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“Avergüenza ver cómo algunos miembros del Poder Judicial se vuelven a arrodillar frente a Magnetto”, se quejó ayer el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, luego de conocer la decisión del juez Pablo Cayssials, quien dispuso la suspensión de la resolución que ordenaba la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La medida responde a una causa iniciada por periodistas ligados a Clarín que habían solicitado un amparo por temor a que el cumplimiento de la ley afecte “sus derechos constitucionales y convencionales a expresarse sin censura previa”.
En diciembre del año pasado, los periodistas Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruíz Guiñazú y Eduardo van der Kooy presentaron un amparo para evitar que “la adecuación de oficio ordenada por la Afsca afecte de modo grave y directo sus derechos constitucionales y convencionales a expresarse sin censura previa, así como a informar y opinar crítica y libremente y a trabajar”. Ahora Cayssials, el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, hizo lugar a su pedido. Sabbatella calificó de “mentiroso” el argumento avalado por el juez y afirmó que “está demostrado que es absolutamente falso; ya no dicho por quienes trabajamos junto a la Presidenta por la aplicación de la ley, sino por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “El único riesgo contra la libertad de expresión es la concentración empresaria”, insistió.
Si bien el Grupo Clarín presentó –instado por la Justicia– su propio plan de adecuación, la Afsca detectó la existencia de vínculos societarios y comerciales entre los administradores y miembros propuestos para las diferentes unidades resultantes del desmembramiento del grupo, además de diversos condicionamientos a los supuestos compradores. Sabbatella denunció entonces maniobras realizadas para “burlar la ley” y el 8 de octubre los miembros de la Afsca votaron que se dé por terminada la adecuación voluntaria y se inicie una de oficio. Luego de aquella decisión el juez federal Horacio Alfonso dictó una cautelar que suspendió la iniciativa, a la que ahora se le suma la dispuesta por Cayssials. “Queda probado una vez más que una parte de la corporación judicial está aliada y al servicio de grandes empresarios para favorecer la concentración y consagrar privilegios que la ley prohíbe; esa parte del Poder Judicial trabaja para garantizarle a Magnetto que pueda violar la ley de medios”, opinó al respecto Sabbatella.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue sancionada en octubre de 2009 y, luego de cuatro años de acciones dilatorias impulsadas por el Grupo Clarín para evitar su implementación, en 2013 la Corte Suprema de Justicia la declaró “constitucional” alegando que es el resultado de “facultades del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces”. El titular de la Afsca retomó los argumentos expuestos por la Corte en aquella ocasión y consideró que “ir hacia atrás en lo ya analizado y resuelto por la Justicia en su máxima instancia es de una enorme gravedad institucional y persigue el único objetivo de quitarle al Estado herramientas legales con las que cuenta para garantizar la pluralidad, la libertad, la diversidad y el trabajo de miles de periodistas, técnicos y profesionales de la comunicación en todo el país”.
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