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Eugenio Raúl Zaffaroni renunció a su cargo en la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo en tiempo y forma, con estricto apego a la ley. El mensaje no es hueco ni burocrático. Tiene contenido, cuestionando el criterio monárquico de quienes se mantienen en sus cargos de por vida, una alusión precisa y sutil, sin nombrarlo, a su colega Carlos Fayt. También exalta la trayectoria de “las Madres y las Abuelas”, a las que acompañó y asesoró durante décadas. Un tono afectuoso hacia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner colorea la nota aunque no desplaza el formalismo que predomina en los tribunales.
Con franqueza, Zaffaroni enuncia y jerarquiza los motivos de su partida. El primero e “ineludible” es la normativa, parte del artículo 99 de la Constitución: cumplirá 75 años el 7 de enero, adelanta su partida al 31 de diciembre. El magistrado agrega que considera que once años en la Corte es un “lapso prolongado”. Reconoce un factor subjetivo, aunque secundario: le interesa recuperar tiempo para sus actividades académicas, docentes, doctrinarias y la acción en las instituciones científicas internacionales.
Zaffaroni es un jurista de primer nivel internacional, bien por encima de sus compañeros de cuerpo. Esa característica no es imperativa para sumarse a la Corte ni forzosa para ser un digno juez. Pero el buen uso de su versación forma parte del aporte de Zaffaroni para enriquecer un buen desempeño colectivo.
La Corte que regeneró el presidente Néstor Kirchner cumplió bien su cometido, en promedio. No llegó a la perfección (si acaso existe) pero mantuvo una línea de conducta, dictó fallos señeros en materia de derechos humanos y sostuvo un buen nivel en la mayoría de los casos relevantes que decidió. Sumó calidad institucional a la etapa, lo que combina el mérito del cuerpo (que suele serle reconocido) y el menos mentado del ejecutivo votado desde 2003. Higienizó al Tribunal, tuvo los votos parlamentarios (y los atributos bien puestos) para eyectar a los repudiables Supremos menemistas.
Si se hace un repaso no prejuicioso se puede señalar:
- Que Kirchner impulsó un salto de calidad de la Corte, sin nombrar jueces adictos. Además estableció, en el decreto 222 del año 2003, un modo de selección que impone debate y audiencias públicas, versus el secretismo que imperaba antes.
- Que en 2006, la entonces senadora Cristina Kirchner promovió (en el zenit de la popularidad de Kirchner) una ley reduciendo a cinco el número de miembros de la Corte. La norma vigente por entonces estipulaba que eran nueve pero siete integraban el cuerpo. La mayoría exigía cinco, era trabajoso. El kirchnerismo autorrestringió su posibilidad de nombrar dos cortesanos más. Y demarcó un número que podía regir por muchos años, como efectivamente sucedió.
- Que Zaffaroni se retiró justo cuando correspondía. Se le atribuye, sin rigor, ser un incondicional del Gobierno. Pero dejó vacante una silla que será difícil de llenar, porque así lo mandan las leyes.
O sea, hay una trayectoria institucional coherente y prolongada del oficialismo y de Zaffaroni. Sus adversarios no la registran ni la copian.
Con las desdichadas pérdidas de los doctores Carmen Argibay y Enrique Petracchi, ocurridas hace contados meses, la Corte quedará reducida a cuatro miembros, no bien llegue el año nuevo. Son demasiado pocos, como ya se desarrollará.
Siempre es saludable ser cauto con las profecías, pero no parece excesivo suponer que ha terminado una fructífera etapa de la Corte y que despunta otra. Tres magistrados que dejan de pertenecer a un colectivo de siete hacen una gran diferencia.
El porvenir es abierto, no tiene forzosamente que ser menos auspicioso... pero para empezar será distinto. La expresión “fin de ciclo” no cuadra, aunque tienta. Fue la Corte que duró más tiempo en la historia nacional, como siempre subraya el jurista Gustavo Arballo, afecto al método comparativo y la búsqueda de datos.
