de Boudou, Diego Pirota y Eduardo Durañona, en un comunicado–. Esto de ninguna manera significa dilatar o entorpecer la labor del magistrado, sino sólo reclamar el respeto por la vigencia de los derechos y garantías consagradas en nuestra Constitución nacional y tratados internacionales. Esta presentación no conlleva ningún efecto suspensivo, ni impide que se realice ningún acto”. “No consentiremos una acusación basada en afirmaciones falsas, carentes de sustento jurídico, fáctico y probatorio”, afirmaron los abogados.
El ángulo de la defensa es que Lijo llama a Boudou a declarar diciéndole que es el dueño de Ciccone y la controlante de la empresa, The Old Fund, y basa gran parte de la convocatoria en dichos de Guillermo Reinwick y de Nicolás Ciccone. Ambos, cabeza de la familia Ciccone, empezaron en el expediente como imputados de participar en la maniobra de salvataje de la imprenta; pero después el juez les tomó declaración como testigos diciendo que no son sospechosos de nada; incluso los admitió como querellantes, es decir como acusadores; después revocó esa decisión; a continuación los mantuvo como víctimas y ahora los volvió a imputar como sospechosos. Esos cambios fueron cuestionados no sólo por la defensa de Boudou, sino principalmente por el fiscal, Jorge Di Lello. La Cámara no se expidió sobre ese cuestionamiento. Lo que ahora dicen los abogados del vicepresidente es que Lijo no puede convocar a Boudou basándose en testimonios que están cuestionados.
Otro aspecto que contestan los abogados es sobre el plan de pagos que se le otorgó a Ciccone y que permitió el levantamiento de la quiebra. Lijo dice que Boudou influyó en el plan de pagos y en que se levantara la quiebra. Los abogados del vice contestan que ni uno solo de los que intervinieron en el caso dijo haber hablado con Boudou, que la AFIP le dio un plan de pagos similar al que otorgó a decenas de empresas e incluso mencionan 30 levantamientos de quiebras que se concretaron sin que las empresas pagaran lo adeudado a la AFIP, sino comprometiéndose a un plan de pagos. Finalmente, los letrados reiteraron que el vicepresidente no emitió opinión sobre lo propuesto por Ciccone a la AFIP y que firmó un dictamen en un expediente que, encima, no se le concedió a la calcográfica. Por todo eso, los abogados le dicen al juez que reformule la convocatoria a indagatoria sobre la base de lo que dice la causa.
En el largo escrito, de 46 páginas, Pirota y Durañona sostienen que “no se trata de que el licenciado Boudou no vaya a prestar la declaración que el juez ordenara y en la oportunidad en que lo disponga. Sino, por el contrario, que lo haga en base a una descripción concreta, precisa y jurídicamente válida de los hechos que se le imputan, todo ello basado en pruebas lícitamente obtenidas y obrantes en la presente investigación”.
El texto responde a buena parte de los planteos de Lijo, insiste en adjudicarle intencionalidad política y en que la jugada del magistrado consiste en acompañar lo que los abogados llaman un “linchamiento mediático”. Por eso dicen que convoca a indagatoria a Boudou sólo para desprestigiarlo y no porque haya nuevas evidencias en el expediente.
Parece cantado que Lijo rechazará el pedido de nulidad y podría aceptar el adelantamiento. Es indudable que Boudou va a apelar y ahí el juez puede sostener la indagatoria o esperar lo que resuelva la Cámara. Si decide mantener la cita, habrá que ver si Boudou concurre. Lo que está claro es que existe un durísimo enfrentamiento entre el magistrado y el vice.
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