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El país|Domingo, 8 de junio de 2014
EL REAL BODRIO ESPAÑOL Y LA DEMOCRACIA ARGENTINA

Vidas paralelas

La abdicación del rey español, como la crisis argentina de fin de siglo, expresa el agotamiento de un bipartidismo puesto al servicio de las políticas de ajuste y exclusión del neoliberalismo, con alto grado de corrupción y sin un efectivo control institucional. La citación a indagatoria del vicepresidente Boudou y las prematuras especulaciones sobre candidatos para la sucesión en 2015.

Por Horacio Verbitsky

La abdicación del rey de España es consecuencia de su disoluta conducta personal y de la ligereza de una de sus hijas, pero sería trivial analizarla sin referencia a la crisis del bipartidismo que pudo cuantificarse en las últimas elecciones, donde el PP y el PSOE perdieron el 40 por ciento de los votos que habían obtenido en los anteriores comicios europeos y ya ni sumados constituyen la mayoría del padrón. Entre ambos perdieron cinco millones de votos, alrededor de ocho puntos porcentuales cada uno, pese a que las medidas más antipáticas de ajuste las ha tomado el gobierno del Partido Popular y no la oposición del Partido Socialista Obrero Español (si, ése sigue siendo su nombre. ¿Por qué no puede llamarse obrero el partido de Felipe González, que viaja por el mundo haciendo lobby a favor de las empresas de su país, si en la Argentina se llama radical el de Ernesto Sanz y Oscar Aguad?). España vive hoy una crisis que recuerda la que pasó la Argentina a fin de siglo y que invita a reflexionar sobre las democracias que en cada país sucedieron a las respectivas dictaduras. Aquí las primeras dos décadas fueron de colonización del sistema político por los intereses económicos, proceso que en España aún continúa.

Trompitas

La catástrofe regia se precipitó en abril de 2012, cuando el rey se quebró la cadera durante una secreta cacería de elefantes en Bostwana. Aparte de la deprimente foto en la que enseña orgulloso su rifle con incrustaciones de oro junto a un paquidermo encallado contra un árbol, se supo que la partida había sido organizada por Boss&Company, la agencia de la empresaria alemana Corinna Larsen, quien además resultó ser la amante estable del monarca, cuyas comitivas integraba desde hacía años en sus viajes por el mundo, y su gestora de negocios. La discreta reina Sofía recién visitó a su marido al tercer día de la operación que le acomodó la osamenta y por apenas un cuarto de hora. Esta fría furia fue superada por la ruidosa indignación pública, que dio lugar a manifestaciones y abucheos contra el rey, quien antes de irse de farra con novia y amigos había pedido austeridad al pueblo, cuando la desocupación superaba el 25 por ciento (dos años después ya es del 26 por ciento y entre los menores de 25 años llega a un pasmoso 55 por ciento). El eco llegó a Buenos Aires, con la cáustica referencia de la presidente CFK a la curva de caída de la producción y las reservas de petróleo de Repsol-YPF como “la trompa del elefante”.