A título subjetivo, este cronista entiende que Petracchi y Zaffaroni eran los mejores jueces de un conjunto de nivel muy valorable. Habrá que ver cómo se los suple, así fuera en parte.
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Cuatro no bastan: La ley estipula que la Corte debe tener cinco miembros. Ese argumento debería ser suficiente para zanjar toda discusión. La Presidenta debe (y no solo puede) proponer una persona para ocupar la vacante. Quienes se oponen por método, desconocen el mandato institucional, mientras alegan ser (únicos) portadores de la bandera republicana. En fin...
Claro que es complejo en la coyuntura conseguir el acuerdo de las dos terceras partes del Senado, también regulada en la Constitución. Ese desafío político no obsta al imperativo legal: debe ser acometido con tácticas que faciliten el objetivo. La más racional es mocionar a alguien con prestigio y reconocimiento. Es entre verosímil y cantado que eso no bastaría para vencer la necia tozudez opositora.
El número de cuatro es, por añadidura, disfuncional. Se exige una mayoría de tres para sentenciar, esto es las tres cuartas partes de los integrantes. La dificultad consiguiente se subestima y se sobrevalora una solución paliativa y nociva. Es factible convocar conjueces ad hoc en caso de que sea necesario desempatar.
El mecanismo rebosa de contraindicaciones. Una es, pongámosle, conceptual. La Corte es un curioso organismo colegiado compuesto por individualidades, éstas no son fungibles. Su andar cotidiano debe combinar diálogo entre sus integrantes, con debates específicos sobre los expedientes a tratar, con decisiones en las que se acude al recurso del voto. La convivencia y el trato habitual no son baladíes y no se suplen con el arribo espasmódico de “paracaidistas” ajenos al funcionamiento regular.
Por otro lado, la excelencia institucional demarca requisitos muy exigentes para llegar a la Corte, ya reseñados líneas arriba. Ese recaudo se desdibujaría o borraría otorgando gran poder contingente a “otros magistrados” sin los pergaminos necesarios que tendrían alta gravitación aunque temporaria.
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Lentitud y discrecionalidad: La Corte, aun con siete vocales, no daba abasto para su actividad. Por motivos que esta nota no abordará resuelve una cantidad excesiva de expedientes. La diferencia con su par norteamericana es sideral. Los costos del agobio son múltiples, la lentitud es uno de cajón.
Hay estipulados plazos máximos para las sentencias de todos los tribunales de la Nación... menos para el máximo. A menudo se burlan pero, por lo menos, están estipulados. La exclusión de la Corte tiene una causa lógica: no hay una instancia superior que podría sancionar la mora. Pero sería gratificante que el tribunal se autorregulara, para tener márgenes y para poder ser cuestionado cuando no cumple.
Un rebusque habitual es valerse abusivamente del artículo 280 del Código Procesal, que faculta a rechazar de plano los recursos extraordinarios que no cumplen las exigencias para interponerlos. La Corte desestima una cantidad preocupante de casos sin explicar el porqué. El manejo se apoda “la plancha” que en jerga equivale a “sello”. El vocablo es indicativo: se pone fin a un expediente o a una parte importante sin fundamentación del órgano de gobierno respectivo. Una defección de los principios constitucionales: todo acto debe (debería) ser fundamentado, máxime si regula o acota un derecho.
La mala praxis de la Corte es recurrente, esta composición incurrió en ella a menudo. Es una forma sinuosa de liberarse de expedientes con módica labor de los supremos, aunque éstos alegan haber estudiado todos esos casos. Si así fuera, nada les impide escribir unas líneas para fundamentar lo que hacen o desbaratan.
La lentitud y la proliferación de rechazos discrecionales corren el riesgo de agravarse si hay más sobrecarga para los magistrados que quedan.
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Locuacidad y virajes posibles: Se aumenta la cantidad de trabajo, tanto como la cuota parte de poder de los Supremos que siguen. No es lo mismo que cada uno disponga de la séptima parte de los votos que un cuarto. Tal vez por eso, tal vez porque a menudo lo tienta hablar para la platea y los palcos VIP, el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti hizo declaraciones imprudentes. No venía mal que dijera “que no panda el cúnico” y que desalentara ansiedades. Pero de ahí a meterse en las incumbencias de otros poderes y (casi) pronunciarse por el quietismo presidencial hay un abismo. El hombre adujo que no hay urgencia, vale. Pero sí hay necesidad, que subestimó intrusando áreas ajenas.
