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Los reclamos de justicia por las víctimas de la represión desatada por el gobierno de la Alianza se renuevan hoy y mañana, cuando se cumplen trece años de la rebelión popular de diciembre de 2001. “Hasta que Fernando de la Rúa no sea sentado entre los acusados, este juicio estará incompleto y no habrá justicia real, tiene que responder como ex presidente por lo que pasó en las calles de Buenos Aires y del país”, dijo María Arena, viuda de Gastón Riva, el trabajador motoquero asesinado el 20 de diciembre de 2001. Para recordar y homenajear a las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizará hoy un acto que incluirá una radio abierta, proyecciones de videos documentales y, además, música en vivo.
El acto homenaje, que es coorganizado por el Sindicato Unico de Conductores de Motos de la República Argentina y por Motoqueros Trabajadores Argentinos, comenzará a las 16 en Avenida de Mayo y Tacuarí. “En el marco de las políticas de reparación que inició el Estado argentino desde 2003, la Secretaría de Derechos Humanos asiste a los testigos en este juicio a través del Centro Ulloa, un espacio de asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que tiene como función la asistencia integral, que incluye el acompañamiento durante los procesos judiciales”, indicó el organismo que encabeza Martín Fresneda.
“Por su responsabilidad en los hechos, De la Rúa tiene que ir a la cárcel”, dijo María Arena, una de las querellantes en el juicio oral y público que comenzó en febrero para esclarecer el asesinato de cinco de las personas que murieron a manos de la policía por orden del gobierno de la Alianza, que terminaría dejando el poder en medio de la crisis.
Como familiar directo de una de las víctimas, Arena reclamó que el proceso judicial “alcance a los responsables políticos de la represión y que no se quede sólo con algunos autores materiales”, porque sostuvo que “por lo que investigamos en todos estos años sabemos que hubo órdenes políticas muy claras, muy precisas para desatar una represión y que eso fue ordenado desde lo más alto del gobierno”. La esposa de una de las 39 víctimas que dejó aquella sangrienta jornada agregó: “No me conformo con que metan presos a algunos policías, De la Rúa también tiene que ser encarcelado”. Sin embargo, el ex mandatario no está imputado porque fue sobreseído por el juez federal Claudio Bonadio, y luego por un fallo de la Cámara Federal, con el voto en disidencia del juez Horacio Cattani. La decisión fue apelada y ahora debe expedirse la Corte Suprema.
“La batalla social y legal que dimos los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos que nos acompañaron resultó muy importante y es motivo de orgullo, es una pelea contra la impunidad que tenemos que dar todos los días”, apuntó Arena. Su compañero, Gastón Riva, tenía 30 años y como muchos argentinos ese 20 de diciembre salió a manifestarse contra la decisión del gobierno de la Alianza de decretar un estado de sitio en medio de la grave crisis económica y social de ese momento. “Fueron una especie de caballería de la rebelión popular”, dijo Arena sobre los motoqueros. Esta mujer, que estudió locución y trabaja en tres radios, vio por televisión a Riva luego de que un disparo lo dejara tendido sobre el asfalto en la esquina de Tacuarí y Avenida de Mayo.
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