Presentaron un proyecto para revocar la concesión otorgada al grupo Socma. Denuncian despidos de trabajadores y baja de sueldos.
El Correo Argentino fue entregado a Macri el primero de septiembre de 1997. Tenía 20.000 empleados.
Por Felipe Yapur y Eduardo Tagliaferro
Un nuevo frente se abre para los concesionarios del Correo Argentino. Diputados peronistas, a través de un proyecto legislativo, reclamaron al Gobierno que revoque la concesión otorgada al Grupo Socma. Eventualmente proponen que el Estado recupere el control de la empresa postal. La iniciativa parlamentaria se concreta en momentos en que la firma anunció que suspendería por un año a unos 1600 empleados. La medida revocatoria del contrato fue justificada por el reiterado incumplimiento del canon por parte de los adjudicatarios, y ante el hecho de que los licenciatarios se encuentran en concurso preventivo desde setiembre del año pasado.
La empresa controlada por los Macri, además de despidos, anunció fuertes rebajas salariales. La actitud empresaria fue rechazada ayer por legisladores y por gremialistas del sector. El secretario general de la Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, Ramón Baldassini –el mismo que durante el juicio a la dictadura militar no recordó haber tenido noticias sobre desapariciones de sindicalistas–, adelantó en un comunicado de prensa que no aceptará “ni despidos, ni baja de salarios”. Los gremios también contemplan la realización de un plan de lucha en el que no descartan la toma de sucursales y la paralización del servicio.
La diputada justicialista Stella Córdoba, autora del proyecto, calificó la respuesta empresaria como “lamentable”. Reivindicó la pronta aprobación de su proyecto legislativo para evitar que el caso del Correo Argentino se asemeje “al de Aerolíneas Argentinas”. En el Congreso predominaba la sospecha de estar frente a un posible caso de vaciamiento.
Para justificar sus dudas, recuerdan que el Grupo Socma, actual titular de Correo Argentino, “fue socio en la licitación de los aeropuertos con el grupo The Exxcel Group, actual dueño de los principales `competidores’ Oca y Ocasa” lo que puede involucrar un posible convenio de vaciamiento a favor de esta última empresa. Por cierto remarcan que entre esos 763 millones están incluidos los 260 millones adeudados. Tampoco dejan pasar que el próximo 10 de marzo vence una nueva cuota del canon. En este caso el monto ronda los 51 millones de pesos.
El proyecto legislativo es uno de los primeros de este año. Fue presentado el mismo día que el presidente Eduardo Duhalde realizó ante la Asamblea Legislativa la apertura del nuevo período de sesiones ordinarias. Además de la tucumana Córdoba, el proyecto fue acompañado con su firma por cerca de 9 legisladores, todos justicialistas. A lo largo de varios subtítulos se reseña la historia de la concesión, los incumplimientos empresarios, la situación de los trabajadores y los puntos del contrato que no fueron respetados por los adjudicatarios.
La legisladora recuerda que “cuando Correo Argentino SA se hizo cargo de los servicios prestados por la estatal Encotesa el 1º de setiembre de 1997, en la transferencia contaba con 20.400 trabajadores y no tenía pasivos financieros”. El contraste con la actualidad resulta impactante. De acuerdo a los datos presentados por la diputada en su proyecto, “la empresa hoy cuenta con 12.800 trabajadores”.
La iniciativa también recuerda que los empleados “fueron sobreexigidos laboralmente” al punto de que “su productividad ha tenido un crecimiento del orden del 70 por ciento”. Esto no fue un impedimento para que la contabilidad oficial de la empresa la muestre en virtual quiebra. Situación que se agrava con otras malas noticias, entre ellas la versión de que la firma no podría hacer frente al pago de los salarios de febrero.
La radiografía que hacen del correo lleva a los diputados a reclamar que el Estado dé por terminado el contrato de concesión, por incumplimiento de la empresa adjudicataria. Entre estos destacan que no se respetaron las inversiones prometidas. En este punto dicen que la empresa suele computarcomo inversión a cerca de 126 millones pagados por indemnizaciones de despido, en el marco de un programa de retiros voluntarios. Afirman que esa cifra “ocupa más de la mitad de las inversiones comprometidas para los primeros 10 años de concesión. Como contrapartida precisan que los edificios oficiales otorgados en comodato “se encuentran en estado de abandono” por la falta de un mantenimiento mínimo.
Como alternativa señalan que “es viable” un correo oficial operado por el Estado. Para fundamentarlo afirman que, de acuerdo a estimaciones oficiales, “con la modernización de los servicios postales, la facturación anual puede oscilar en unos 1500 millones de pesos al año”. Claro que faltará ver si el Gobierno tiene la misma voluntad política de algunos de sus legisladores de ir contra algunas privatizaciones.
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