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En las últimas tres semanas la Argentina consiguió iniciar un camino de largo aliento: instaló la reestructuración de la deuda soberana como un caso. El jueves 25 el Consejo de Derechos Humanos condenó a los fondos buitre y a la especulación financiera como un freno al desarrollo de derechos sociales a la vivienda, a la salud y a la educación.
El 9 de septiembre la Asamblea General de la ONU aprobó redactar de aquí a las sesiones de 2015 un texto multilateral de cumplimiento obligatorio sobre la deuda. Podría tener la forma de un protocolo o una convención. Una vez ratificado será vinculante para los países que la firmen. El canciller Héctor Timerman piloteó un equipo con un pie en Nueva York, a través de la representante argentina en la ONU Marita Perceval, y otro pie en Ginebra, donde el negociador fue el embajador ante los organismos internacionales Alberto D’Alotto, un antiguo exiliado en Francia que con la vuelta de la democracia siguió la carrera diplomática.
Los fiscales norteamericanos suelen decir una frase cuando se alegran de contar con indicios fuertes para probar un delito: “Tenemos caso”.
La tradición anglosajona es empírica. Si tras el caso la querella consigue una condena en primera instancia y luego supera las instancias que siguen, las sentencias pasarán a formar parte de la jurisprudencia y de los principios generales del common law. Y, a su vez, tanto la jurisprudencia como los principios generales se aplicarán después a otros casos concretos.
La cuestión del caso futuro surgió durante las negociaciones en la ONU, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Derechos Humanos. Como suele ocurrir en política cuando el diálogo se hace sincero y descarnado, fue el representante de un Estado que votaría en contra quien lo explicó a un colega argentino:
–Si fuera por gentileza diplomática yo podría votar a favor –dijo–. Pero mi país no desea que la reestructuración de deuda empiece ahora el camino que ustedes sugieren. No queremos un caso.
Es que con un caso fuerte y con jurisprudencia, nunca se sabe. La jurisdicción universal quedó reforzada tras los procesos de Nuremberg de 1945-1946 contra los jerarcas nazis y la aprobación de los Principios de Nuremberg por parte de la ONU. Cuando el juez español Baltasar Garzón ordenó arrestar al dictador Augusto Pinochet en Londres, hasta muchos de los que coincidían con Garzón pensaron que se trataba de simple romanticismo. Muy simpático pero inútil. Y, sin embargo, Pinochet terminó siendo arrestado por orden de Garzón en la London Clinic, donde estaba internado, el 16 de octubre de 1998.
El martes último, durante un encuentro de análisis de coyuntura en la Universidad Metropolitana, el economista Pablo Chena aportó un concepto que parece la cara política de la idea del caso. En el debate con dirigentes sindicales, economistas y expertos en diplomacia y estrategia convocados por los núcleos de Economía y Trabajo y de Estudios del Brasil, Chena dijo que hay un problema concreto, el de la deuda y los obstáculos a su reestructuración plena. Agregó frente a, entre otros, Mariano de Miguel, Horacio Ghilini, José María Vázquez Ocampo y Luis Tibiletti que el problema no es solo de la Argentina sino de muchos países deudores. Y concluyó: “Lo que está haciendo la Argentina es construir un sujeto político, el de los deudores”.
Cuando la ONU aprueba declaraciones, condenas o compromisos de diseño de instrumentos legales de alcance multilateral, unos pueden tentarse pensando que así quedarán resueltos los problemas y otros, en simetría, afirmar que los votos no sirven para nada. Serían dos formas de pensamiento mágico incapaces de dar cuenta de una realidad compleja de casos y sujetos. El texto del Consejo de Derechos Humanos aprobado el jueves para condenar a los buitres dice acoger “con beneplácito la labor del experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo económicos, sociales y culturales”.
El experto actual es el argentino Juan Pablo Bohoslavsky. El anterior fue Cephas Lumina, de Zambia. En el mandato de Lumina el Consejo de Derechos Humanos recibió un informe especial que puede leerse haciendo click en http://bit.ly/1rluvQM. Para quien piense que el de la deuda externa es un problema en extinción, aquí va un párrafo sobre el crecimiento de las cifras: “El total de la deuda externa de las economías de los países en desarrollo y países emergentes aumentó de 2.678.400 millones de dólares de los Estados Unidos en 2003 a 5.414.600 millones de dólares en 2010, y se prevé que llegará a los 6.446.300 millones de dólares en 2012”. Y otro más: “Los pagos del servicio de la deuda aumentaron de 795.200 millones de dólares en 2003 a 1.743.700 millones de dólares en 2010, y se preveía que llegarían a 2.010.800 millones de dólares y 2.265.500 millones de dólares en 2011 y 2012, respectivamente”.
Además de condenar a los fondos buitre, a los que llama en un tramo “fondos oportunistas”, la resolución votada por el Consejo el 25 de septiembre pide al Comité Asesor del organismo que prepare un informe “basado en investigaciones sobre las actividades de los fondos buitre y sus repercusiones en los derechos humanos”. Deberá ir presentando al Consejo informes sobre la marcha de la investigación y tendrá que recabar opiniones y aportes “de Estados miembro, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y regionales competentes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los procedimientos especiales pertinentes, incluido el experto independiente”.
El viernes un funcionario argentino que pidió reserva de su identidad resumió el tablero con una frase: “Es difícil discutir los asuntos económicos globales en Naciones Unidas, pero este tema ya no se va más de la agenda de la ONU”.
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