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Una actuación sobre el uso ilegal de fotografías utilizadas en reconocimientos en comisarías y fiscalías de instrucción, iniciada por Abel Córdoba, titular de la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional), derivó en un impactante hallazgo en el sistema informático que disponía el suspendido fiscal de Saavedra, José María Campagnoli: un álbum de unas 1500 imágenes de personas, la mayor parte de vecinos del Barrio Mitre. El fiscal está acusado de ordenar esas fotografías, tomadas inclusive con cámaras ocultas en cajas de zapatos, por el solo hecho de vivir en ese barrio o porque eran familiares de alguien que había cometido algún delito. Muchas de las imágenes son de personas que fueron fotografiadas en la calle, sin haber cometido ningún delito e incluso sin saber que eran fotografiadas. Otras, posan directamente para la cámara, como travestis y trapitos. Las fotos eran utilizadas para inducir a víctimas de delitos que acudían a realizar una denuncia para que las reconocieran y así abrirles una causa. En el álbum aparecen imágenes de chicos, muchos de 10 y 11 años, algunos de los cuales aparecen llorando, e incluso la foto frontal de un bebé en brazos de su padre. El álbum, por su reciente aparición, no llegó a ser incorporado a las pruebas del jury que se le inicia este lunes a Campagnoli por abuso de poder y mal desempeño.
La actuación fue iniciada por la Procuvin luego del homicidio de Alan Tapia, un adolescente de 19 años del Barrio Mitre que fue baleado por Pablo Valente, un policía federal del GEOF, durante el allanamiento a su casa el 16 de febrero de 2012 y cuyo caso fue ampliamente tratado por este diario. La orden de allanamiento había sido solicitada por el entonces fiscal en funciones, José María Campagnoli, pero había sido pedida para buscar a un hermano de Alan. Luego de que Valente matara al chico, la familia reaccionó contra los uniformados. Todos fueron esposados, se les abrió una causa por resistencia a la autoridad en la misma vivienda del Barrio Mitre, y como práctica cotidiana les tomaron fotos.
Una de esas fotos, la del padre de Alan, apareció en otra causa tiempo después. Una mujer se encontraba en la ventanilla de la caja de un estacionamiento de Palermo pagando por el servicio, cuando desde una moto que se acercó sigilosamente bajó una persona y le arrebató el reloj, para luego huir montado en el vehículo como acompañante. La mujer se presentó a hacer la denuncia a la comisaría y en ese momento, sin otro dato indicativo que permitiera siquiera asociar determinadas marcas o señas reconocidas por la víctima (para entregarle una serie de fotos que coincidieran con esas descripciones), le abrieron ante la vista un álbum de fotos en el que reconoció una. Se trataba de la imagen del padre de Alan.
El hombre fue detenido y acusado del robo. Pero en rueda de reconocimiento, la víctima del robo lo descartó como quien había arrebatado su reloj, cuya constitución física era muy diferente. Anulado el proceso, quedó de todos modos el interrogante del origen de la foto y el modo en que había derivado a un “álbum de malvivientes”. Esa foto y sus derivaciones movieron a Abel Córdoba a iniciar una serie de actuaciones para determinar si los fiscales y las comisarías utilizaban imágenes de personas, en qué condiciones y situación eran tomadas, por qué motivos y si luego eran usadas para inducir a víctimas de delitos a reconocimientos truchos.
Paralelamente, el diputado Leonardo Grosso y el legislador Jorge Taiana, que encabezan la Campaña Contra la Violencia Institucional, y que participaron activamente en la denuncia por el crimen de Alan Tapia, presentaron una denuncia ante el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez. En la presentación, Grosso y Taiana incorporaron declaraciones de empleados de la fiscalía que denunciaban maltratos. Entre los datos que aportaban figura la descripción de un álbum de fotos. Según informó este diario el domingo pasado, una secretaria de la fiscalía sostuvo que “Campagnoli tenía sobre su escritorio un cuadro de fotografías, no tomadas de expedientes judiciales, sino captadas por integrantes de su equipo, de manera ilegal, en la calle, con una cámara oculta en una caja. Hacía un mapa del delito en el que marcaba con una equis las casas del Barrio Mitre en las que vivían los familiares de un joven que hubiera cometido un delito. Lo hacía aunque esos familiares, que vivían en otras casas, no hubieran cometido nunca un delito. Así catalogaba y estigmatizaba familias enteras, por el sólo hecho de que alguna vez, algún familiar o vecino, hubiera cometido un delito”.
