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El Tribunal Oral Federal N0 2, que tendrá a su cargo el juicio por las maniobras que hubo en el caso AMIA, le pidió ayer a la Cámara de Casación que le fije una sala en la que realizar las audiencias en la segunda mitad del año 2016. Es muy probable que la Casación ordene que el juicio se haga en la misma sala en que se hizo el anterior juicio por el atentado contra la AMIA, en Comodoro Py, pero el dato alentador –después de 22 años– es que hay una fecha en vista. En paralelo, el fiscal especial Alberto Nisman pidió que se adelante el juicio todo lo posible. En el banquillo de los acusados estarán sentados, entre otros, el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el entonces titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, así como el comisario retirado Jorge “El Fino” Palacios.
El TOC2 estará encabezado por Jorge Gorini e integrado también por Néstor Costabel y Karina Perilli. La integración no fue fácil porque numerosos jueces se excusaron por distintas razones. Pero, además, por el increíble retraso en la instrucción y las apelaciones. Por ejemplo, la sala especial de la Cámara Federal revocó la semana pasada el sobreseimiento del ex ministro Carlos Corach y quienes fueran secretarios de Galeano: Javier De Gamas, Susana Spina y Carlos Velázquez. Con esa medida, la Cámara le ordenó al juez Ariel Lijo que apurara los tiempos, que llame a indagatoria a los secretarios y que mientras tanto realice medidas de prueba sobre Corach. Hay alguna posibilidad de que todos ellos terminen también sentados en el banquillo de los acusados. Ayer, el fiscal Nisman se sumó a la Cámara aunque en otro sentido: pidió que se adelante el juicio todo lo que se pueda.
La causa que se denomina “Encubrimiento” se origina en el desvío de la investigación del atentado. La acusación de fondo indica que hubo una orientación intencional para enfocar la investigación contra policías bonaerenses, en el marco de la guerra que por entonces llevaban adelante Carlos Menem y Eduardo Duhalde. La maniobra se hizo a partir de una declaración del principal imputado, Carlos Telleldín, diciéndole al juez que le entregó la camioneta con la que se hizo el atentado a un grupo de uniformados de la Bonaerense, encabezados por Juan José Ribelli. Telleldín siempre jugueteó con esa hipótesis, incluso en entrevistas con este diario, pero luego se vio una negociación en dos videos, en que aparecían el juez y El Enano, como le decían a Telleldín, no sólo por el pago de 400.000 pesos/dólares, sino que incluso le señalaron las fotos de policías que él debía marcar para orientar la investigación contra esos uniformados.
Hay una segunda vertiente en la causa: las maniobras realizadas en la investigación de Alberto Kanoore Edul. El ciudadano argentino de origen sirio-libanés aparecía como sospechoso, entre otras cosas, porque registraba una llamada inexplicada a Telleldín ocho días antes del atentado. El juez ordenó allanar sus domicilios, pero la medida tardó nueve horas en concretarse, el propio Kanoore se enteró antes de que se hiciera y el padre, viejo conocido de Menem, fue a la Casa Rosada a iniciar una gestión con el hermano del entonces presidente.
Que el juicio se haga en 2016, 22 años después del atentado, indica las dificultades que hubo para avanzar en el expediente. Trabajaron mucho los familiares y amigos de las víctimas agrupados en Memoria Activa, las demás agrupaciones de familiares e intervino también el Ministerio de Justicia a través de Juan Martín Mena, quien ahora es subsecretario de Inteligencia. La causa cobró vida luego de que el tribunal oral que hizo el juicio por el ataque a la AMIA considerara que la investigación “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”.
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