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El relevo de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia es oportuno y necesario pero tardío, y atestigua el fracaso de la política seguida durante demasiados años con esa organización que depende de la presidencia de la Nación y que se ha escapado de su control. Retomarlo es la tarea que la presidente CFK encomendó a Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, flamantes secretario y subsecretario de Inteligencia, quienes con quince relevos en el primer día entraron pisando fuerte. De todos modos, es improbable que vayan a repetir la hemorragia que provocó la Alianza, cuando el millar de especialistas que purgó el banquero Fernando de Santibáñez se volcaron con entusiasmo a la actividad privada. Una de sus consecuencias fue el negocio de las pinchaduras de teléfonos y computadoras y la venta de las interceptaciones, un delito por el cual esta semana el fiscal general de la justicia federal de San Isidro Fernando Domínguez elevó a juicio oral la causa en la que están procesados el ex secretario de Inteligencia Juan Bautista Yofre, el columnista de La Nación Carlos Pagni, el entonces director de Ambito Financiero y actual columnista de Perfil Roberto García, el empresario santiagueño de medios Néstor Ick, el general Daniel Reimundes, los responsables de los portales Seprin y Urgente 24, Héctor Alderete y Edgard Mainhard, entre otros. Yofre como jefe de una asociación ilícita y por el delito de espionaje, con pena de cumplimiento efectivo, los demás como encubridores.
La asociación ilícita habría operado cuanto menos desde agosto de 2006 y hasta junio de 2008, “dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de orden político, social, militar y económico, que debían permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa y de las relaciones exteriores de la Nación”.
Las casillas de correo que utilizaban sugieren que no son hombres sin sentimientos ni ideas que sólo bailan por la plata: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]. La noche de los cristales rotos fue el primer pogrom nazi, Adolf Galland fue uno de los más conocidos pilotos de bombardeo nazis, Otto Skorzeny era el comando SS a quien Hitler encomendó en 1943 el rescate de Benito Mussolini; 1922 fue el año de la marcha del fascismo sobre Roma y Littorio el nombre de la división de infantería motorizada que Mussolini envió a combatir durante la guerra civil española. Esta es para ellos una semana agridulce: al mismo tiempo que avanza la causa que con amenazas y filtraciones consiguieron demorar durante cinco años, es defenestrado el espía a quien responsabilizan por su desdicha, Antonio Horacio Stiuso, quien dejó la secretaría junto con sus jefes formales, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher. La situación de cada uno es distinta: Icazuriaga, que no cayó por deslealtad sino por imposibilidad de controlar ese nido de víboras, reemplazaría a Juan Manuel Abal Medina en la embajada ante el Mercosur y la Aladi; Stiuso podría adelantar su jubilación o partir a un destino exterior, en Egipto; Larcher será puesto a dieta de sardinas, en el desierto. Desde allí le parecerá apetecible una mudanza a Nordelta, pero habrá que ver si es bien recibido. Hace un par de meses, Larcher viajó a España con su esposa que debía realizar un tratamiento médico. Durante su ausencia, Icazuriaga llevó varios informes a la residencia de Olivos. La advertencia por esta alteración de los conductos establecidos llegó con una tapa de la revista Noticias. La ilustraba una fotografía de Icazuriaga en la playa, con el título “La SIDE al desnudo”. La presidente entendió el mensaje. Más vale tarde que nunca.
Pueden señalarse al menos tres campos en los cuales el déficit de la SI fue inocultable: sus relaciones asimétricas con los servicios análogos de Estados Unidos e Israel; los manejos con distintas instancias del Poder Judicial, y los conflictos entre su personal y sectores de la policía de la provincia de Buenos Aires. Los presuntos roces con la Inteligencia del Ejército constituyen un artículo de fe. La oposición política recita esa construcción mediática como el catecismo, sin sustento en un solo dato comprobable. De cada una de esas falencias se informó durante años en esta columna. El efecto de esta reformulación de la SI que menos interés ha despertado en la prensa argentina es cómo incidirá en las relaciones con Estados Unidos. Nadie lo teme más que el fiscal de la causa por el atentado a la DAIA, Alberto Nisman, quien en las últimas 48 horas llamó treinta veces al flamante subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, con quien al cierre de esta columna no había conseguido comunicarse.