Habrá que ver cómo se alinean los Supremos de acá en más. Un caso interesante es el del longevo Carlos Fayt quien se vale de un achacoso fallo dictado hace veinte años. Pudo ser equitativo que no cesara en su cargo en 1994 pero es abuso de derecho que prorrogue su vigencia veinte años después.
También será interesante observar cómo se reacomoda Juan Carlos Maqueda. Elogiar el modo en que se designan los Supremos desde 2003 conlleva la crítica a cómo se hacía antes. El último magistrado del Ancien Régime es precisamente Maqueda, quien fue catapultado sin escalas de la presidencia del Senado a la Corte, como tributo a su pertenencia al duhaldismo, bien ornada con una buena formación jurídica. De cualquier manera, es un ejemplo arquetípico de “juez político” y hasta partidario.
En su momento, Maqueda convivió seis meses con el cardumen menemista, sin decir pío. Cuando comenzó la reconfortante ofensiva kirchnerista contra Julio Nazareno difundió una carta pública demoliendo al presidente de la Corte menemista. Fea la actitud, previa a una reconversión que fue mejor. Una vez reconformado el tribunal, Maqueda tuvo un desempeño sistémico, conjugó con sus colegas, sin desentonar para nada.
Claro que se vive una etapa nueva, signada por la cercanía de las elecciones presidenciales y el antagonismo consiguiente. Maqueda podría pasar de ser una “célula dormida” del peronismo federal a acercársele en su revival. De nuevo, es una virtualidad pero, tal vez, tenga suelo fértil en el contexto reaccionario que proponen la oposición y en particular los sectores antikirchneristas del justicialismo. Usamos “reacción” en sentido estricto: vuelta atrás, al pasado. La afinidad entre Maqueda y quien fuera su jefe político, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, será un factor interesante para ir pispeando.
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Recuerdos y porvenir: Kirchner le dio un contenido simbólico a sus decisiones cuando destituyó a Nazareno y promovió a Zaffaroni. Eran y son antípodas. Las reacciones fueron tremendas y el presidente demostró ya en sus comienzos su capacidad para generar poder, domesticando a la bancada justicialista.
Durante el largo lapso de once años Zaffaroni fue hostilizado por la derecha política y mediática. Saben lo que hacen. El aporte de Zaffaroni antecede y trasciende a su fructífero paso por la Corte. Su obra es monumental, tiene discípulos en la Academia y seguidores en la opinión pública y en el Poder Judicial. Eso también lo distingue de sus, por ahora, compañeros de gestión. Afecto a la polémica, hábil y dotado de un imbatible sentido del humor Za-ffaroni participa en el Agora. Supo inculcar ideas fuerza notables como la estigmatización social que acompaña varios relatos sobre la inseguridad. Participó haciendo mayoría en los mejores fallos y marcó disidencias sin tornarse provocador ni rupturista. Cuando llegó el reconocimiento de constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual convergió con Petracchi. Cada uno con su relato y su visión, plasmaron los mejores votos del tribunal. La defensa de los derechos humanos, la condena al terrorismo de Estado y a la violencia institucional lo tuvieron y tendrán como un abanderado, no exento de liderazgo. Hizo lo correcto al retirarse, comulgando con sus “otras” actividades. Al poner por escrito lo que preavisó, facilita que el debate político se anticipe un poco, aunque solo pueda concretarse a partir del primero de enero.
Ayer mismo el senador Gerardo Morales ratificó que el radicalismo se opondrá por método a cualquier nombramiento. Quiere esperar al próximo gobierno. Es una postura rara, máxime porque es difícil que un virtual gobierno opositor pudiera contar con primera minoría en el Senado, ni hablar de los dos tercios. Pero así se hace política en estos pagos, subestimando lo institucional, en aras de un titulito en los medios.
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