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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aceptó la “renuncia indeclinable” de Carlos Alberto García Muñoz, funcionario de esa dependencia oficial, condenado en España por agresión sexual a su ex esposa. En un comunicado, este organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aclaró que García Muñoz “revestía como contratado”. Y agregó que “al momento de su contratación se solicitaron al Registro Nacional de Reincidencia sus antecedentes”, y desde allí informaron que “no registraba ningún antecedente penal”. La secretaría que conduce Martín Fresneda destacó que “desconocía la existencia de una condena penal cumplida en España en su totalidad”.
La agresión que llevó a García Muñoz a la cárcel tuvo lugar el 10 de julio de 1999 en Barcelona, ciudad en la cual se exilió tras su escape durante la dictadura del centro clandestino conocido como Mansión Seré. La víctima fue su ex esposa, a quien ya había agredido con anterioridad. Aquel día el hombre se presentó en la casa de María Jesús Anguren Sanjulian, de quien estaba separado desde hacía varios meses y quien lo había denunciado en reiteradas oportunidades por maltrato físico. Esa noche, García Muñoz le exigió que regresara con él y quiso intimar nuevamente con ella. Cuando la mujer se negó, él sacó una navaja, la agredió, la ató y la violó.
La abogada catalana María José Varela, que patrocinó a la víctima, recordó ayer el caso. Contó que “cuando él comenzó a hablarle de manera amenazante ella se encerró en su habitación, pero no le sirvió de nada porque él rompió la puerta de una patada, la empujó y le dio un puñetazo. Luego la violó hasta dejarla inconsciente y todo esto mientras los hijos pequeños de la pareja estaban en la casa gritando y pidiendo auxilio. La mujer, además, no podía defenderse porque se estaba recuperando de una operación de útero”. Tras la violación, María Jesús quedó embarazada, y tuvo un niño prematuro. En tanto, García Muñoz fue condenado por la sección 5 de la Audiencia de Barcelona a quince años de cárcel. El ahora ex funcionario cumplió en España una condena de diez años de prisión.
En diciembre de 2011, García Muñoz puso fin a su exilio y tras regresar al país, consiguió un cargo en la administración kirchnerista ayudado por su condición de ex detenido-desaparecido y por las amistades que conservó de cuando militaba en la Juventud Peronista, en los años ’70. Primero revistó en el área de Cultura y luego como asesor en la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, con la tarea de analizar los pedidos de indemnización de los exiliados durante la dictadura. Además, integra la agrupación peronista Descamisados.
Ayer, luego de conocidos estos antecedentes, García Muñoz presentó su renuncia indeclinable, que inmediatamente fue aceptada por Martín Fresneda, quien aseguró desconocer la existencia de una condena penal en España. “Al momento de ser contratado se pidió, como en todos los casos, la información correspondiente al Registro Nacional de Reincidencia y en dicho registro no figuraba ningún antecedente y tampoco esta secretaría podía conocer los antecedentes de otro país”, explicó. “García Muñoz, desde el día de la fecha, ya no cumple servicios en la Secretaría de Derechos Humanos. Es importante destacar también que desde que ingresó a trabajar aquí, siempre lo hizo como trabajador, nunca ejerció ningún cargo de jerarquía”, añadió Fresneda a través de un comunicado.
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