Pero la curiosidad por los negocios, las mujeres y los deportes suntuosos no son un vicio de la senectud de Juan Carlos. Lo único nuevo es la pérdida de la protección por la que estos regios hábitos nunca llegaban al conocimiento general, aunque eran notorios desde siempre entre la inmensa minoría que está en el ajo. Ahora en cambio el Congreso pide cuentas y hasta la prensa de la derecha compite por las primicias del derrumbe, como la entrevista a Corinna que consiguió el diario El Mundo, donde llamó al rey entrañable amigo. Y además está el New York Times, en cuyas páginas la rubia comisionista se presentó como “asesora estratégica del gobierno español” y a su amigo como un “tesoro nacional”. El canciller García Margallo fue citado por la Cámara de Diputados para informar acerca de las gestiones confidenciales sobre asuntos calificados, en las que Corinna Larsen dijo haber actuado “por el bien del país”, pero pidió hacerlo en la Comisión de Secretos Oficiales (sic). Incluso, Corinna fue mencionada en el juicio al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, donde también fue imputada su esposa, la Infanta Cristina, por usar en provecho propio dineros destinados a fines altruistas. La inminencia de los respectivos procesamientos apuró la abdicación a favor del Príncipe de Asturias, “no pringado en la corrupción ni en el bipartidismo borbónico (...) Este era el momento propicio, antes de que caiga el sistema y antes de que vaya su yerno a la cárcel”, como escribió el columnista del diario El Mundo Raúl del Pozo mientras la Puerta del Sol se poblaba de banderas republicanas y gritos de “Los Borbones a los tiburones”. Es decir, un gatopardista sacrificio individual para que nada de fondo cambie, mientras se pueda. Esta es una diferencia no menor con lo sucedido en la Argentina, donde no quedaban fusibles que preservaran la instalación. En su primera aparición pública posterior al anuncio de su abdicación, Juan Carlos recibió el reconocimiento de 300 directivos de las principales firmas comerciales españolas que lo ovacionaron. Sin asomo de ironía, les agradeció “el servicio que realizan a favor del conjunto de la sociedad, asumiendo riesgos y dificultades” y que “se concreta en la generación de puestos de trabajo y en la creación de riqueza”. Y a pesar de la tunda electoral que recibieron, tanto el PP como el PSOE ratificaron su apoyo a la monarquía. Eso no es extraño en el partido de José María Aznar, cuyo abuelo fue un alto funcionario de la dictadura, pero resulta más difícil de entender en el PSOE y, sobre todo, en el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de un capitán del Ejército que resistió el alzamiento contra la República y fue fusilado por ello. Los dos partidos ratificaron el pacto constitucional en el que cifran la estabilidad de la democracia hispana, lo cual abrió una fisura en el PSOE, donde varios secretarios regionales reclaman un plebiscito que dirima la continuidad monárquica o la proclamación de la República. El juego de palabras más audaz le correspondió a Rodríguez Zapatero, cuando llegó a decir que el monarca renunciante era republicano. La única duda es si esta disolución del lenguaje es causa o efecto de la muerte del pensamiento.

Las afinidades electivas

La guerra civil duró tres años pero el franquismo se extendió por otros 36, cinco veces más que la dictadura argentina. Dictador con el título de regente del trono, Franco agonizó un día por cada año de su régimen implacable, que ejecutó a disidentes hasta el último día, y dejó a Juan Carlos como heredero. Los Pactos de la Moncloa firmados por los principales partidos trocaron ajuste salarial por democracia política y sostuvieron durante cuatro décadas una política neoliberal afín a la que aplicaron en la Argentina los gobiernos de la transición, a regañadientes con Alfonsín, de modo entusiasta durante la década menemista y ya rumbo al colapso en el breve interregno de la Alianza. El equivalente argentino de aquellos pactos fue la comida en Olivos el mismo día de abril de 1985 en que comenzó el juicio a los ex Comandantes. Allí Alfonsín negoció con los denominados capitanes de la industria que se comprometieran con la consolidación democrática a cambio de la economía de guerra contra el salario, que el padre de la democracia anunció cinco días después durante un acto convocado para repudiar el golpismo.

En la década posterior, el menemismo apoyó con fondos reservados el ascenso al gobierno español de José María Aznar, que sucedió al de Felipe González. En 1997 el establishment económico local contrató a Felipe por 50.000 dólares para que explicara a los radicales y frepasistas que acababan de constituir la Alianza qué camino deberían seguir para tener éxito en la vida y ganar no sólo elecciones sino también amigos. Cuando ese sendero condujo a la catástrofe, Felipe volvió a Buenos Aires, en los tórridos días de diciembre de 2001, ya no para disertar en IDEA sino como abierto lobbysta de los prestadores españoles de servicios públicos argentinos. El ex presidente español se ofreció entonces para gestionar un acuerdo político con la oposición, para lo cual dijo que estaba dispuesto a vivir un tiempo en la Argentina. A través suyo las empresas españolas reclamaban la dolarización de la economía. En 2004, el torpe manejo político del atentado de Atocha impidió la reelección de Aznar y permitió el regreso del PSOE, esta vez con Zapatero como presidente y una agenda de profundización democrática que incluyó la legalización del aborto, el matrimonio igualitario, el alejamiento de la Iglesia Católica de las aulas y el retiro en 2007 de todas las estatuas de Franco, eco europeo de la bajada kirchnerista de los retratos de Videla y Bignone. Pero cuando la crisis global llegó a España (donde la burbuja inmobiliaria y la especulación financiera habían creado una sensación de riqueza sin sustento en la economía real) Zapatero no encontró otro modo de enfrentarla que borrando con el codo las conquistas de su primer gobierno. Redujo salarios públicos (5 por ciento en vez del 13 por ciento de Fernando de la Rúa), congeló los demás, dejó sin presupuesto la asignación por nacimiento, elevó en dos años la edad jubilatoria, reformó la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda pública sobre otros gastos. El ajuste fue exigido por las autoridades europeas en beneficio de los bancos. Pero en ese camino nunca nada es suficiente y cuando el gallego Rajoy reemplazó a Zapatero el PP aceleró por el mismo callejón sin salida. Además de reducir prestaciones, los herederos del franquismo retrocedieron en campos que atañen a la vida privada, como el aborto, la aconfesionalidad de la enseñanza, las políticas de memoria sobre la guerra civil y sus consecuencias y la jurisdicción universal, para bloquear la acción de la Justicia en crímenes de lesa humanidad. Aún después del repudio electoral al ajuste sin pausa, la Comisión Europea y el Fondo Monetario reclamaron nuevas medidas de contención salarial, abaratamiento adicional de los despidos, incremento de impuestos indirectos como el IVA, reducción de aportes patronales e impuestos directos, desregulación, privatizaciones y mayor reducción del déficit. Es decir, buena parte de las medidas que aquí rehúsan adoptar la presidente CFK y su ministro Axel Kicillof.

