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Las hipótesis que rodean la muerte del fiscal Alberto Nisman son múltiples, pero todas atraviesan su trabajo en la investigación del atentado a la AMIA. Una de esas líneas vincula su muerte con la denuncia que presentó días antes contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés Larroque, entre otros, y con el juicio por irregularidades en la investigación de la voladura, que comenzaría a mitad de año. El debate oral sentará en el banquillo de los acusados a una decena de personajes vinculados con el desvío de la pesquisa para hallar a los responsables del ataque que mató a 85 personas e hirió a más de 300: entre ellos, el ex juez Juan José Galeano, a cargo del expediente judicial durante casi una década; el ex presidente Carlos Menem y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja.
En su última denuncia, Nisman alertó sobre un presunto plan del gobierno nacional para dar impunidad a los iraníes señalados como responsables del atentado, a cambio de una reactivación del intercambio comercial entre los países que le diera a Argentina la posibilidad de conseguir petróleo. El conocido como “Juicio por el encubrimiento” del atentado repasará públicamente la investigación de- sarrollada por el juez federal Ariel Lijo sobre diferentes iniciativas ilegítimas destinadas a trabar el esclarecimiento de lo ocurrido el 18 de julio de 1994. Hay una línea de lucubraciones que une un hecho con otro y con la muerte de Nisman.
“Curiosa y sugestivamente, cuando está a punto de iniciarse el juicio oral y público por encubrimiento, largamente demandado por la sociedad en general y los familiares en especial, surge el intento de convertir al gobierno que más ha hecho por el esclarecimiento del atentado en encubridor, por tratar de que se les pueda tomar declaración a los imputados iraníes mediante un tratado internacional aprobado por ley del Congreso”, advirtió la Presidenta en la primera carta que publicó, vía redes sociales, tras la muerte del fiscal.
Aún no tiene fecha certera, aunque fuentes judiciales agendaron en junio el inicio del segundo juicio que debatirá públicamente hechos relacionados con la voladura de la sede de la mutual judía, a 21 años de sucedida. El juez de primera instancia de la causa elevó el segundo tramo de su investigación en abril de 2012, o sea, hace casi tres años. Había solicitado el envío a debate oral y público de la primera parte de su trabajo en 2011. El Tribunal Oral Federal número dos, a cargo del juicio, se había terminado de conformar a fines del año pasado, con la designación del magistrado César Lemos como cuarto juez: ya estaban confirmados Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli. Sin embargo, un día antes del comienzo de la feria Lemos se excusó y su reemplazo será buscado a partir de febrero, indicó el Centro de Información Judicial.
Desde 2012, una docena de jueces se excusó de participar del tribunal. Aseguran en Comodoro Py que la causa genera escozor: un miembro de la familia judicial está sentado en el banquillo, acompañado de dos ex fiscales. Es como si la familia estuviera desheredando a uno de sus miembros. A modo de equilibrar la balanza, algunas fuentes judiciales señalan incomodidad en la vereda de enfrente: tener a Beraja bajo la lupa no caería simpático entre la dirigencia de la sociedad civil judía, advierten.
El “encubrimiento” del atentado se empezó a investigar con ímpetu tras el juicio oral que intentó determinar la responsabilidad de cuatro ex policías bonaerenses en la explosión que derribó el edificio de Pasteur al 600. Después de tres años de juicio oral, el Tribunal Federal número 3 absolvió a Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Bareiro, imputados por haber sido la “conexión local” entre el presunto terrorista –Irán– y su objetivo, la sede de la mutual judía argentina. El tribunal denunció a Galeano, a dos de los fiscales que indagaron en la instrucción y el debate, Eamon Mullen y José Barbaccia a autoridades de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado, a “testigos especiales” e incluso a autoridades de la sociedad civil judía, por haber construido pruebas falsas a fuerza de coimas y amenazas para inculpar a quienes fueron llevados al banquillo de los acusados y acabaron declarados inocentes.
Las irregularidades en el trabajo de Galeano, no obstante, ya habían sido denunciadas antes, incluso, del inicio de aquel juicio escandaloso. En 2000, el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de la Alianza Ricardo Gil Lavedra había pedido al procurador general de aquel momento, Nicolás Becerra, que investigara los dichos de Claudio Lifschitz que algunos diarios, entre ellos Página/12, habían reproducido. Quien había sido secretario de Galeano había levantado la voz sobre el pedido que Munir Menem, uno de los hermanos del ex presidente, le había realizado a Galeano para que frenara las pericias sobre la “pista siria”. Las denuncias se unificaron y comenzó el trabajo judicial para desentrañar el encubrimiento. El juez Claudio Bonadio tenía la causa desde principio de siglo. En noviembre de 2005 fue apartado por pedido de las querellas: había callado sus vínculos con el ministro del Interior menemista Carlos Corach.
Lijo, que estrenaba cargo de juez federal, tomó la posta. En 2006, procesó a Galeano, Mullen, Barbaccia, las autoridades menemistas de la ex SIDE Hugo Anzorreguy y Patricio Finnen –a cargo de la inteligencia en la causa AMIA–, el vendedor de la camioneta Trafic que supuestamente cargaba con los explosivos terroristas, Carlos Telleldín, y su esposa, Ana María Boragni; el abogado de Telleldín, Víctor Stinfale, y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja. Los acusó de peculado, coacción, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad.
Mayormente, son los testimonios que se fueron escuchando en las audiencias del juicio por la conexión local las pruebas sobre las que Lijo apoyó los procesamientos. Fue entonces que se reveló la estrategia. Las declaraciones indagatorias que tomó durante su instrucción ayudaron: algunos acusados, como Telleldín, reconocieron su participación en la asociación ilícita en los medios. Otros, en el despacho del magistrado, no confirmaron el delito, pero tampoco dieron explicaciones convincentes.
Luego de que la Cámara confirmara los procesamientos, ese tramo de la investigación fue elevado a juicio. Mayo de 2011.
Lijo dio por clausurado el segundo tramo de su trabajo en 2012, con la confirmación en la Cámara de los procesamientos que había dictado en 2009 sobre Menem, su hermano Munir, Anzorreguy, Galeano, los entonces comisarios Carlos Castañeda y Jorge “Fino” Palacios y el ex subsecretario de la SIDE Juan Carlos Anchezar. Los acusó de encubrimiento; a varios, también, de abuso de autoridad y falsedad ideológica. Aquí reflotó la denuncia de Claudio Lifschitz y el abandono de la “pista siria” (ver aparte). En este caso, los fundamentos de los procesamientos fueron las reconstrucciones de aquellos días en la vida de los acusados.
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