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Un proyecto de ley impulsa que el Poder Judicial y los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires se hagan cargo de investigar 27 delitos que todavía no están bajo su órbita, sino que permanecen a cargo de la Justicia nacional. Hasta ahora el fuero penal porteño concentra apenas una decena de delitos, de los cuales el de usurpación quizá sea el más taquillero. Si avanzara la propuesta en danza, presentada por la legisladora María Rosa Muiños (Frente para la Victoria), los tribunales locales empezarán a ocuparse de asuntos de otra envergadura, como la corrupción de funcionarios públicos de la ciudad, la comercialización y suministro de drogas y la discriminación. El tema lleva unos años en el freezer porque el macrismo no aceptaba el cambio sin fondos para implementarlo. Ahora todo indica que hay una negociación política en puerta.
El sistema judicial de la Ciudad de Buenos Aires se originó con la reforma constitucional de 1994. Los tribunales comenzaron a funcionar cuatro años después. La llamada Ley Cafiero limitó las competencias judiciales a ciertas contravenciones y a asuntos del ámbito contencioso-administrativo (desde incumplimientos de obligaciones del Estado hasta ejecución de impuestos). Dispuso, además, que la transformación fuera progresiva. La transferencia de las primeras competencias penales se hizo con dos convenios entre los gobiernos nacional y porteño, en tiempos de Aníbal Ibarra. Pero la última transferencia, la que prevé 27 delitos, se aprobó a través de una ley del Congreso –que redactó Daniel Filmus– que debe ser ratificada por la Legislatura porteña. Esa norma se votó en 2011 y ahí quedó. Parece una cuestión burocrática, pero es mucho más que eso: esconde peleas de poder y de dinero.
La semana pasada el presidente del Consejo de la Magistratura porteña, Juan Manuel Olmos (FpV), convocó a una jornada especial sobre “transferencia de competencias jurisdiccionales”. En la misma mesa sentó con él, en señal de aval a representantes del Poder Judicial: a camaristas de la ciudad, al titular del Superior Tribunal de la ciudad, Luis Lozano, y al juez de la Corte Raúl Zaffaroni. Olmos prometió que las causas se tramitarán “más rápido” y anunció que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, “se comprometió a avanzar”. Olmos es conocido como un hábil conciliador, como nexo y facilitador de acuerdos con el PRO en la ciudad, y como una suerte de regulador de la Justicia local, donde Macri cuenta con apoyos fluctuantes. Es, además, el esposo de Muiños, autora del proyecto presentado la semana pasada ante la Comisión de Justicia, que preside el macrista Francisco Quintana, con mayoría de integrantes del PRO.
Hoy la ciudad dispone de 31 juzgados y 40 fiscalías cuya actividad se reduce a investigar usurpación, daños, lesiones en riña, tenencia y portación de armas, abandono de personas, exhibiciones obscenas, amenazas, matrimonio ilegal y omisión de auxilio. Ampliar su competencia implica también un fortalecimiento y concentración de decisiones de gran peso en los jueces de la Ciudad. ¿Qué cambiará? A modo de ejemplo, Muiños dice: “La Justicia Penal local podrá investigar, por ejemplo, a los inspectores que habilitan lugares que no reúnen las condiciones de seguridad mínimas; o los funcionarios imputados por malversación de caudales públicos que provocan la pérdida de recursos cuyo destino podría ser la construcción de viviendas, hospitales u escuelas”. Los funcionarios abarcados serían exclusivamente los de la administración porteña por violaciones a la ley cometidas en ese ámbito. Para ellos, los delitos contemplados incluyen también el cohecho (coimas), enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.
La transferencia, según prevé la propuesta, sería en tres etapas. Los casos de corrupción entrarían en la primera, junto con abuso de armas, incendio y otros estragos, tenencia, portación y provisión de armas de guerra, violación de domicilio, actos discriminatorios, falso testimonio y prevaricato (fallar contra derecho intencionalmente), resistencia a la autoridad, entre otros. En la segunda fase se sumarían –por ejemplo– la falsificación de documentos, apremios ilegales, delitos contra la libertad del trabajo y estafa procesal. En la tercera etapa: las lesiones en todas sus formas más la comercialización y suministro de drogas.
Se supone que esta transformación apunta a que un día la Justicia nacional de instrucción deje de existir. Hoy hay 49 juzgados y fiscalías, más 14 correccionales. En el ámbito jurídico, la transición genera dudas técnicas porque podría suceder que un hecho, de entrada, no sea claro o que se encamine un juicio y en la mitad surja que debe tramitarse en otro lado. En algunos delitos puede ser muy delgada la línea que los distinga. Puede haber un homicidio que se confunda con abandono de persona o un abuso de armas con un delito contra la vida.
Por fuera del ámbito político, hay investigadores que alientan el traspaso de delitos. Jorge
Boerr, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, dice que “por empezar, es un buen paso en la consolidación de la autonomía porteña; es positivo que el Poder Judicial local aparezca impulsándolo; y pensamos que se cuenta con los recursos como para hacer frente a un proceso gradual”. Boerr recuerda que en los últimos años se agregaron juzgados y se duplicó el número de fiscales en la Ciudad de Buenos Aires. “El gran trabajo –dice– va a ser modernizar la estructura administrativa, mantener la calidad del servicio y del sistema de audiencias públicas que caracteriza a la Justicia porteña, que es ágil y transparente.”
La cuestión de los fondos y los recursos es uno de los puntos que genera controversias. Todavía, por ejemplo, en el fuero contencioso hay una causa donde la ciudad reclama 130 millones de pesos adeudados de las transferencias anteriores de delitos.
A diferencia de la Justicia nacional, la porteña tiene un sistema acusatorio, es decir, donde las investigaciones las dirigen los fiscales. Los jueces controlan. El Ministerio Público ha tenido una alineación política palpable con el macrismo que se tradujo, en el plano judicial, en la persecución sistemática de ciertos delitos y sectores vulnerables de la población. En el Poder Judicial hay de todo, incluso jueces que han sancionado al gobierno de Macri por grandes incumplimientos en salud, educación, saneamiento y vivienda.
Los fiscales ven con buenos ojos sumar competencias. Investigar a los políticos puede ser incómodo pero también da poder. De todos modos, quieren plata y ponen en duda algunas cuestiones: por ejemplo, la persecución de los delitos de drogas aumentará el número de detenidos, y la Ciudad no tiene cárceles, sólo una de contraventores. Para el resto, hace convenios con la Nación. “Transferir competencias puede estar bien, pero es una decisión política”, se limitó a decir el fiscal general Martín Ocampo.
La multiplicación de delitos, según el cálculo que se hizo cuando se aprobó la ley hace tres años, implicaría unos 30 mil expedientes por año. Sólo de lesiones, las estimaciones dicen que se incorporarían unas 9 mil causas. “Nosotros apoyamos la autonomía de la ciudad y convalidamos los convenios que vayan en ese sentido, pero habrá que ver también qué capacidad operativa tienen los juzgados”, dice la legisladora Paula Oliveto (Coalición Cívica). El proyecto de Muiños señala que se aceptará la transferencia de competencias “sin limitaciones ni reservas”. No prevé fondos, un aspecto del cual el macrismo todavía no dice nada públicamente. Quintana afirmó que el proyecto aún no entró a la comisión, por lo que todavía no está en análisis ni tiene una opinión formada sobre el tema. Sin embargo, otros legisladores del PRO explicaron que todavía esperan instrucciones del Ejecutivo local. Detrás de escena, todo indica que hay una negociación en marcha.
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