La Secretaría de Inteligencia cumplió un papel decisivo para incriminar al gobierno de Irán por los atentados contra la embajada de Israel y la DAIA. El entonces presidente Carlos Menem deseaba desviar la investigación de la pista siria, por razones personales y familiares; los gobiernos de Israel y Estados Unidos coincidían con él por definiciones estratégicas: habían abierto negociaciones de paz con Damasco y no estaban interesados en que los episodios porteños, que atribuían a incongruencias de su presidente, interfirieran con esos lineamientos. En cambio, habían sindicado a Irán como el enemigo absoluto e irreductible. La prueba judicial de su participación en esos atentados no era una prioridad para ellos. Las resoluciones que en el último año de gobierno de Néstor Kirchner pidieron la captura internacional de medio gabinete iraní se basaron en informes de Inteligencia de esos aliados internacionales, que con alta probabilidad no se sostendrían ante un tribunal de justicia, cuyos estándares probatorios son más exigentes. Esta es la misma razón por la que Estados Unidos retuvo durante más de diez años en la base de Guantánamo a centenares de acusados por actos terroristas sin someterlos a juicio. Con una actitud de sinceridad o cinismo que por aquí no abunda, allí dijeron que no los presentarían ante un tribunal porque serían absueltos.
Kirchner formuló en 2006 la denuncia contra Irán ante la asamblea general de las Naciones Unidas, si bien tuvo cuidado de reclamar el funcionamiento de mecanismos multilaterales y no una decisión unilateral de la superpotencia. Desde la Comisión Parlamentaria que supervisaba la causa judicial, su esposa conocía la seriedad de los indicios que señalaban hacia Siria. Cuando desde la presidencia CFK intentó desandar el camino trazado por los servicios estadounidenses y negociar con Irán una vía alternativa para el esclarecimiento de los atentados, los responsables de la Secretaría de Inteligencia cerraron filas con sus corresponsales de Estados Unidos e Israel, en contra de su propio gobierno, reivindicando un grado de autonomía inconcebible, que no podía sostenerse en el tiempo. Para ello azuzaron a la colectividad judía en contra del memorando firmado por los cancilleres de la Argentina e Irán y se sirvieron de sus contactos en la justicia federal para que lo declararan inconstitucional. El magistrado de primera instancia que tenía la causa, dejó saber que su decisión estaba vinculada con la suerte de su hijo, que se postulaba para ocupar un juzgado. Un sector del gobierno lo consideró una extorsión y propuso denunciarlo. Otro entendió que valía la pena tomarlo en cuenta porque el hijo del juez tampoco era el peor candidato en el concurso en que participaba. El fallo fue favorable a los deseos oficiales, pero una sala de la Cámara de Apelaciones, sin hijos en oferta y más sensible a los deseos de la Secretaría de Inteligencia, lo revirtió.
La manipulación de la justicia federal desde la Secretaría de Inteligencia tiene tantos años como la democracia argentina, pero transitó por distintas etapas. Algunas discretas y vergonzantes, durante el primer gobierno posdictatorial, otras estridentes y desbocadas. Bajo la presidencia de Alfonsín la esposa de un camarista recibió un paquete de fotografías que documentaban varios encuentros con una antigua novia. En este terreno la ideología y la identidad política no cuentan, es cuestión de pragmatismo y de recursos económicos. Uno de los alfiles del ajedrez menemista sobre el Poder Judicial fue el ex subsecretario de Justicia radical Ricardo Recondo, un gremialista que varias veces ha presidido la asociación mutual de los funcionarios judiciales. Los gobiernos kirchneristas confiaron esas funciones a protegidos de Enrique Nosiglia, como Darío Richarte, o a colaboradores de los miembros de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Barra y Adolfo Vázquez, como Javier Fernández. Los métodos que se emplean en estas tareas no se enseñan en la UBA, cuyo vicerrector desde este año es Richarte. Los funcionarios acusados de algún delito deben elegir como defensores a los que giran en la órbita de la SI. En la jerga tribunalicia se les llama defensores de confianza, pero en estos casos no siempre la merecen.
Algunos episodios de ese submundo sombrío salieron a luz cuando el juez federal Norberto Oyarbide fue filmado en un prostíbulo para homosexuales, en 1998. Era parte de la pugna subterránea entre la Secretaría de Inteligencia y la Policía Federal por el control político de algunos poderosos consumidores vergonzantes de servicios sexuales. La competencia salvaje por tan escabroso mercado estalló con las causas cruzadas que involucraron a Oyharbide y al proxeneta Luciano Garbellano, vértices de un turbio triángulo que completaba el Jefe de la División Seguridad Personal de la Policía Federal, Roberto Rosa, y que llegó a involucrar a la ex jefa de gabinete del ministro Carlos Corach, Bettina Guardia, antes de su casamiento con el empresario Alejandro Bulgheroni. La mujer declaró que esas versiones eran obra de la SIDE, “que me odia”. El caso terminó con el relevo masivo de comisarios de la Policía Federal y la cesión del terreno a la entonces SIDE. Cuatro años después, en abril de 2002, se publicó aquí la reunión en un domicilio privado del jefe de Inteligencia durante el interinato del senador Eduardo Duhalde al frente del Poder Ejecutivo, Carlos Soria, con los ministros de la Corte Suprema Julio Nazareno y Eduardo Moliné con camaristas y jueces federales de la Capital. Allí Soria los amenazó con el juicio político si no encarcelaban al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y a tres banqueros, cosa que tuvo luego principio de ejecución. Además ordenó espiar a la entonces senadora Cristina Fernández y a su esposo gobernador de Santa Cruz, y denunció un fantástico complot para poner el país patas para arriba, con lo que se preparó el clima para el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El encuentro con los jueces casi termina a las trompadas.
