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”La reforma apunta fundamentalmente a jerarquizar la actividad de Inteligencia en el marco de la democracia y de los derechos humanos”, asegura el senador por la provincia de Neuquén, Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, respecto del proyecto de modificación de la ley de Inteligencia presentado esta semana por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En diálogo con Página/12, el legislador defendió la letra de la iniciativa y criticó duramente a los opositores que anticiparon su rechazo del texto aun antes de haberlo leído. También defendió la postulación de Roberto Carlés para completar la Corte Suprema de Justicia y se mostró confiado en que, a pesar de la resistencia inicial, su pliego sea aprobado en el recinto.
–¿En qué consisten los principales cambios que establecería la nueva ley de Inteligencia? ¿Es un cambio de raíz o, como denuncia la oposición, sólo una modificación cosmética?
–Primero y fundamental, sobre el sistema vigente, la reforma establece lo más importante, que es un nuevo marco jurídico sobre el que se deben desarrollar las actividades de Inteligencia, siempre subordinadas a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Con este objetivo, se establecen figuras penales autónomas para determinar castigos a quienes se aparten de las líneas previstas por la ley, lo que va a permitir un control mucho más estricto de legalidad de los actos llevados a cabo por los agentes del nuevo organismo de inteligencia.
–¿Se puede lograr eso si se mantiene, como establece el proyecto, el mismo personal que hasta hoy trabaja en la ex SIDE?
–Bueno, es cierto que el texto establece que se trasladarán todos los recursos, incluidos los humanos, al nuevo organismo. Pero recordemos que no sólo tiene que venir la reglamentación de la ley sino también los actos que irá dictando la autoridad que sea designada al frente de la AFI. Aunque en un principio se transfiere la totalidad del personal, habrá decisiones al respecto, reasignación de tareas y nuevos criterios de jerarquización en manos de quien deba conducir el organismo. Eso, sumado a un control más estricto de los ingresos lleva a pensar en una Agencia más profesional y con mayor control político en el futuro.
–Fue muy criticada la decisión de pasar las escuchas judiciales al Ministerio Público...
–Esto se decide en función de la reforma constitucional del ’94, que determina que el Ministerio Público es un órgano extrapoder, lo cual asegura su autonomía respecto de los tres poderes del Estado. Además, ese traspaso es concordante con la reforma de las normas de procedimiento aprobadas el año pasado, estableciendo un proceso acusatorio en lugar del inquisitorio. Forma parte de la campaña electoral hacer centro en la figura de la procuradora general, descalificando cualquier medida que tenga que ver con el órgano que ella encabeza a partir de un ataque a su figura. Dicen que debería hacerse cargo la Corte Suprema. ¿Qué tiene que ver la Corte con esto? No es un rol que le corresponda. La Procuraduría es independiente a los tres poderes. Luego, el Poder Judicial ejercerá su control, ya que son los mismos jueces los que deben autorizar y solicitar escuchas, así como el Poder Ejecutivo lo hace a través de las autoridades de la AFI y el Poder Legislativo mediante la Comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia...
–¿Funciona bien la comisión bicameral como órgano de control?
–Las funciones de la bicameral están claras y su trabajo también, aunque no siempre sea público por las características que tiene. Sus miembros quedan encuadrados bajo los requisitos de confidencialidad y reserva que la ley establece para todos los que trabajan en el ámbito de Inteligencia. Y respecto de su funcionamiento, no hubo ninguna denuncia que llegara a la comisión y que no fuera objeto de tratamiento.
–¿Se estudian modificaciones al proyecto durante su tratamiento o se buscará aprobar tal como lo envió el Ejecutivo?
–Depende de varios factores. Hay que ver si la oposición se presenta a debatir o no. Además hay que coordinar con el gobierno nacional, que es el propulsor del proyecto. Todavía no tuvimos ninguna conversación, mañana nos juntaremos con el jefe de bloque para avanzar en la dinámica de tratamiento.
–¿Es posible “democratizar” un espacio tan poco público y controlado como un sistema de Inteligencia?
–Creo que hay que separar dos aspectos: uno es la necesidad de un sistema de Inteligencia en defensa de los intereses de la Nación ante el conglomerado de amenazas existentes. Otro son los episodios concretos propios de la resistencia de sectores reacios a la democratización. Esto no sólo tiene que ver con Inteligencia, es una respuesta a una tarea que el Gobierno ha emprendido y puede verse en muchos ámbitos: tuvo su punto culminante durante el tratamiento de reforma de la Justicia, que algunos sectores lograron frenar parcialmente. En el caso particular de inteligencia, hay que estar atento al entrecruzamiento de intereses de otros organismos de Inteligencia internacionales, en torno de sus propias agendas geopolíticas. Es necesario contar con la capacidad de tener una Inteligencia autónoma, propia, en salvaguarda de los propios intereses nacionales y no dependiente de centros de poder extranjeros. La reforma apunta fundamentalmente a jerarquizar la actividad de Inteligencia en el marco de la democracia y de los derechos humanos.
–¿Tiene fuerza política el Gobierno, en el tramo final de su mandato, para afrontar esta tarea?
–No hay en nuestro sistema constitucional una categorización de la segunda mitad de un mandato, que ordene al Gobierno abstenerse de gobernar. Como dice la Presidenta, ésta es una deuda de la totalidad de la democracia y de los partidos políticos. La oposición debe tener el criterio patriótico y la idoneidad de saber que es una cuestión de Estado y no un tema de campaña política. La construcción de la democracia requiere calidad tanto de parte del oficialismo como de la oposición. Hay que distinguir cuestiones de Estado de cuestiones electorales, y discutir las primeras en el marco de las segundas, carece de seriedad.
–¿Qué sucederá con las tareas de Inteligencia a cargo de otros organismos, como las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad?
–La creación de una agencia federal implica un criterio distinto, ya no con un sistema de arrastre unitario sino, siguiendo a la Constitución, de criterio federativo. Esto implica mayor nivel de coordinación con las jurisdicciones distritales, dando un salto de calidad en la cooperación con las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen. La ley además marca un principio rector sobre el que luego las provincias deberán interpretar y dictar sus normativas, para tener una gestión eficaz en el nuevo marco.
–¿Qué lectura política hace de los últimos acontecimientos vinculados con la causa AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman?
–Yo creo que hay un episodio trágico que es utilizado por sectores de la oposición, atentos a una necesidad electoral. Si recordamos los augurios de colapso económico y caos social, y de golpe nos encontramos con una Presidenta que mantiene altísimos niveles de consideración en la población, y por otra parte vemos una incapacidad por parte de la oposición de armar una propuesta competitiva, creo que se agarraron de esto para sacar ventaja.
–¿Puede perjudicar esto las chances electorales del Frente para la Victoria?
–De ninguna manera, porque queda claro, objetivamente, la utilización de determinados elementos para perjudicar al Gobierno. Es evidente que las primeras acusaciones que se hicieron para tirar un manto de sospecha sobre la Presidenta quedaron rápidamente descartadas.
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