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El país|Viernes, 5 de septiembre de 2003

“La muerte fue consecuencia única y exclusiva del accionar genocida”

Los ex dirigentes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía pidieron ampliar su declaración y remarcaron que la responsabilidad por el asesinato de los militantes es exclusiva de los dictadores.

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El ex dirigente montonero Fernando Vaca Narvaja, el día que fue trasladado a declarar.
Los ex dirigentes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Cirilo Perdía pidieron ampliar su indagatoria en la causa en la que están detenidos por haber sido partícipes de las desapariciones de los 15 militantes montoneros que regresaron al país en 1980 y fueron secuestrados por miembros del Batallón 601. En sendos escritos que presentaron ante el juez federal Claudio Bonadío, los ex integrantes de la cúpula de la organización efectuaron un análisis histórico-político de los episodios que se investigan en la causa, e indicaron que la responsabilidad por la muerte de sus compañeros fue “consecuencia única y exclusiva del accionar genocida” del gobierno militar.
“Si el gobierno militar no hubiera seguido una metodología sistemática criminal, nuestros militantes habrían sido detenidos y juzgados”, afirmaron en sus escritos. Por eso entienden que “pretender sacar de contexto los acontecimientos investigados en estas actuaciones para tomarlos como hechos autónomos o aislados, tergiversa la historia y la realidad”. La presentación se hizo pocas horas antes de que el magistrado resuelva la situación procesal de ambos y se descuenta que los procesará transformando en prisión preventiva sus actuales detenciones, que cumplen en la Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA). Según reveló un funcionario con acceso al expediente, Bonadío consideraría que los jefes de la organización crearon un “riesgo especial” para las personas que formaron parte de la contraofensiva de 1980 y que como consecuencia “usurparon la libertad” de las víctimas. Hace dos días el juez procesó a los represores Luis Jorge Arias Duval, Julio César Bellene y Jorge Granada, ex miembros del Batallón 601 que estuvieron prófugos durante un año, por el secuestro, torturas y asesinato de los militantes desaparecidos. Y fijó embargos que van desde los dos millones y medio de pesos hasta los tres millones setecientos. Además, amplió las prisiones preventivas de otros ocho detenidos. Bonadío procesó también al ex comisario Luis Patti por encubrir a Arias Duval y a Granada. El candidato a gobernador bonaerense reconoció que había ayudado económicamente a este último.
Los escritos de Vaca Narvaja y Perdía comienzan con un capítulo titulado “Derecho a la resistencia” en el que señalan que son hombres que ingresaron a la política “con el ideario del general (Juan) Perón”, y por eso padecieron “proscripciones, persecuciones y la existencia de peligros tales que importaban riesgo de vida”. Afirman que, tras “la instauración de la dictadura, el 24 de marzo de 1976, los partidos políticos se convirtieron en ilegales” y hubo quienes por mandato constitucional trataron “por todos los medios de reinstaurar el sistema democrático, que fueron “catalogados como delincuentes y sufrieron la más cruda persecución y represión”. Al analizar puntualmente la “contraofensiva”, hacen referencia a la de 1979 que provocó una “derrota política que reconocen los genocidas” y luego aluden a la “organización democrática” que tenía Montoneros que llevó, inclusive, a que “algunos de sus miembros, estando exiliados”, no consideraron “conducente” la segunda “contraofensiva” de 1980.
“Todos los que la integrábamos, en el país y en el exterior, teníamos amplísima información de la política de represión criminal que ejercía el Estado, pero era tan grande el objetivo (recuperar las instituciones democráticas, alcanzar la justicia social y liberar a la patria) que conscientes de todos los riesgos” asumieron “voluntaria y personalmente” esos riesgos, escribieron. Con ese argumento intentan refutar uno de los que, se supone, serán ejes de la decisión de Bonadío cuando dicte las prisiones preventivas y afirme que la conducción de Montoneros no tomó las medidas necesarias para proteger a sus integrantes. “Los compañeros asesinados tenían información absoluta de la situación del país, del objetivo, de los riesgos de su lucha y eran absoluta y totalmente responsables de sus actos”, evaluaron los imputados. Y señalaron que “tanta información tenían que algunos de ellos fueron secuestrados al tiempo en que concurrieron a obtener armas para su seguridad”.

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