El álbum descripto por la secretaria letrada y por el resto de los empleados, cuyas declaraciones fueron presentadas por los legisladores, nunca apareció. Tampoco las imágenes que tapizaban las paredes de la fiscalía al estilo del “Wanted” de las películas del Far West. Pero imprevistamente y por fuera de cualquier investigación dirigida contra el accionar del Ciudadano Ilustre y Personalidad del Ambito de las Ciencias Jurídicas (tal la distinción a Campagnoli propuesta por el macrista Cristian Ritondo y aprobada recientemente por la Legislatura porteña), el expediente abierto por Abel Córdoba como “Actuaciones de Procuvin sobre Prácticas Sociojurídicas en relación a Albumes Fotográficos”, detectó un álbum restante, que no había sido alcanzado a borrar o había sido descuidado. Se encontraba en el server de la fiscalía al que tienen acceso sus empleados.
El equipo de Córdoba inició las actuaciones sobre álbumes fotográficos el 4 de junio pasado, y comenzó las entrevistas a fiscales nacionales de instrucción de la Ciudad. Entre esas entrevistas surgió el dato de la existencia de un archivo con miles de fotos en el server de la fiscalía de Saavedra, que actualmente no lo utilizaba, pero que era visiblemente de uso cotidiano durante la gestión del honorífico ex fiscal. Mediante un escrito, Córdoba solicitó la entrega del material. Figuraba bajo el nombre de Registro Completo, y llegó a la Procuvin el martes pasado, como parte de toda la información que fue surgiendo del resto de las fiscalías.
Lo que surgió después excedió por lejos las actuaciones abiertas por Córdoba, que extendió el archivo digital a la procuradora nacional, Alejandra Gils Carbó, quien definirá el futuro del álbum delincuencial lombrosiano.
Las imágenes del Registro Completo ocupan 4,93 GB y cuentan con 6469 fotos, que podrían reducirse a unas 1500 personas, ya que en muchos casos aparece la misma persona de frente, perfil y en ocasiones en diferentes planos y hasta detalles ampliados.
Entre las imágenes que más impactan, una –que aparece bajo el nombre de archivo “nn9-all-gxxxxxxxx750.bmp”– se puede ver a un hombre relativamente joven, vestido con jeans y el torso desnudo, con un fondo que podría ser el de la fiscalía, sosteniendo en sus brazos a un bebé de meses, incluidos ambos en el álbum de la peligrosidad. Otras tres imágenes pertenecen a un chiquito de unos 10 años, dos fotos de frente y otra de perfil. En una de ellas, el chiquito llora. Otro chiquito de aproximadamente la misma edad, de tez oscura, aparece en dos imágenes, compungido y con la mirada baja. Otro niño que mira fijo a la cámara aparece apoyado contra una pared donde se puede divisar una escala para determinar la altura. El niño mide 1,45 metro. Hay otra serie de chicos cuyas edades pueden oscilar entre los 12 y los 15 años. Otros tal vez superen esos rangos y alcancen los 17. Ninguna de las imágenes de niños está justificada con acción judicial, ya que la toma de fotografías a niños está legalmente prohibida en el artículo 22 de la ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y los artículos 31 y 32 de la ley 25326, de Protección de Datos Personales, más conocida como de Hábeas Data.
Muchas imágenes fueron tomadas en plazas y parques, en la vía pública. Es el caso de los trapitos, que fueron tomados con vehículos de fondo. También el de travestis, cuyas imágenes fueron tomadas claramente posando mientras trabajan en la calle, ya que no aparece ningún dispositivo que indique actuación judicial, incluso varias fuman y sonríen a la cámara.
Según consta en la denuncia de Grosso, los empleados de la fiscalía eran enviados por Campagnoli a fotografiar a familiares de alguien que hubiera cometido un delito para agregarlos al álbum, además de que al abrir causas ordenaba que se le cargaran los delitos denunciados durante los 15 días anteriores. “Lo más grave –dijo Abel Córdoba– es que esas imágenes eran coleccionadas para luego ser utilizadas para disparar persecuciones penales contra personas.”
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