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“Después de tanta pelea, de casi 20 años, esta condena es un gran logro”, dijo el abogado Horacio Viqueira a Página/12, en representación de las víctimas de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT). Los ex militares Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Gatto fueron condenados por el Tribunal Oral Federal N0 2 de Córdoba a penas de entre 10 y 13 años por el delito de estrago doloso. El 3 de noviembre de 1995, cuatro hombres y tres mujeres murieron cuando voló en pedazos ese establecimiento estatal, que destrozó varios barrios de esa localidad cordobesa y provocó heridas a unas 300 personas. Por el momento, los condenados siguen en libertad, pero si la Corte Suprema confirma los veredictos condenatorios que tres de ellos tienen en la causa por el contrabando de armas podrían ser encarcelados. Los fiscales federales Guillermo Lega y Carlos Lozada habían considerado que durante los cuatro meses que duró el juicio, quedó demostrado que aquella mañana el incendio en FMRT se inició “de manera intencional, programada y organizada” con el objetivo de “ocultar la falta de proyectiles y municiones que tenía el Ejército a raíz de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador”.
Sin ocultar su emoción por el resultado de este proceso porque les llevó a los querellantes “un tercio de sus vidas”, el abogado Viqueira destacó que ellos habían pedido una pena de 17 años de prisión para De la Vega, Franke y Cornejo Torino, quienes finalmente recibieron 13, en tanto que Marcelo Diego Gatto fue sentenciado a 10 años de cárcel. Los fundamentos de la sentencia que dictaron los jueces Carlos Lascano, José Pérez Villalobos y Mario Garzón serán dados a conocer el 27 de febrero de 2015. La pena menor que recibió Gatto podría estar basada en que es el único que no está condenado en la “causa armas”, por la cual el ex presidente Carlos Menem llegó a estar preso. Este ex mayor, de grado inferior a los demás condenados, estuvo imputado en un proceso por delitos de lesa humanidad en Salta, pero resultó absuelto. Sin embargo, para Viqueira “es el más siniestro de la banda, un individuo que reivindica el Operativo Independencia y se jacta de haber luchado contra la subversión”.
En diálogo con este diario, el abogado y ex diputado del Frepaso expresó su satisfacción con la sentencia porque “fueron años de mucha pelea contra el permanente intento de encubrir por parte del propio Estado para que pareciera un accidente, y costó muchísimo llegar a este resultado, aunque igual nos queda el sabor amargo de que hayan pasado 19 años para obtenerlo”. El letrado explicó que, además, “no es un tema simple, embarraron durante mucho tiempo el expediente, Fabricaciones Militares debería ser juzgada en otra causa por intento de fraude porque adulteró el trotyl que debía ser analizado, le habían metido aluminio, y esa es una anécdota más de todo lo que se vio en este juicio”. Si la Corte ratifica las condenas de Cornejo Torino, De la Vega y Franke en la causa armas, los ex militares sentenciados ayer podrían ir a prisión.
Viqueira representa a las hijas de Ana Gritti, viuda de una de las víctimas que murió en la explosión, el profesor Francisco Hoder. Esta mujer fue la principal impulsora de la investigación penal, pero no llegó a ver sus frutos porque murió hace tres años. “Ellas (por María Eugenia y María Julia Dalmasso Gritti) están conformes, y seguramente Ana también lo estaría, porque encabezaron una batalla muy desigual”, indicó. A modo de ejemplo, citó el hecho de que el juez Luis Martínez siempre mantuvo la hipótesis del accidente, que los primeros peritajes fueron hechos por los mismos peritos de Gendarmería y la Policía Federal que actuaron en los casos AMIA, embajada de Israel e incluso en la que investigó la caída del helicóptero cuando murió Carlos Menem junior. Según sus informes, el incendio había sido provocado primero por un cigarrillo, luego por el “efecto lupa” y finalmente por una chispa del montacarga. “Todas esas hipótesis terminaron siendo descartadas, pero así pasaban los años de investigación y todo se dilataba en el tiempo”, graficó Viqueira.
Según la fiscalía, una de las claves del veredicto fueron los registros contables. “Si bien todas las pruebas conectadas entre sí dan fuerza a nuestra posición, a mi criterio es fundamental el peritaje contable: el registro no adecuado demuestra que se ocultó en favor del tráfico ilegal de armas”, explicó el fiscal Lega, al hacer referencia a uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la administración menemista.
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