El gobierno de Néstor Kirchner introdujo a partir de 2003 nuevas normas para la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia y de jueces federales y el Senado reformó su reglamento, de modo que hubiera un escrutinio público de la calidad profesional y personal de los propuestos. Pero no cesó la lógica perversa que vincula a la Secretaría de Inteligencia con determinados estudios jurídicos y con operadores informales que a su vez actúan sobre el fuero federal. Un camarista federal presentó en forma silenciosa su renuncia, sin que nunca se conociera el motivo, luego de varias salidas de juerga con amigas vistosas que le presentó uno de los más conocidos operadores de la Secretaría de Inteligencia. La vacante fue cubierta por un magistrado que nunca desoye los deseos de sus mandantes, quienes se las ingeniaron para que ocupara un asiento en dos salas distintas del mismo tribunal, como titular en una y subrogante en otra. Otro camarista explicó su alejamiento en el deseo de dedicarse al ejercicio lucrativo de la profesión, luego de una reunión a la que fue citado en la sede de la Secretaría, de donde salió con los ojos enrojecidos.
El principal corsario judicial de la última década fue el director de la Auditoría General Javier Fernández, quien pasó de actuar como agente del ex secretario de Obras Públicas menemista Rodolfo Barra a navegar con bandera kirchnerista. Esa jactancia le permitió impulsar numerosas designaciones y vetar otras en los decisivos fueros federales, tanto penal como contencioso administrativo y civil y comercial. Uno de los jueces que padecieron esta organización de servicios y negocios advirtió que no estaría disponible cuando el gobierno la precisara porque su exclusivo propósito era el beneficio de sus propios miembros, en causas en las que se disputan decenas de millones de pesos. Así fue. Uno de los protegidos de este grupo de tareas es el ahora juez federal Luis Osvaldo Rodríguez, un coleccionista de parafernalia nazi.
Otros jueces integrantes de esa organización evitaron pronunciarse a favor del Fondo del Bicentenario, creado para pagar deudas con reservas del BCRA y votaron a favor del Grupo Clarín en causas por la fusión de sus cables y por la ley audiovisual y anularon las multas impuestas a consultoras que realizaban mediciones dudosas de inflación. Con la impunidad que en un tiempo tenían los bufones del rey, el senador bonaerense Mario Ishii dijo hace unos meses que la SI controlaba al 98 por ciento de los jueces y señaló como responsables a su entonces director de operaciones, Antonio Horacio Stiuso, y a Javier Fernández. Más allá de la desmesura, la presencia de la comunidad de informaciones en los asuntos judiciales no es ningún secreto. También es evidente que ese aparato construido con la promesa de servir a las autoridades sólo defiende sus propios intereses y suele desertar cuando se lo necesita, algo que debería haber sido obvio a la luz de la experiencia: Carlos Menem fue detenido por su juez Jorge Urso y a solicitud de su fiscal Carlos Stornelli. En esa materia, tanto o más que en otras, el mejor negocio es la honestidad. Las huellas de ese sistema que coloca jueces, abogados, periodistas, peritos y testigos también se detectan en la causa contra el vicepresidente Amado Boudou. Nadie recuerda, porque ningún medio se lo dice, que el expediente se inició por la denuncia del “ciudadano común” Jorge Orlando Pacífico, según la candorosa presentación que de él hizo Clarín. Pacífico no tiene nada de común. En realidad es un sargento del Ejército, especialista en explosivos, un comando participante en los levantamientos carapintada, dirigente del MODIN y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. Pacífico declaró haberse enterado de delitos de acción pública por una conversación en un café entre hombres a quienes escuchó decir que The Old Fund “resulta ser una pantalla de la familia Ciccone” y de una persona “políticamente expuesta, alto funcionario del Gobierno Nacional, para recuperar la empresa antes fallida”. Este cuento infantil dice que no pudo ver a esos hombres, porque estaba de espaldas. El 18 de julio de 1994 Pacífico apareció ensangrentado entre los escombros de la demolida sede de la DAIA y la AMIA. En 1995 fue detenido bajo la acusación de traficar armas robadas al Ejército. En 2011, el Tribunal Oral Federal 4 lo absolvió de la acusación de haber provisto los explosivos para el atentado, aunque eso no explica su presencia en el lugar a la hora de la explosión, con tanto sentido de la oportunidad como en el caso Ciccone. Para completar el cuadro, en la misma semana de la indagatoria a Boudou en