La guerra del cerdo

La crisis argentina de fin de siglo dejó fuera de juego la gestión de Felipe González por el acuerdo entre partidos para la dolarización, pero con alta probabilidad el debate se repetirá aquí el año próximo, al acercarse un nuevo recambio de gobierno. Una década larga después, Felipe entona la misma copla para su país: sugiere la posibilidad de un gobierno de coalición PP-PSOE (“si fuera necesario”, condiciona) y advierte contra cualquier tentación bolivariana. Esa es una torva alusión al surgimiento del nuevo partido liderado por Pablo Iglesias, Podemos, una fuerza de izquierda que canalizó en las urnas el malestar de los indignados. Como anotó el documentalista y escritor italiano Thomas Fazi en el Social Europe Journal, en los países ricos del centro y del norte (Gran Bretaña, Dinamarca, Francia, Alemania, Austria, Finlandia y los Países Bajos), que no han sufrido el dolor infligido por el establishment europeo a los ciudadanos de la periferia, los partidos de derecha no critican a la Unión Europea por su insistencia en la austeridad o por sus políticas sociales y económicas reaccionarias, sino más bien por sus políticas supuestamente progresistas en exceso con respecto a la inmigración o la regulación del mercado. Así desvían la atención de las causas subyacentes del descontento y la dirigen a un conveniente chivo expiatorio, creando las condiciones para el arraigo de la extrema derecha. Fazi compara esta tendencia con la que se manifestó en los países periféricos, como Grecia, España e Irlanda, donde la indignación generalizada por las catastróficas políticas de austeridad impuestas por el establishment europeo, derivó el voto castigo hacia partidos de izquierda radical que se oponen a los planes de austeridad y que buscan una solución a la crisis dentro de la UE y la eurozona. Uno de ellos es Podemos, cuyas propuestas son reminiscentes de las que han prevalecido en Sudamérica en la última década.

Inmune a la experiencia tanto propia como ibérica, la oposición argentina concibe un nuevo ajuste sobre los jubilados, a quienes se destinan cuatro de cada diez pesos del presupuesto nacional, como forma de equilibrar la balanza de pagos. Este modo de controlar la inflación también obraría como disciplinador de los reclamos salariales. Un instrumento para ello sería el bono demográfico impulsado por la transnacional italiana Techint. La semana pasada, el Banco Mundial y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA presentaron el libro Los años no vienen solos. Oportunidades y desafíos de la transición demográfica en la Argentina, con una colección de ensayos sobre el tema. Un ajuste sobre estos fondos permitiría realizar lo que llaman una política industrial en serio, es decir la obtención de recursos para subsidiar a los grandes exportadores no agropecuarios, siempre opuestos al despilfarro populista. José de la Sota planteó la cuestión durante su viaje a Estados Unidos ante la US Chamber of Commerce. De regreso visitó a Sergio Massa y anunció que podrían competir por la candidatura presidencial. Como dice el último pelo del bigote de Frigerio que anda suelto por el mundo, “debe ser casualidad que Sanz haga centro de su actividad parlamentaria en la comisión bicameral de seguimiento de los fondos de la seguridad social”. Todos ellos dan por sentado que en 2015 se cerrará el ciclo político y económico abierto sobre las humeantes ruinas de la crisis de fin de siglo y se preparan para el momento de retomar sus business as usual: “Buen clima de negocios, roll over de la deuda más dólares frescos por nueva deuda, apertura para cuidar los precios, retraso cambiario y merengue para todos (los que están en el tercio de arriba)”.

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