El juez Mariano Bergés convocó a directivos del Boston, del Scotia y del Río a declaración indagatoria en el marco de la causa por manejos irregulares después de la aplicación del “corralito”.
Por Susana Viau
Las protestas de los ahorristas frente a los bancos no cesan desde que se instauró el “corralito”.
El juez de instrucción Mariano Bergés citó a prestar declaración indagatoria a los directivos de importantes bancos involucrados en la causa que instruye por supuesta administración fraudulenta. En la nómina de convocados figuran, entre otros, Manuel Sacerdote, del Boston, Peter Sutton, del Scotia, y Ana Botín, del Río. La noticia causó revuelo en la city y sobre todo en las casas centrales de los bancos extranjeros afectados por la investigación. Luego de cumplido el preciso cronograma de declaraciones, Bergés tendrá un plazo de diez días para determinar si dicta o no el procesamiento de los ejecutivos imputados.
A fines de la semana anterior, Bergés había allanado las dependencias de la Superintendencia de Entidades Financieras, a cuyo frente se encuentra Guillermo Lesniewer. Allí, en el octavo piso del nuevo edificio levantado junto al BCRA, procedió a secuestrar carpetas y diskettes conteniendo operaciones realizadas por dichas entidades así como material relativo a la calificación (CAMEL) que de cada uno de ellos (según la escala CAMEL) hicieran los inspectores del BCRA.
En base a un primer estudio de esa documentación, el magistrado resolvió citar a William Peter Sutton y Alan Macdonald, respectivamente presidente y gerente general del Scotia. La audiencia de Sutton está prevista para el martes 12 de marzo. Dos días más tarde, el jueves 14, serán escuchados José María Dagnino Pastore y Carlos González Taboada, presidente y gerente general del Banco Sudameris; el lunes 18 están conminados a presentarse Manuel Sacerdote, presidente del Bank Boston, y el director general de comercio de la entidad, Víctor Zerbino. Por último, para el miércoles 20 de este mes deberán prestar declaración la presidenta del Banco Río, Ana Patricia Botín de O’Shea, y el gerente general Enrique Cristofani.
Todos ellos deberán responder a una curiosidad básica del juzgado: si al establecimiento del “corralito”, el 28 de noviembre, había dinero en los bancos y en caso de que no lo hubiera cuáles fueron las razones que explicaban la iliquidez. En esta primera tanda de citaciones no se encuentran incluidos de momento ni los directivos del Citibank ni los del Galicia puesto que sus situaciones se encuentran todavía en estudio. Pero sobre ellos como ocurre con el resto de los imputados pesa desde casi el inicio de las actuaciones la prohibición de salida del país. Esa disposición no rige aún para Ana Botín ni para Cristofani, pero en fuentes vinculadas al expediente se prevé que será emitida en los próximos días. Ante la autorización solicitada por Peter Baumann, actual presidente del Citi, el juzgado dio su acuerdo pero fijando una caución de veinte millones de pesos (10 millones de dólares) que disuadió del viaje al titular de la entidad. Pese al férreo silencio que Bergés impone a su actividad, trascendió que al menos una cuestión habría llamado la atención del juzgado: en los días previos a la implantación del “corralito” un poderoso banco se habría encontrado bajo los requisitos mínimos de liquidez. El dato resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que la misma entidad prestó elevadísimas cifras –cientos de millones– en operaciones de call money. Lo cierto es que las decisiones que Bergés está tomando en su despacho del primer piso del Palacio de los Tribunales prometen levantar polvareda. Sobre todo en Madrid, puesto que quien queda ahora comprometida y en riesgo de procesamiento es nada menos que la hija de Emilio Botín, presidente del grupo Santander-Central Hispano, un tradicional peso pesado de las finanzas españolas.
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