una causa, el juez Ariel Lijo sobreseyó en otra a los tres secretarios del juez Juan José Galeano y al ex ministro del Interior Carlos Corach, decisión revocada por la Cámara de Apelaciones, integrada con jueces del fuero ordinario porque los titulares se habían excusado. La piedra del escándalo llegó cuando además de no sostener las políticas oficiales, miembros de esta banda avanzaron contra las más altas jerarquías del gobierno, con deliberada bambolla. Con esta enumeración y sin discutir la razonabilidad de cada decisión se intenta ejemplificar la escasa confiabilidad para el gobierno del sistema montado por este grupo de operadores. El nombramiento como subsecretario de Inteligencia de Mena, quien conoce como nadie cada vericueto de los expedientes por los atentados de 1992 y 1994, es un intento por controlar ese brazo rebelde de la administración, variante autóctona del Doctor Strangelove, que intentaba ahorcar a su propio cuerpo. Al menos ahora no habrá más plata dulce para que los jueces la empleen en contra del gobierno y la información confidencial podrá circular en sentido inverso. Pero la designación de un judicial en la SI también equivale a una confesión de las prácticas espurias y los caminos equivocados que se siguieron cuando eran posibles otras alternativas. Esos enjuagues fueron tan indecentes como ineficaces, porque cuando los bienes intangibles salen a subasta en el mercado, siempre hay alguien capaz de mejorar la oferta. También por esa razón utilitaria, no hay nada más conveniente que elegir magistrados capaces e íntegros.
El viernes de la semana pasada el columnista del diario Clarín Marcelo Bonelli contó una reunión de jueces federales para tratar la relación corporativa con el gobierno. “La piloteó el equipo de Ariel Lijo y estuvo a punto de concurrir Ricardo Lorenzetti. El cónclave se hizo en el departamento de un familiar de los magistrados y ahí los jueces manifestaron estar cansados” de lo que consideran maltrato político. “Hablaron de estrategia” y decidieron “acelerar todas las investigaciones de corrupción”. De inmediato Bonadio elevó a juicio oral otra causa contra Boudou, “Lijo allanó el Palacio de Hacienda” y Rodolfo Canicoba Corral “va a enviar un exhorto a la Securities and Exchange comisión” pidiendo información sobre Julio de Vido y Mario Das Neves. Los magistrados también acordaron “ser extremadamente profesionales en las causas que involucran a funcionarios de alto nivel político y solo avanzar si hay pruebas concretas para evitar dar pasos en falso. Coinciden en que fue desprolija la citación a Julio Alak”. Luego de esa columna, el llamado al ministro de Justicia por su desempeño en la intervención de Aerolíneas Argentinas fue pospuesto hasta los idus de marzo.
Luego de la irrupción de Oyarbide en paños menores pero fuera del horario de protección al menor, y con el procesamiento del comisario Fino Palacios por encubrimiento en la causa por el atentado a la DAIA, la pugna con la Policía Federal quedó zanjada a favor de la SI. Pero se agudizó entonces el conflicto con la bonaerense, a partir de una decisión que Kirchner tomó a poco de asumir. Preocupado por una sucesión de secuestros extorsivos y por el esclarecimiento de algunos de ellos en los que se comprobó la participación de oficiales y suboficiales, en octubre de 2003 el presidente dijo desde Puerto Madryn que “en la mayoría de los secuestros extorsivos hay involucrados efectivos de la Policía bonaerense”, a la que auguró “una profunda depuración para que vuelva la tranquilidad”. El ahora flamante Secretario de Inteligencia Oscar Parrilli, agregó entonces que “se necesitan acciones muy decididas, muy firmes y muy rápidas para que los habitantes de la provincia de Buenos Aires tengan una Policía en la cual confiar”. La primera que adoptaron fue encomendar a la SIDE la investigación de los casos más resonantes, entre ellos el secuestro del padre del futbolista Leonardo Astrada. La odiosidad que se desarrolló desde entonces entre ambas fuerzas llegó a un clímax insoportable con el asesinato en la madrugada del 9 de julio de 2013 del agente de la SI Pedro Viale, El Lauchón, acribillado por diez policías del Grupo Halcón, que están detenidos por homicidio agravado. El jefe de todos los bonaerenses, comisario general Hugo Gabriel Matzkin no desmiente la raíz del conflicto. Por el contrario dice que él será el jefe de la SI, en caso de que el próximo presidente sea su gobernador Daniel Scioli, el viajero filmado.
Juan Bautista Yofre, ex secretario de Inteligencia.© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
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