La Legislatura porteña tenía programado reunirse mañana para definir quién ocupará la Defensoría del Pueblo siguiendo un método de negociación a puertas cerradas típico del viejo Concejo Deliberante. En el gobierno nacional también crece la oposición.
Por Martín Granovsky
Alicia Pierini, ex subsecretaria de Derechos Humanos de Carlos Menem.
La suerte de la audiencia de mañana en la Legislatura para elegir nuevo o nueva ombudsman parecía complicarse anoche: mientras legisladores macristas afirmaban que “la vamos a hacer sí o sí”, en el parlamento porteño crecían las dudas sobre si insistir con el pacto para designar a Alicia Pierini, una de las funcionarias predilectas de Carlos Menem, en la Defensoría del Pueblo.
La situación se agitó después de la revelación, publicada ayer en exclusiva por Página/12, de que el menemismo busca convertir a la Defensoría en sitio clave tras la pérdida de posiciones a nivel nacional y local. En el primer caso, por la serie de derrotas que comenzó cuando Menem abandonó la disputa de la segunda vuelta. En el segundo, cuando Mauricio Macri perdió el ballottage para la Jefatura de Gobierno frente a Aníbal Ibarra.
Este diario pudo constatar que, si algún legislador podía tener alguna duda, dos de los dirigentes del gobierno nacional con peso porteño no mostraban ayer ningún entusiasmo por bendecir un pacto entre Pierini y la actual legislatura.
Altos funcionarios del Gobierno aportaron dos datos:
- Ninguno ve activo y en campaña al ex miembro del justicialismo Eduardo Valdés, actual jefe de gabinete de Rafael Bielsa, que hasta hace seis meses era una figura irremplazable en cualquier negociación del distrito.
- El jefe de Gabinete del Presidente Néstor Kirchner, Alberto Fernández, dijo a dirigentes políticos porteños que no veía viable un pacto a puertas cerradas para designar el reemplazo de la actual funcionaria de la Cancillería Alicia Oliveira. “Si hay pacto y es así, se cae”, fue su frase. También se presentó a sí mismo como ajeno a cualquier arreglo antiguo, y por lo tanto en capacidad de no cumplirlo aunque más no sea porque nunca se juramentó para lo contrario.
La conclusión en el Ejecutivo se resume en una descripción: “Más allá de que esté bien o mal, y nosotros creemos que está mal, no hay consenso externo en la sociedad para un arreglo entre cuatro paredes”.
“No hay ningún problema en negociar, pero lo peor es discutir sin transparencia y ocultar la negociación hacia la sociedad”, dijo a Página/12 César Torre. “Actuar así sería ir a contramano del gobierno nacional”, señaló Torre, dirigente peronista de Lugano, es uno de los candidatos a ombudsman. Ayer aprovechó para aclarar que está públicamente distanciado de Miguel Angel Toma, el presidente del Partido Justicialista porteño. Este diario pudo chequear que la situación es como el mismo Torre la describe.
Eduardo Peduto, actual legislador porteño del ARI, la agrupación que lidera Elisa Carrió, declaró que él no fue tentado por los operadores de Pierini para cambiar el voto del sector a cambio de secundarla eventualmente como uno de los defensores adjuntos.
“La Constitución de la ciudad sin dudas es la más avanzada del país y tiene un capítulo completo dedicado a principios sobre salud, educación, ambiente, hábitat, cultura, personas mayores, juventud o trabajo”, dijo Peduto. “Las propuestas para la Defensoría deben centrarse en estos temas, y en se marco no hay espacio ni para acuerdos políticos espurios ni para consensos ‘asépticos’ que dejen de lado la política y la ideología.” Para Peduto, igualmente, “no es lo mismo un consenso que un enjuague”, y menos con “quienes intentaron dinamitar el Estado argentino y el de la ciudad durante la segunda década infame, que eso fueron los años ‘90, cuando ampararon o pisotearon las conquistas políticas y sociales de los argentinos”.
El artículo de Página/12 informaba que los operadores de Pierini estaban comenzando a ofrecer puestos a unos legisladores o candidatos a ombudsman o se proponían hacerlo con otros.
Entre los blancos a tentar figuraban los actuales adjuntos Diana Maffía, que en su momento chocó con Pierini por la postura ante la Ley de Salud Reproductiva, y Gustavo Lesbegueris, un ex radical actualmente en el ARI.
Quien aparece como uno de los principales operadores de la campaña por la instalación de Pierini es Santiago de Estrada, hoy trabajando de lleno en el macrismo porteño. De Estrada es un ex embajador en el Vaticano que fue funcionario de Seguridad Social y en la Legislatura se opuso, por ejemplo, a la ley permitiendo que una embarazada pueda interrumpir la gestación cuando se compruebe que el feto no tenga vida cerebral.
De Estrada fue funcionario de la última dictadura y también de Carlos Menem. No solo ocupó cargos en Seguridad Social. También presidió el Anses y el Pami.
Pierini fue subsecretaria de Derechos Humanos de Menem entre 1991 y 1997, y jamás se separó políticamente de él. Allegados a la actual legisladora afirmaron ayer que no quiere aparecer ligada a Toma pero que de ningún modo reniega de la relación con el ex presidente.
No renegó ni siquiera cuando Menem estaba en su peor momento, preso en la quinta de Don Torcuato por la causa de las armas. Según conocen ya los lectores de este diario, Pierini patrocinó a Menem en su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. La otra patrocinante fue Alicia Martínez Ríos, funcionaria de la Cancillería y embajadora durante el menemismo. Ambas gestionaron el asesoramiento de los expertos Pedro Nikken y Carlos Ayala, dos figuras esenciales para la redacción del documento en el que Menem intentó presentar el procesamiento por parte de la Justicia argentina como una violación de las garantías individuales.
Disciplinada con Menem, Pierini tampoco cuestionó las políticas del menemismo que la Defensoría cuestionó incluso judicialmente cuando estaba a cargo de Oliveira. Un caso testigo fue el de Víctor Alderete, que no pudo completar la proyectada tercerización del PAMI porque la Defensoría del Pueblo consiguió que la Justicia dictara una medida cautelar para frenar el comienzo de un negocio que superaría los mil millones de dólares.
El 22 de septiembre último, la Legislatura realizó una audiencia pública para recibir impugnaciones a los candidatos a ombudsman. Dos organizaciones no gubernamentales, Poder Ciudadano y la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, habían pedido que se terminara con el sistema según el cual los legisladores terminan proponiendo legisladores y cruzando promesas entre ellos.
Con la publicación en Página/12 de la trastienda de las operaciones políticas, a esa impugnación se agregó la discusión abierta sobre el perfil de quien debe ocupar la Defensoría más allá de un acuerdo concretado, hasta ahora, al estilo del viejo y desprestigiado Concejo Deliberante.
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